Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 6 noviembre, 2018 No Comments

STS 145/2018: Interpretación del concepto “actividad económico-profesional” de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental. Los daños producidos por la construcción del Puerto de Mataró quedan fuera de la vía de responsabilidad ambiental. 

STS 145/2018, de 1 de febrero: El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Cabrera de Mar contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de julio de 2016 contra la desestimación presunta por parte del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Generalitat de Cataluña y el Consorcio Puerto de Mataró de las solicitudes formuladas sobre responsabilidad medioambiental; y, posteriormente ampliado a la resolución de 15 de abril de 2013 del Secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña que confirma en alzada la resolución expresa desestimatoria de 8 de octubre de 2012. 

Las solicitudes formuladas al amparo de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental (LRM) tienen como objeto la desaparición y erosión de la playa de Cabrera de Mar a causa de la construcción del Puerto de Mataró que, según el Ayuntamiento, ha interrumpido el transporte natural de sedimentos que la formaban. Además del daño ecológico el Ayuntamiento también suma el perjuicio económico y turístico que ha implicado la destrucción del frente marítimo. La Generalitat sin embargo se opuso al recurso contencioso-administrativo; y, la Audiencia Nacional acogió sus alegaciones, ya que no considera que la LRM sea de aplicación al caso debido ya que «no resulta acreditado que la regresión de la playa de Cabrera de Mar se deba sólo al puerto de Mataró, sino que obedece a múltiples causas», apreciándose a través de las pruebas que la erosión ya se había iniciado antes de la construcción del puerto, por lo tanto no se da una relación necesaria de causalidad; y, por otro lado, porque la LRM exige que los daños medioambientales hayan sido ocasionados por una actividad económica o profesional (art. 2.11 LRM) y, en este caso, la causa que ha invocado la recurrente, pese a la inexistencia de causalidad, es la propia existencia del Puerto y no su actividad (gestión y explotación de la actividad portuaria). 

El Tribunal Supremo también comparte estas apreciaciones y desestima la alegación infracción del art. 2.11 LRM y de la Directiva que transpone (Directiva 2004/35/CE) entendiendo que la pérdida de la playa no se debe a la actividad del gestor del puerto, sino a la existencia de la misma infraestructura. Además, la ausencia de medidas para paliar los efectos de la construcción del Puerto no son daños producidos por la actividad económica, sino de la relación concesional en el momento de su construcción. Sin embargo, esta alegación no tiene sentido alguno al darse por correcta la apreciación de la prueba realizada por la Sala de instancia, y por lo tanto rechazarse la existencia alguna de causalidad y por lo tanto de responsabilidad alguna. 

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