Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 28 noviembre, 2018 No Comments

STS 421/2018: Vulneración del principio de concurrencia competitiva en el régimen de concesión de autorizaciones de la Ordenanza de Venta Ambulante del Concello de Carnota.

STS 421/2018, de 15 de marzo:El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de octubre de 2015 que desestimaba las pretensiones de la recurrente sobre el acuerdo del Pleno del Concello de Carnota de 20 de julio de 2012 sobre la aprobación definitiva de la Ordenanza de venta ambulante. 

El recurso de casación se fundamenta en diferentes infracciones: en primer lugar, la vulneración de jurisprudencia sobre el uso de corrección de errores para realizar modificaciones sustanciales en textos normativos alegando que el uso de esta herramienta se llevó a cabo tanto en la aprobación provisional como en la definitiva; en segundo lugar, en infracción de los artículos 54 de la Ley 7/1996 y 3.1 del Real Decreto 199/2010, ya que el Ayuntamiento no realizó el cálculo conducente a saber los costes estimados de las inversiones de los solicitantes de licencias; en tercer lugar la infracción de los artículos 12 de la Directiva 2006/123/CE y 8 de la Ley 17/2009, porque la Ordenanza establece renovaciones automáticas y otro tipo de ventajas eludiendo el principio de concurrencia competitiva; al igual que la infracción de los artículos 14.5 de la Directiva 2006/123/CE y 8 de la ley 17/2009 al establecerse un criterio cronológico al otorgar las licencias y no conforme a criterios de concurrencia competitiva. 

El Tribunal Supremo desestima gran parte de los motivos. En primer lugar rechaza la vulneración de la jurisprudencia sobre la corrección de errores no sólo porque las modificaciones no tienen ninguna afectación sobre los derechos e intereses de la actora sino porque, desde la perspectiva procedimental, la corrección de errores inicial es irrelevante al haberse dado oportuna publicidad y asumida por el Pleno en la aprobación definitiva; en cuanto a la corrección del texto aprobado definitivamente también es intrascendente ya que no se desprende ninguna corrección que no contuviera ya el texto sometido a aprobación definitiva; a esto último se le añade que la actora carece un “interés serio” mostrado en su escrito de demanda que plasmaba que esos errores fueron «una afortunada reconsideración parcial del texto». 

También se desestima la alegación de la ausencia del cálculo de la ponderación de la amortización de la inversión efectuada y de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados por el prestador, ya que las normas que se consideran infringidas no se refieren al procedimiento de elaboración de la Ordenanza sino al procedimiento por el que se otorga la autorización, es decir, la que desemboca en el acto administrativo concreto. 

Se desestima también lo alegado con respecto a las renovaciones automáticas, ya que las previsiones impugnadas en el artículo 14 de la Ordenanza no contemplan la ampliación del plazo de la autorización. Sin embargo, sí que se estima que el criterio cronológico no respeta el principio de concurrencia competitiva, ya que las normas estatales consideradas establecen que ante un número limitado de autorizaciones se debe garantizar el cumplimiento en los procedimientos de concesión de «los principios de publicidad, objetividad imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva», no respetándose dichos principios por el art. 10.2 de la Ordenanza que sólo contiene el impugnado criterio cronológico. Por lo que el TS procede a su anulación. 

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