Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 14 diciembre, 2018 No Comments

STS 629/2018: Caducidad de procedimiento sancionador electoral contra el Alcalde de Riveira por realización de campaña de logros tipificada en los arts. 50.2 y 50.3 LOREG

STS 629/2018, de 18 de abril: El Tribunal Supremo estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Alcalde del Concello de Riveira contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 29 de octubre de 2015 por la que se le sanciona por hechos tipificados en los artículos 50.2 y 50.3 LOREG con una multa de 300 euros.

El expediente sancionador se inició por una denuncia del 22 de abril de 2015 presentada por el Bloque Nacionalista Galego en el marco de las elecciones locales de 24 de mayo de ese año debido a las manifestaciones hechas por el Alcalde del Concello de Riveira en la Feria de la Educación en el nuevo mercado de la ciudad, considerando que dicha presentación se enmarcaba en una campaña de logros prohibida por el art. 50.2 LOREG. La Junta Electoral de Zona de Noia acordó incoar expediente sancionador el 23 de abril al Alcalde y a la Concelleira Delegada de Educación, requiriéndoles para que se abstuvieran de realizar manifestación pública alguna en relación a las instalaciones del mercado municipal que albergaba la Feria de la Educación. Tras la recepción de las alegaciones por parte de los interesados, se consideró como único responsable al Alcalde.

Posteriormente, debido a la extinción del mandato de la Junta Electoral de Zona se remitieron las actuaciones a la Junta Electoral Central que impuso finalmente una sanción por vulneración de los artículos anteriormente mencionados el 29 de octubre de 2015

Sin embargo, el recurrente alega la caducidad del procedimiento, ya que según el artículo 120 LOREG le es de aplicación subsidiaria la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo por razón de fecha la Ley 30/1992 la aplicable al caso concreto. La sentencia además considera aplicable el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, por el que se regula el ejercicio de la potestad sancionadora y estima que han pasado los seis meses para dictar y notificar la resolución entre el 23 de abril de 2015 y el 29 de octubre de 2015.

De esta manera, no se acogen las tesis de la Junta Electoral Central que no cuestiona el cómputo del plazo, ni la aplicación supletoria del Real Decreto 1398/1993, reconociendo que si se aplicara en puridad la LRJPAC el plazo sería tan solo de tres meses, sino que «reclama la adaptación de sus disposiciones a las peculiaridades de la Administración Electoral y, en particular, a la asunción del procedimiento en curso al producirse la extinción del mandato de la Junta Electoral de Zona». No obstante, dicha asunción del procedimiento no prorroga al plazo de duración máxima, que solo podría verse afectado si se probara una dilación en la tramitación por causas no imputables a la Administración.

Por todo lo anterior, el recurso contencioso administrativo es desestimado.

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