Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

By 26 octubre, 2018 No Comments

STJUE de 18-10-2018, asunto C606/17 sobre decisión prejudicial en materia de contratación pública 

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 49, 56, 105 y siguientes del Tratado FUE y de los artículos 1 y 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114). 

En concreto, se plantean las siguientes cuestiones prejudiciales:  

  • si el Derecho europeo se opone a una normativa nacional que permite la asignación directa de una financiación destinada a la elaboración de productos para su suministro gratuito, sin que medie un procedimiento de licitación, a distintas administraciones, que están exentas del pago de cualquier contraprestación a la entidad suministradora 
  • si es contraria a la normativa de la Unión en materia de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios una normativa nacional que, de acuerdo con el modelo de «in house providing», sustrae a determinados hospitales privados de las normativa sobre contratación pública, incluso en los casos en que tales sujetos estén encargados de elaborar y suministrar gratuitamente a las entidades sanitarias públicas productos específicos necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria, recibiendo una financiación pública para tal fin 

El TJUE concluye que el concepto de “contrato oneroso” de la Directiva 2004/18 incluye una decisión del poder adjudicador por la que se asigna directamente una financiación destinada para la elaboración de productos destinados al suministro gratuito a distintas administraciones.  

Finalmente, el TJUE contesta a la cuestión prejudicial que la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que sustrae a determinados operadores privados de la normativa de contratación pública al equipararlos a hospitales públicos mediante su inserción en el sistema de programación pública sanitaria regulada por convenios especiales, cuando no ejerce el poder adjudicador un poder análogo al que detenta sobre sus propios servicios, incluso si estos operadores privados están obligados a suministrar a entidades públicas productos necesarios para desarrollar su actividad sanitaria, recibiendo a cambio una financiación pública.  

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