Jurisprudencia

TC – Notificaciones

By 6 noviembre, 2019 No Comments

STC 112/2019. Se vulnera el art. 24.1 CE cuando se inadmite un recurso contencioso-administrativo por no agotarse la vía administrativa si la resolución recurrida no fue notificada correctamente.

STC 112/2019, de 3 de octubre. En esta relevante sentencia, el Tribunal Constitucional modifica su doctrina sobre el debido agotamiento de la vía judicial para la admisibilidad del recurso de amparo y, en cuanto al fondo, establece que vulnera el art. 24.1 CE la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo por no haberse agotado la vía administrativa contra una resolución que no fue notificada correctamente.

La recurrente en amparo es titular de una farmacia en Lorca y, en lo que ahora interesa, solicitó que se incoara el cierre definitivo de otra farmacia que había sido trasladada provisionalmente con motivo del terremoto ocurrido hace unos años, dado que no era ya posible el retorno al emplazamiento original.

La Administración murciana resolvió autorizando el retorno al lugar original. Esta resolución fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la ahora recurrente en amparo, quien alegó, entre otras cosas, que la resolución no le había sido notificada en forma. No se trató de una verdadera notificación con todos sus elementos, sino solamente de una comunicación dirigida por la Administración que no contenía ni el texto íntegro del acto ni el pie de recurso.

Al impugnar esta resolución ante el TSJ (alegando también que no se había notificado correctamente), éste inadmitió el recurso contencioso-administrativo por no haberse agotado la vía administrativa. Y ello porque cabía recurso de alzada ante el consejero competente. Contra la sentencia de inadmisión del TSJ se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por falta de interés casacional objetivo.

El primer aspecto relevante de esta sentencia es que el TC altera su doctrina anterior en relación con el incidente de nulidad de actuaciones como pieza necesaria para el agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo. En este caso, la vulneración invocada es la del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), imputable no al último órgano judicial sino a uno anterior (en este caso, el TSJ). Por ello, tras la inadmisión de los recursos que fueran manifiestamente improcedentes (en este caso, casación), la jurisprudencia constitucional exigía la interposición del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) ante el órgano que causó la vulneración.

La novedad en esta doctrina es que el TC entiende que el incidente de nulidad no es requisito necesario para el acceso al amparo en los supuestos en los que la vulneración se debe a una inadmisión por razones procesales que no son imputables a la falta de diligencia de la parte. Y ello porque su procedencia no se deriva de forma clara de la letra del art. 241.1 LOPJ. No obstante, también puede ser un medio idóneo para remediar la vulneración del derecho fundamental, por lo que si se interpone no puede entenderse que con ello se prolonga indebidamente la vía judicial previa al amparo.

En cuanto al fondo de la cuestión, relativo a la vulneración del art. 24.1 CE por la sentencia del TSJ, el TC entiende que el TSJ ha realizado una interpretación irrazonable del art. 69.c LJCA (inadmisión por no agotamiento de la vía administrativa). Critica que la inadmisión se acuerde sin antes comprobar si el acto impugnado fue correctamente notificado a la recurrente. Recuerda que tanto la antigua LRJPAC como la actual LPAC imponen a la Administración el deber de notificar sus actos indicando los recursos procedentes, y considera que el TSJ debería haber examinado si la resolución fue correctamente notificada antes de inadmitir, pues lo hace “con independencia de su pretendida falta de notificación en forma a la demandante”. Esta decisión permite que la Administración pueda beneficiarse de sus propias irregularidades en perjuicio de los afectados por la resolución.

Por todo ello, el TC anula la sentencia del TSJ y ordena la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo.

Texto completo en la web del Tribunal Constitucional (ECLI:ES:TC:2019:112).