Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 19 noviembre, 2018 No Comments

STS 241/2018: Sobre el requisito de patrimonialización de los derechos urbanísticos afectados como exigencia en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración ante la inscripción de una parcela como Bien de Interés Cultural (BIC)

STS 241/2018, de 19 de febrero: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 9 de junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y a la Junta de Andalucía, por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la inscripción en el Catálogo general de Patrimonio Histórico de Andalucía como Bien de Interés Cultural (BIC) de una zona de Valencina de Concepción y Castilleja de Guzmán. 

Esa reclamación de responsabilidad patrimonial surge de la inscripción de una zona como BIC en la que se encuentra la parcela M3 de PP4 “Dolmen de Montelirio”, propiedad de la demandante, lo cual ha impedido la construcción en dicha parcela de un edificio destinado a residencia de mayores, siendo responsables de los daños causados por la eliminación de ese aprovechamiento urbanístico, a juicio de la demandante, Junta de Andalucía y Ayuntamiento solidariamente, ya que ambas han concurrido en la consolidación y calificación urbanística de la parcela para uso dotacional privado asistencial. Hay que tener en cuenta que la inscripción como BIC fue el resultado de los hallazgos de restos arqueológicos en la zona; y, antes de esa inscripción la recurrente ya había solicitado la licencia de construcción de un centro geriátrico y, también había suscrito un contrato de compraventa con un tercero para llevarlo a cabo. 

El TSJ de Andalucía rechaza el recurso contencioso-administrativo ya que estima que no concurre el requisito de antijuridicidad del daño ya que el Ayuntamiento «en ningún momento cambió motu proprio la calificación urbanística de la zona, ni, por tanto, de la parcela, limitándose a cumplir las decisiones tomadas por la Junta de Andalucía». Tampoco hay antijuridicidad en cuanto a la actuación de la Junta de Andalucía, ya que la actora conocía la probable existencia de restos arqueológicos en su parcela y las cautelas establecidos en el planeamiento urbanístico que disponía limitaciones y la autorización de la Consejería de Cultura en el área de influencia del yacimiento. 

El Tribunal Supremo tampoco acoge los motivos alegados en casación, ya que no estima que haya infracción alguna de la jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito urbanístico concerniente a la patrimonialización de los derechos urbanísticos afectados. En el caso de autos, el TS niega la mayor pues no ha existido tal patrimonialización ya que la licencia de obras nunca fue otorgada debido a la ausencia de la autorización de la Consejería necesaria para su aprobación; por lo tanto, no se da el supuesto determinante de la jurisprudencia invocada (STS 15 de diciembre de 2010). La falta de patrimonialización del derecho urbanístico no es desvirtuado en el recurso de casación por lo que el recurso de casación se desestima entendiéndose que la frustración del derecho que se solicitó «no constituye un perjuicio que la recurrente no tenga el deber de soportar y, por lo tanto, no resulta indemnizable». 

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