Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 20 diciembre, 2018 No Comments

STS 682/2018: Impugnación de la Orden autonómica por la que se autorizan las nuevas tarifas del servicio de agua potable de Murcia. Desestimación por infracción de las normas reguladoras del recurso de casación.

STS 682/2018, de 26 de abril: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación planteado contra la sentencia de 24 de abril de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que desestimaba las pretensiones de la Orden aprobada el 15 de diciembre de 2011 por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de Murcia, autorizando, a iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, las nuevas tarifas del servicio de agua potable del municipio.

La Sala de instancia concluye, para fundamentar su pronunciamiento desestimatorio, que tras la reforma operada por la Ley de Economía Sostenible se «ha restituido la lógica tradicional que informaba la ordenación de la potestad tarifaria y tributario, tanto porque permite recuperar las ideas de precio y beneficio a los servicios públicos gestionados por concesionarios, como porque da rigor a otras ideas fuerza del ámbito de la contratación pública».

Ninguno de los motivos planteados en casación ante este pronunciamiento desestimatorio pueden prosperar, ya que en todos ellos se aprecian defectos graves, impidiendo que el TS entre a realizar una valoración de fondo. Destaca la invocación de infracción del “derecho fundamental al agua” proclamado por la resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU, que el Tribunal rechaza «dada su ausencia de valor normativo» por lo que no puede fundamentar un motivo casacional.

También rechaza la calificación de la motivación de la sentencia de instancia como arbitraria e “hipócrita”, reprochando que este último calificativo es impropio «cuyo uso no se justifica, ni siquiera desde el ejercicio legítimo del derecho de defensa», más aún cuando la sentencia de instancia se encuentra suficientemente motivada, interpretando el nuevo marco normativo conforme a las normas de la lógica, «permitiendo que servicios municipales como el que nos ocupa, gestionados directamente por empresas municipales con personificación jurídico-privada o indirectamente, mediando un concesionario, se puedan financiar a través de tarifas».

Igual suerte corre la denuncia de infracción del artículo 31.3 CE, ya que no sólo debió plantearse por la vía de impugnación de incongruencia, ya que la sentencia de instancia no se pronuncia a este respecto, sino que también presenta defectos al haberse planteado en la demanda la infracción de dicho artículo al considerar tasa la retribución del servicio de agua; mientras que en casación se alega la infracción porque «aun calificándose de tarifa, constituiría prestación patrimonial pública» sometida por tanto al artículo 31.3 CE, introduciendo de esta forma en casación una cuestión nueva.

Por todo ello se desestima el recurso de casación.

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