Jurisprudencia

TJUE – Integración personal subrogado

STJUE de 13 de junio de 2019. Es contraria a la Directiva 2001/23 la normativa nacional que exige un procedimiento público de selección en el caso de transmisión cuando es cesionario un ayuntamiento.

STJUE de 13 de junio de 2019 (asunto C-317/18). El TJUE se pronuncia sobre dos cuestiones prejudiciales en el caso de una empresa pública municipal portuguesa que fue disuelta por el ayuntamiento y donde se internalizó una parte de sus actividades en el propio ayuntamiento y el resto de actividades fueron asumidas por otra empresa municipal.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional portugués pregunta si la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que una persona que ha celebrado con el cedente un contrato para desempeñar un puesto de confianza puede ser considerada «trabajador» y disfrutar así de la protección que concede esta Directiva.

En relación con la primera cuestión prejudicial, el TJUE recuerda que en virtud del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2001/23, se considera «trabajador» cualquier persona que esté protegida como tal en la legislación laboral del Estado miembro de que se trate. Por tanto, la normativa europea debe interpretarse en el sentido de que una persona que ha celebrado con el cedente un contrato para desempeñar un puesto de confianza, puede ser considerada «trabajador» y disfrutar de la protección que concede la Directiva, siempre que esté protegido como trabajador por la normativa nacional.

Sobre la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional plantea si la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige que, en caso de transmisión cuando el cesionario es un ayuntamiento, los trabajadores afectados deben someterse a un procedimiento público de selección.

El TJUE responde a la segunda cuestión prejudicial que “en relación con el artículo 4 TUE, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige que, en caso de transmisión a efectos de dicha Directiva, al ser el cesionario un ayuntamiento, los trabajadores afectados, por un lado, se sometan a un procedimiento público de selección y, por otro, queden obligados por un nuevo vínculo con el cesionario.”

Texto completo en CURIA (ECLI:EU:C:2019:499).