Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 27 noviembre, 2018 No Comments

STS 399/2018: Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuengirola. El aumento de zonas verdes por encima de las exigibles no requiere un esfuerzo adicional de la motivación. Determinaciones preexistentes en revisiones anteriores. 

STS 399/2018, de 13 de marzo: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 18 de abril de 2016 que desestimaba las pretensiones contra la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuengirola. 

El recurso de casación se sostiene en las infracciones de las normas estatales y jurisprudencia respecto a los límites del ejercicio del ius variandi, así como la interdicción de la arbitrariedad, el principio de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica. Entre las normas invocadas se encuentra el Texto Refundido de la Ley del Suelo (arts. 3.1, 3.2f) y 72.5b), así como el art. 25 1.c) del Reglamento de Planeamiento. 

La alegación principal del recurso es la falta de justificación de la determinación adoptada por el plan en relación la finca de la titularidad de los recurrentes, con base en que, con anterioridad, con base en el PERI aprobado por el Ayuntamiento de Fuengirola en 1984 se atribuyó a la propiedad de los recurrentes la calificación de unifamiliar aislada con parcela mínima de 500 m2. Ahora en la revisión impugnada se incluyen los terrenos dentro de un Parque Urbano en el Sistema General 12 (Parque Carvajal). Alegan que las modificaciones del Plan no han sido suficientemente motivadas, ya que la motivación existente es genérica para todo el Plan y no se ha expresado una motivación lo suficientemente individualizada. Además, entienden que «no había necesidad de dotar de mayores zonas libres al municipio», ya que el municipio cumple los porcentajes exigidos de zonas verdes por habitantes. 

El Tribunal Supremo rechaza el recurso ya que estima la sentencia de instancia se basa correctamente en la doctrina jurisprudencial al establecer que a una revisión general de un plan no le resulta exigible el mismo grado de motivación que el de una modificación puntual; más aún cuando la determinación impugnada no es nueva de la revisión de 2011, sino que preexiste desde la revisión de 1998. 

Reprocha el TS la improcedencia de reivindicar ahora nuevamente la racionalidad de la determinación adoptada por el plan controvertido, cuando ya fue impugnada la revisión de 1998 a propósito de la misma determinación y el TSJ en su sentencia de 28 de marzo de 2006 vino a pronunciarse de forma desestimatoria. 

Por otro lado, no es exigible a la ampliación de zonas verdes ninguna motivación especial, tal y como ha remarcado la jurisprudencia del TS, que sí que ha considerado que se debe realizar una motivación reforzada cuando lo que se pretenda sea la reducción de tales zonas. 

Por último, establece que tampoco puede prosperar la queja del recurrente sobre la prolongación en el tiempo de la carga que pesa sobre los terrenos de su titularidad «ya que en su mano está ponerla término, en tanto que el ordenamiento jurídico arbitra los mecanismos precisos al efecto». 

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