Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

By 20 noviembre, 2018 No Comments

STJUE de 25 de octubre de 2018, Asunto C-260/17. Concepto de “contrato de trabajo” en la Directiva sobre contratación pública

En la presente sentencia, el TJUE se pronuncia sobre el concepto de “contrato de trabajo” en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y su utilización para realizar determinadas tareas de interés público. También establece el criterio de si el recurso especial puede emplearse para impugnar la decisión de un poder adjudicador de no licitar el contrato porque ha procedido a utilizar la contratación de trabajadores.

Dos entes públicos griegos decidieron celebrar una serie de contratos de trabajo individuales de duración determinada con el fin de atender a necesidades de restauración y limpieza de los hospitales que gestionan, en virtud de la ley nacional que permite este tipo de contrataciones. Una empresa recurre estas decisiones ante el órgano jurisdiccional competente alegando que la prestación de estos servicios debería haberse sometido a procedimiento de contratación pública en virtud de la Directiva 2014/24.

El órgano jurisdiccional plantea al TJUE si los contratos contemplados en el litigio principal están comprendidos en el concepto de “contrato de trabajo” que figura en el artículo 10, letra g), de la Directiva 2014/24, por lo que están excluidos del ámbito de aplicación. Plantea asimismo si la ley nacional que permite esta medida es contraria al TFUE. Por último, pide que se pronuncie sobre si la decisión de una autoridad pública de no tramitar un procedimiento de contratación pública con arreglo a la Directiva, debido a la celebración de un contrato laboral, puede ser sometida a control judicial con arreglo a la Directiva 89/665.

El TJUE declara, respecto de las cuestiones planteadas, que los contratos que se celebren individualmente por un tiempo determinado con personas seleccionadas sobre la base de criterios objetivos, como la duración de su situación de desempleo, de experiencia anterior o el número de hijos menores a su cargo están comprendidos en el concepto de “contratos de trabajo” de la Directiva 2014/24.

También establece que los principios de igualdad de trato, de transparencia y de proporcionalidad de la Directiva 2014/24 y los artículos 16 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no resultan aplicables a una decisión de una autoridad pública de proceder a la celebración de contratos de trabajo para desempeñar determinadas tareas correspondientes a sus obligaciones de interés público.

Por último, el TJUE determina que la decisión de un poder adjudicador de celebrar contratos de trabajo con personas físicas para la prestación de determinados servicios sin tramitar un procedimiento de contratación pública con arreglo a la Directiva 2014724, puede ser recurrida por un operador económico que esté interesado en participar en una contratación pública sobre el mismo objeto que los citados contratos y que considere que estos se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

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