Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 19 diciembre, 2018 No Comments

STS 662/2018: Cómputo erróneo del dies a quo de una reclamación de responsabilidad patrimonial, consecuencia de nulidad judicial de licencia de construcción: determinación del momento en que el interesado tiene conocimiento de la consumación del evento lesivo.

STS 662/2018, de 24 de abril: El Tribunal Supremo desestima la demanda para la declaración de error judicial interpuesta por la mercantil Fortín de la Reina en relación con la sentencia de 6 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmaba la desestimación contra la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 4 de marzo de 2009 ante el Ayuntamiento de Tarragona, por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la nulidad judicial de la licencia de construcción del restaurante El Fortín de la Reina determinante de la demolición del edificio.

El error que la demandante pretende que se declare es el consistente en el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción anual de responsabilidad patrimonial. Según la demandante el cómputo que se realiza en las sentencias de instancia y apelación se inicia «antes de que se produjeran los daños cuya indemnización se reclamó». Sin embargo, la demanda no puede prosperar.

El artículo 142.4 de la Ley 30/1992, aplicable al caso de autos, establece que, en caso de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la anulación de actos administrativos, el plazo de un año ha de contarse desde la firmeza de la sentencia que la declara. Además, la sentencia del TEDH de 25 de enero de 2000 (asunto Miragall y otros contra España) establece, también, que lo esencial para que empiece a correr el plazo es el momento en que el interesado tiene conocimiento de la sentencia anulatoria del acto, entendiéndose dicha exigencia como un refuerzo de que «no sólo ha de existir una sentencia invalidatoria, sino el conocimiento por parte del afectado».

Por todo esto, las sentencias impugnadas yerran si bien en un sentido neutro (o si quisiéramos, virtualmente favorable al demandante) porque iniciaron el plazo a partir de la autorización del primer Expediente de Regulación de Empleo del 29 de junio de 2007, en el que se recogen los motivos de la solicitud que no son otros que el acuerdo de demolición que impedirá la continuidad de la actividad principal; no obstante, el Fortín de la Reina fue parte procesal en el proceso que desembocó en la STS de 18 de febrero de 2004 que ya declaraba nulas las previsiones del PGOU de Tarragona, en cuyos antecedentes se recogía la nulidad de la licencia, por lo que la mercantil pudo conocer el fallo y sus consecuencias, tal y como demuestra que iniciara una primera acción de responsabilidad ad cautelamel 14 de febrero de 2005.

Por todo ello se debe desestimar la demanda, ya que no sólo no cumple los requisitos de encontrarse ante un error patente, indubitado o incontestable, sino que, si así fuera tampoco se alteraría el resultado de las sentencias objeto de la demanda, ya que se demuestra que el dies a quo podría marcarse el 18 de febrero de 2004, que supera aún con mayor margen el del 25 de junio de 2007 el plazo de un año, siendo la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 4 de marzo de 2009 totalmente extemporánea.

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