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Urbanismo

Convenios urbanísticos y fútbol. Requisitos para considerarlos ayudas de estado. Sobre la STGUE de 22 de mayo de 2019.

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I. Encuadre previo. La posible configuración de los actos de gestión de bienes públicos como ayudas públicas de estado.

La determinación de un precio preferencial en la disposición de los bienes patrimoniales o de la utilización del dominio público a favor de un determinado sujeto que realice actividades o servicios de carácter económico puede constituir una ayuda de Estado y, por tanto, resultar incompatible con el principio de competencia en el mercado fijado por el art. 107 TFUE, cuando ocasione distorsiones injustificadas en el funcionamiento eficiente de cualquier sector del mercado interior. El concepto de ayuda ilegal comprende no solo las prestaciones positivas, (v.gr.: subvenciones), sino también intervenciones que, bajo diversas formas, aligeran las cargas que normalmente pesan sobre los presupuestos de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tienen la misma naturaleza e idénticos efectos, como puede ser ese precio preferencial (p.e., una valoración injustificada en la compensación de valores en una permuta).

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40 años de urbanismo en democracia

By | Especial Blog 40 años de Elecciones Municipales | No Comments

Una de las principales políticas donde se plasma el alcance (jurídico y material) del gobierno local es el urbanismo. Basta con recordar que el urbanismo ha sido la principal fuente de financiación de los entes locales. Pero también ha sido una de las principales fuentes de corrupción en la política nacional (junto con la adjudicación de contratos públicos). Estos 40 años de democracia constitucional, de forma sintética, han alumbrado un cambio de paradigma en el modelo urbanístico, en el que se reconoce una mayor autonomía local para plasmar sus decisiones e identificar los intereses locales. El reconocimiento del urbanismo y la vivienda como competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas por el art. 148.3 CE, la competencia estatal para incidir en esa materia al fijar la condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en la definición del derecho de propiedad urbanístico ex art. 149.1.1ª CE, siguen dejando un amplio margen de decisión a las entidades locales. Pero este nuevo modelo también presenta  grandes claroscuros.

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Estándares urbanísticos y autonomía local

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El planeamiento urbanístico es hoy, cada vez más, un instrumento óptimo para muchas políticas públicas estatales o autonómicas. Pensemos en la política de vivienda, tanto estatal como autonómica; en la lucha contra el cambio climático; en las políticas económicas; o incluso en las políticas sociales de las comunidades autónomas. La manera más sencilla de trasladar esas políticas públicas al planeamiento urbanístico es mediante la fijación por ley de estándares urbanísticos sobre usos del suelo.

Así, hoy las leyes de suelo fijan numerosos estándares sobre uso del suelopara cada sector de suelo urbanizable o cada unidad de ejecución (en suelo urbano no consolidado). Pensemos en las reservas legales de suelo para redes locales de equipamientos, infraestructuras o servicios. Es fuerte la tentación, para el Estado o cada Comunidad Autónoma, de desarrollar una política pública sectorial imponiendo a los planes urbanísticos ciertas reservas de suelo para ciertos fines específicos. Pero esta posibilidad, que ya digo que es tentadora, puede ser disconforme con la garantía constitucional de autonomía local.

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