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Derecho local general

¿Siguen siendo útiles las sociedades municipales? (Francisco Velasco)

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¿Siguen siendo útiles las sociedades municipales?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

 

En el marco del proceso de “reinternalización” de actividades municipales, y como camino de vuelta de la generalizada “externalización” de la última década, cada vez más ayuntamientos se plantean la creación de empresas municipales para gestionar directamente [conforme al art. 85.1 A) LBRL] sus servicios municipales. Sin duda que una primera cuestión sería la oportunidad y conveniencia de la propia gestión directa, a lo cual se ha referido recientemente Silvia Díez Sastre en el seminario “Reinternalización de actividades y servicios municipales”, organizado con el Ayuntamiento de Madrid el pasado 4 de marzo. Yo ahora paso al segundo nivel de análisis: si, aceptada la bondad de ciertas “reinternalizaciones”, la sociedad municipal es una forma idónea para el fin. Tengo más elementos de análisis que una conclusión neta (que quizá es inalcanzable).

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Remunicipalización o no: esa es la cuestión (Julia Ortega)

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Remunicipalización o no: esa es la cuestión
Julia Ortega Bernardo

Instituto de Derecho Local-UAM

Contexto europeo
Asistimos a la moda de las remunicipalizaciones en Europa. Se puede decir que hay una tendencia en el nivel de los Gobiernos locales a asumir la gestión directa de los servicios públicos mediante la creación de empresas municipales. Salta a la vista la experiencia de numerosas ciudades, y no solamente europeas (por ejemplo, servicios de abastecimiento y depuración del agua).

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¿Qué hacer con las iniciativas de la oposición en el pleno? (Francisco Velasco)

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¿Qué hacer con las iniciativas de la oposición en el pleno?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

Tras las últimas elecciones municipales, en buena parte de los municipios de España el grupo municipal del alcalde (y la junta de gobierno) no cuenta con mayoría en el pleno. Esta situación fácilmente puede estimular las “mociones” o “proposiciones” de los concejales de los grupos de oposición en el pleno, en un intento de dirigir, desde la oposición, el ejercicio de las competencias propias del alcalde y la junta de gobierno. En lo que sigue, se pretende indagar sobre cuál debe ser la tramitación que el alcalde, en tanto que presidente del pleno, debe dar a las iniciativas de los concejales.

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Los “convenios locales” en la nueva Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (Francisco Velasco)

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Los “convenios locales” en la nueva Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

Francisco Velasco Caballero
Instituto de Derecho Local

La nueva regulación de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), incluye en su ámbito de aplicación a los convenios en los que una parte es una Administración local (o un organismo o entidad dependiente de una Administración local). Hasta ahora, el art. 6 LRJ-PAC limitaba su regulación a los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas. Y el art. 9 LRJ-PAC expresamente preveía que las relaciones de cooperación con las Administraciones locales se rigen por la legislación de régimen local. Esto incluye a los convenios, como típico instrumento de cooperación administrativa. Estos convenios eran objeto de una parca regulación en el art. 57 LBRL y en el art. 70 TRRL (colaboración a obras y servicios del Estado).Leer más …

Los órganos colegiados locales en la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Francisco Velasco)

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Los órganos colegiados locales en la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-UAM

Como es sabido, en su texto original la LRJ-PAC incluía una extensa regulación de los órganos colegiados. Pero una buena parte de esa regulación fue considerada no básica por el Tribunal Constitucional (STC 50/1999), por exceder de la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE sobre “bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas”. Conforme a este juicio de constitucionalidad, ahora la nueva LRJSP contiene dos grupos normativos para los órganos colegiados. Uno básico y restringido, aplicable a todas las Administraciones públicas (Subsección 1ª, de la Sección 3 ª, del Capítulo I, del Título Preliminar de la ley, arts.: 15 a 18 LRJSP); y otro más extenso y detallado, aplicable sólo a la Administración General del Estado y sus entidades dependientes (Subsección 2ª, de la Sección 3 ª, del Capítulo I, del Título Preliminar de la ley, arts.: 19 a 22 LRJSP). La regulación básica estatal admite, en todo caso, modulaciones o singularidades para la Administración local.

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¿Cuándo deben abstenerse los concejales?

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¿Cuándo deben abstenerse los concejales?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

En las últimas semanas, los medios de comunicación ofrecen información y opinión sobre el deber de abstención de los concejales, cuando ante sí tienen asuntos en los que hay interés propio o se refieren a familiares. Entre estos casos es de especial notoriedad el de la exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

Con independencia de la solución que pueda corresponder a cada concreto caso, lo cierto es que el deber de abstención de los concejales está hoy en el centro del debate político. Con carácter general, los medios de comunicación están ofreciendo una concepción estricta del deber de abstención, tachando consecuentemente de ilegal toda actuación de un concejal en la que hubiera una conexión de interés o de parentesco con el asunto sometido a su consideración. Sin embargo, en mi opinión el deber de abstención de los concejales no es tan extenso como sugieren la mayoría de los medios de comunicación.

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“Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, por Julia Ortega Bernardo

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Novedad bibliográfica: “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, Julia Ortega Bernardo, Marcial Pons, Madrid, 2014, 359 páginas, con prólogo de José María Rodríguez de Santiago

Los Gobiernos locales aprueban Ordenanzas en las que se decide que determinados derechos fundamentales sean limitados u optimizados en atención a bienes colectivos cuya protección se sitúa en su ámbito competencial. Del análisis crítico del espacio regulativo que ocupa en la praxis el poder de Ordenanza en materia iusfundamental cabría inducir unas pautas generales. A partir de ese análisis esta obra tiene como objetivo formular un canon, no sólo descriptivo sino también prescriptivo, sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión «ponderativa» (incluso «optimizadora »), de «ajuste singular», y reguladora de aspectos «esenciales» en materia de derechos fundamentales.Leer más …

Estrategias políticas de identificación de las competencias municipales propias

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 Por Francisco Velasco Caballero

Como es sabido, la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece un régimen de prelación de actividades para los municipios. De tal manera que los municipios deben ejercer, antes de nada, actividades que resultan de competencias propias. Las demás actividades, que para la LRSAL son “impropias” o “distintas de las propias” se pueden ejercer en dos regímenes distintos: o bien por delegación (art. 27 LBRL) o bien previa autorización supramunicipal, por medio de dos informes vinculantes, uno de sostenibilidad financiera y otro de “no duplicidad” de actividades.

A partir de aquí, la clave del nuevo sistema está en determinar qué competencias municipales son propias y cuales “distintas de las propias”. En este punto sorprende la senda marcada por la FEMP y expresada también por algunos grandes ayuntamientos, como el de Zaragoza (véase el informe general de este ayuntamiento en www.idluam.es). Según esta línea interpretativa, sólo son propias las competencias municipales referidas a las materias enunciadas en el art. 25.2 LBRL. Las demás competencias son “distintas de las propias”. Así, el informe del Ayuntamiento de Zaragoza incluye en la lista de actividades impropias una importante parte de la actual realidad municipal (vivienda, consumo, escuelas taller…). Esta línea interpretativa tiene un claro sentido financiero: se pretende que para todas aquellas actividades “impropias” la correspondiente Comunidad Autónoma suscriba un convenio de delegación con los ayuntamientos, convenio en el que, conforme al art. 27 LBRL, necesariamente ha de contenerse la financiación plena de la actividad. De esta manera, los ayuntamientos mantendrían las actividades “impropias” actuales, sólo que ahora en régimen de delegación y con nueva financiación autonómica. Varios son los comentarios que merece esta estrategia municipal:

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