Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 7 noviembre, 2018 No Comments

SSTS 151/2018 y 152/2018: Anulación de resoluciones administrativas autonómicas en materia de transporte escolar por falta de competencia ante la delegación intersubjetiva existente con una entidad comarcal. La alteración de la prestación del servicio debe producirse a través del convenio de delegación.

SSTS 151/2018 y 152/2018, de 5 de febrero: El Tribunal Supremo desestima sendos recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 y 30 de septiembre de 2015 que estimaban los recursos contencioso-administrativos presentados por el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO) contra Resoluciones de la Dirección General de Transporte y Movilidad de 20 de octubre de 2011 mediante las que se “renovaba” una autorización para el establecimiento de servicio discrecional de transporte de viajeros, con reiteración de itinerario y cobro individual, complementario del servicio público discrecional consolidado, con reiteración de itinerario y cobro por coche completo, para el transporte de escolares en diferentes rutas. 

En la STSJ de Cataluña queda acreditado que el Consell Comarcal ejerce la competencia sobre transporte escolar en virtud de una “delegación intersubjetiva”, es decir, una relación no jerárquica, conferida por la Comunidad Autónoma; y, por lo tanto, aunque la titularidad de la competencia siga en manos de la Generalitat de Cataluña su ejercicio se integra en «el acervo competencial del CCVO a título de “competencia delegada”» y este ejercicio deberá ser respetado por los órganos delegantes si bien en el instrumento de delegación se pueden establecer condiciones y cautelas. Sin embargo, ni el Decreto 219/1989, que consigna el derecho del ente comarcal delegado a reglamentar el servicio de transporte escolar; ni el convenio de 26 de julio de 1996 que da efectividad a las delegaciones recogidas en ese mismo decreto se contienen condiciones relevantes para la resolución del caso. 

Por todo ello, al realizar la Generalitat una renovación del servicio comarcal de transporte escolar, autorizando que el vehículo de transporte escolar pudiera ser completado con terceros ajenos al servicio en régimen de cobro individual, dando pie a un sistema mixto ha realizado una mutación de «la naturaleza y características de un servicio público que no era su competencia sin, previamente acudir al procedimiento idóneo para modificar la delegación». 

El Tribunal Supremo va a rechazar las alegaciones de la Generalitat: por un lado, rechaza la existencia de incongruencia interna, de vulneración del artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, entre otros, ya que, a su entender, es incompatible reconocer la titularidad de la competencia a la Generalitat y anular unas resoluciones por incompetencia. Sin embargo, el TS va a reflejar que lo que la Generalitat denuncia es, justamente, una “delegación intersubjetiva”, y le recuerda, que, en cualquier momento, puede alterar la delegación de la competencia de la que es titular a través de los cauces previstos de denuncia o modificación del Convenio vigente. Además, va a considerar acreditada esta delegación de competencia de la autorización del transporte a la vista de que el Convenio recoge expresamente las facultades de contratación del Consell Comarcal en esta materia. 

Por otro lado, rechaza que se haya producido infracción de la jurisprudencia relativa al principio general del derecho que impide ir en contra de los actos propios, ya que en ningún momento el Consell Comarcal se mostró favorable a la renovación de la autorización, más bien, lo contrario, expresó una disconformidad de forma fehaciente durante la tramitación de la autorización, por lo que en ningún momento ha existido una alteración sorpresiva de la posición del CCVO. Aprovecha el TS para recordar que, aunque el Consell Comarcal hubiese consentido en alguna ocasión una decisión análoga, este consentimiento «no le privaba del derecho a cambiar de opinión en un momento posterior». Por último, menciona que el criterio del Consell Comarcal no se encuentra en el ámbito de la discrecionalidad, sino en el de la legalidad. 

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