Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 5 diciembre, 2018 No Comments

SSTS 475/2018 y 476/2018: Interpretación del artículo 108.3 LJCA. Mediante trámite integrado en la ejecución de sentencia se exigen medidas de garantía del pago de indemnizaciones que se puedan reconocer posteriormente, por la demolición de un edificio como consecuencia de la nulidad de la normativa urbanística.

STS 475/2018 (y 476/2018), de 21 de marzo: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cantabria, contra el auto de 27 de octubre de 2016, que confirma en reposición el de 22 de julio de 2016, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El auto recurrido desestima los recursos de reposición interpuestos contra el auto que dicta la continuidad de la ejecución de derribo de unas viviendas, además del requerimiento al Ayuntamiento de Argoños para que remita en el plazo de 30 días las escrituras de compraventa de los propietarios no personados en el procedimiento afectados por el derribo, así como la identificación por parte del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de la persona responsable de la demolición para que informe de las actuaciones realizadas. Este derribo fue consecuencia de la anulación del acuerdo que aprobaba el Estudio de Detalle, acarreando la disconformidad a Derecho de la concesión de licencias para la construcción de viviendas unifamiliares.

Habiéndose condenado al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria a indemnizar a los afectados por daños morales de conformidad con lo establecido en la STC 92/2013 y en el artículo 108.3 LJCA -nuevo apartado que establece la «prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe» como condición previa al derribo de un inmueble motivada por la nulidad de la normativa urbanística- con la referencia de «el precio escriturado o, a falta de éste, el fijado por la adquisición de cada una de las viviendas […], cantidad incrementada en un 30% en virtud del artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación supletoria, precisando que estas bases sólo operan a los efectos de determinar la suficiencia de las garantías que han de ser prestadas y sin perjuicio de las cantidades que puedan reclamarse por los distintos propietarios por los daños materiales cuando se produzca el derribo o en los expedientes administrativos de fijación previa».

En el presente recurso de casación, el Gobierno de Cantabria solicita del Tribunal Supremo una interpretación del artículo 108.3 LJCA sobre si la exigencia de prestación de garantías suficientes precisa de la tramitación de un procedimiento contradictorio y que las indemnizaciones hayan sido debidas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o, en cambio, deben fijarse en un incidente de inejecución de sentencia; además, cuestiona que debe entenderse por indemnizaciones debidas y sobre el concepto de tercero de buena fe del art. 108.3 LJCA, entre otros extremos.

El Tribunal Supremo recuerda que la fase de ejecución de la sentencia se proyecta sobre lo efectivamente juzgado, quedando al margen de la ejecución cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo. Por lo que la determinación de la existencia de una responsabilidad patrimonial y su cuantificación, no forman parte de la fase de ejecución de una sentencia referida a la regularización urbanística, ya que se trataría de cuestiones no decididas en el proceso.

Sin embargo, lo que busca el art. 108.3 LJCA es que, aunque el perjuicio patrimonial indemnizable no haya sido declarado en el proceso, su derecho no pueda verse frustrado por no poder hacerse efectivo tras la demolición de lo construido.

En este sentido, el TS estima que el concepto de “terceros de buena fe” no está referido en exclusiva a los terceros adquirentes de buena fe protegidos por la fe pública registral, sino que se extiende a todos los que puedan hacer valer un derecho a ser indemnizados en su condición de terceros perjudicados. En sentido negativo, se trata de proteger a los perjudicados como terceros del proceso, y no a los titulares de licencia o los promotores, que han tenido su oportunidad mediante el oportuno proceso declarativo.

Por otro lado, se rechaza el planteamiento de que en el desarrollo del procedimiento de ejecución de sentencia se efectúe la declaración sobre el reconocimiento del derecho de terceros a la correspondiente indemnización, ya que el art. 108.3 LJCA lo que busca es el establecimiento de una garantía y no un reconocimiento de un derecho, siendo «el interés preeminente en la ejecución de la sentencia […]el restablecimiento de la legalidad urbanística».

Se concluye por tanto, que la interpretación del artículo 108.3 LJCA debe ser la de que para el establecimiento de la exigencia de prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe no se precisa la tramitación de un procedimiento contradictorio, ni requiere que las indemnizaciones se fijen en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de sentencia, sino que se configura como un trámite integrado en la ejecución de sentencia, que consiste en la adopción por parte del órgano jurisdiccional de las medidas de aseguramiento suficientes para garantizar el pago de las indemnizaciones que pudieran reconocerse a terceros de buena fe al margen del proceso.

En este mismo sentido, con una práctica identidad entre el supuesto de hecho, normativa aplicable y recurrente se dicta la STS 476/2018.

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