Jurisprudencia

Tribunal Constitucional

By 30 octubre, 2018 No Comments

STC 97/2018: Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil y procesal, ordenación general de la economía, expropiación forzosa y vivienda; principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad, derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad sancionadora y a la propiedad: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda y la expropiación temporal del uso de vivienda incursa en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; interpretación conforme de la disposición relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes inmobiliarios.

En la Sentencia 97/2018, de 19 de septiembre de 2018 (BOE núm. 247, de 12 de octubre de 2018), el Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad respecto de diversos preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco. 

El Tribunal declara nulos los preceptos legales autonómicos que regulan la expropiación temporal del uso de vivienda incursa en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria, tal y como había realizado con la disposición adicional segunda del Decreto-ley andaluz 6/2013, que la STC 93/2015, de 14 de mayo, por contradecir la legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13 CE en la materia (FJ 5).  

Asimismo, el Pleno procedea la declaración de nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda solamente en cuanto se refieren al reconocimiento de aquella en el ámbito jurisdiccional por invadir el ámbito competencial reservado al Estado por el artículo 149.1.6 CE. En cuanto a la acción popular administrativa en materia de vivienda el Tribunal recuerda que el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, condiciona la legitimación a la concurrencia de un interés personal en el recurso, esto es, la afectación de derechos o intereses propios [letra a)]. Entre los supuestos especiales o extraordinarios de legitimación existe la «acción popular» ante los tribunales, pero solo «en los casos expresamente previstos por las Leyes» [letra h)]. De modo que, al atribuir la acción pública administrativa, el precepto controvertido permite que un ciudadano cualquiera, por el solo hecho de serlo, haga valer la Ley vasca 3/2015 y su desarrollo normativo ante las Administraciones públicas, pero no ante los jueces y tribunales. En el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 149.1.6 CE, la Ley 29/1998 ha optado por excluir la acción popular jurisdiccional, salvo que una ley estatal la haya previsto específicamente.  

En palabras del Tribunal, el controvertido artículo 6.1 de la Ley vasca 3/2015 no establece un régimen aplicable a la generalidad de los procedimientos administrativos. Reconoce la acción pública administrativa dentro de un ámbito específico —vivienda— respecto del que las Comunidades Autónomas tienen competencia de acuerdo con sus Estatutos (en el caso del País Vasco: art. 10.31 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco: EAPV). Promueve así la aplicación de la Ley 3/2015 (y de los instrumentos que la desarrollan) por parte de las Administraciones del País Vasco sin suplantar ni contradecir las reglas sobre iniciación del procedimiento, participación ciudadana, recursos y revisión de actos que ha diseñado el Estado al amparo del artículo 149.1.18 CE (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas). A través de esta acción pública administrativa, el legislador vasco permite que cualquier ciudadano pueda denunciar los incumplimientos de la Ley, así como abrir los procedimientos relacionados con la legislación en materia de vivienda a una más amplia participación ciudadana. 

En consecuencia, descarta que el artículo 6.1 de la Ley vasca 3/2015 invada competencias estatales (art. 149.1.18 CE)por atribuir a todos los ciudadanos acción pública «para exigir ante los órganos administrativos»«la observancia de la Ley, así como de las normas, disposiciones, planes y programas que se dicten en su desarrollo y ejecución» (FJ 6). 

De otro lado, el Tribunal interpreta conformementecon la Constitución la disposición relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes inmobiliarios(FJ 7). 

En definitiva, el Tribunal estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia: 

1. Declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 9.4, 74 y 75.3, así como el inciso «y ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente» del artículo 6.1 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco. 

2. Declara que la disposición adicional primera, apartado tercero, párrafo tercero, de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco no es inconstitucional interpretada en los términos del fundamento jurídico 7 c). 

3. Desestima el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás. 

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