Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 13 diciembre, 2018 No Comments

STS 591/2018: Desestimación de recurso de revisión contra sentencia que desestimaba la impugnación de un Proyecto de Reparcelación Económica. Insuficiencia de la prueba documental según la jurisprudencia del artículo 102.1.a) LJCA.

STS 591/2018, de 11 de abril: El Tribunal Supremo desestima el recurso de revisión interpuesto por la Asociación de Vecinos de “Les Planes del Rei” contra la sentencia de 20 de julio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta sentencia desestimaba el recurso planteado ante la sentencia de 2 de julio de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Tarragona por la que se desestimaban las alegaciones de la hoy recurrente contra el Acuerdo de 11 de julio de 2012 de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pratdip que aprobaba definitivamente el Proyecto de Reparcelación Económica del polígono de actuación 4 Urbanización “Les Planes del Rei”. Ambas sentencias desestimaron los argumentos de falta de necesidad de la reparcelación en o sobre la indeterminación de las obras de urbanización y de sus costes.

Posteriormente al Acuerdo de 11 de julio de 2012, el Ayuntamiento presentó el Proyecto de Reparcelación en el Registro de Propiedad de Falset, que denegó su inscripción mediante una nota de calificación negativa de 19 de diciembre de 2012, momento tras el cual se abre la tramitación de un nuevo texto refundido del Proyecto de Reparcelación Económica por el Ayuntamiento.

El presente recurso de revisión se basa principalmente en una Certificación del Registro de la Propiedad de Falset de 14 de marzo de 2017 que afirma que en Libro de diario de presentación de documentos del Registro no existe ningún asiento cuyo presentante sea el Ayuntamiento de Pratdip por lo que se alega, además de que no ha existido nunca una aprobación definitiva de ningún Proyecto de Reparcelación Económica porque la Asociación de Vecinos desconocía los documentos presentados, que la nueva tramitación de un texto refundido está basado en «un engaño, una falsedad, un fraude, o técnicamente una estafa procesal», ya que la Administración ha creado «una simulación de la realidad administrativa».

Sin embargo, el recurso debe ser desestimado ya que no cumple los requisitos exigidos para estimar un recurso de revisión, no sólo porque la jurisprudencia no acoge como prueba documental que en el momento del proceso ordinario los documentos «obraban en un Centro o Registro Público y podían haber sido solicitados sin dificultad», sino que también porque los documentos aportados no permiten probar la inexistencia de la aprobación definitiva de 2012 del proyecto de reparcelación, tal y como alegaba la asociación recurrente.

Por lo tanto, dicho recurso de revisión es desestimado.

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