Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 29 octubre, 2018 No Comments

STS 1891/2017: Aplicación del pronunciamiento de la STC 150/2012, que declara inconstitucionales preceptos del Real Decreto-Ley 13/2009, sobre el Real Decreto-Ley 9/2008 que crea el Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

STS 1891/2017, de 30 de noviembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Artesa de Segre contra la sentencia de 17 de octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Resolución de 15 de noviembre de 2013 del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de la Administración General del Estado. 

El recurso planteado pretende formar jurisprudencia sobre si es pertinente o no plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 8 y 10 del Real Decreto-Ley 9/2008 a la vista de la STC 150/2012 que declaró inconstitucionales los artículos 5 y 6 del Real Decreto-Ley 13/2009 por el que se creaba el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Dichos artículos guardan una práctica identidad sobre los preceptos ahora cuestionados del Real Decreto-Ley 9/2008 por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

En este caso el recurso no va a prosperar porque, si bien se cumple el juicio de aplicabilidad, no se cumple el juicio de relevancia necesario para interponer esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; pese a que el Real Decreto Ley 13/2009 se inicia con la cita del RDL 9/2008 y se presenta como una norma de urgencia continuadora para atender la misma finalidad. 

La STC 150/2010 señala que aunque el Estado tiene competencia para el establecimiento de estas subvenciones en el artículo 149.1.13º CE es necesario que, al superponerse con la competencia de las Comunidades Autónomas, se deje un margen «para concretar con mayor detalle la afección o destino, o, al menos, para desarrollar y completar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación. Además, la gestión de estos fondos corresponde a las Comunidades Autónomas».  

Es por ello que esta STC declaró inconstitucional el RDL 13/2009 dado que la administración, gestión, dirección, control y seguimiento del fondo correspondía al Ministerio de Política Territorial, suponiendo, de esta manera, la centralización de la tramitación del fondo sin la participación de las Comunidades Autónomas. Con todo, el TC no declara la nulidad de los mismos ya que «podría suponer graves perjuicios y perturbaciones[…] a los intereses generales, afectando a situaciones jurídicas consolidadas, y particularmente a la política económica y financiera de los Ayuntamientos», por lo que el pronunciamiento de inconstitucionalidad «ha de realizarse con respeto, en todo caso, de las ayudas que hayan sido concedidas», confirmándose esta aplicación posteriormente en incidente de ejecución por medio del ATC 120/2015. 

Por ello, el Tribunal Supremo parte de que de plantearse la cuestión ante el Tribunal Constitucional la respuesta se realizará en esos mismos términos, es decir, se preservaría las actuaciones administrativas ya concluidas, manteniendo que siguen a cargo de la Administración del Estado las facultades de control y verificación, por lo tanto, no quedarían invalidadas las actuaciones de la Administración del Estado para exigir el reintegro de las cantidades concedidas en aplicación del RDL 9/2008. 

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