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Empleo público

La extinción de los interinos. La doctrina De Diego-Porras ¿el final es el regreso al inicio?

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La temporalidad es uno de los más graves problemas que sufre nuestro mercado laboral. Los trabajadores que prestan sus servicios en la Administración no son ajenos a esta cuestión. Más del 25% de los trabajadores públicos tienen un contrato temporal, según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa para el último cuatrimestre del año 2018. Una situación que no ha hecho más que aumentar desde el año 2013 y donde las mujeres son las más perjudicadas. En concreto, más del 10% de los trabajadores del sector público tienen un contrato de trabajo temporal que cubre la usencia de otro trabajador que tiene derecho a la reserva de la plaza, contrato de interinidad por sustitución.

Estos datos son preocupantes desde el punto de vista de la protección y estabilidad de estos trabajadores, que durante muchos años ven como su vida laboral transcurre entre una sucesión de contratos temporales que lo único que generan es incertidumbre y precariedad. Ello en los supuestos en los que la contratación temporal se realiza conforme a derecho. Es decir, cuando existe una verdadera causa temporal que respalda la utilización de este tipo de contratación. Pero es muy frecuente que la Administración utilice la contratación temporal de forma fraudulenta, concatenando contratos temporales que exceden el plazo legalmente establecido y para cubrir necesidades permanentes.

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Es posible colaborar en la gestión del empleo público en el ámbito local

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Los departamentos de recursos humanos de las administraciones locales gestionamos el empleo público, es decir la selección de aquellas personas que se incorporan a la administración con el objeto de prestar a la ciudadanía los servicios, que la Ley de Bases de Régimen Local establece como esenciales y aquellos otros que cada municipio considera necesarios y estratégicos en base a su política municipal.

Los servicios públicos han de ser prestados con criterios de eficacia y eficiencia, a lo que habría que añadir la necesidad de hacerlo con ilusión y  vocación; sin embargo el servicio público no es un valor en alza entre la población en general y entre los jóvenes en particular. Esto pone en cuestión el sistema de valores del servicio público, tema que debe preocuparnos seriamente tanto a los que gestionamos los recursos humanos de las administraciones públicas, como a las instituciones académicas en todos sus niveles, pues son la cantera en la que se forman y capacitan los jóvenes, futuros candidatos y candidatas de los procesos selectivos.

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