Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 14 enero, 2019 No Comments

STS 979/2018: Exigibilidad del dictamen preceptivo del Secretario municipal a la hora de entablar acciones para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales regulado en el artículo 54.3 RDLeg 781/1986 en relación al artículo 45.2.d) LJCA.

STS 979/2018, de 12 de junio: El Tribunal Supremo desesestima el recurso de casación interpuesto por quince ayuntamientos contra la sentencia de 15 de marzo de 2017 del Tribunal Superior de Justicia que declara la inadmisibilidad de los diferentes recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación de los recursos de alzada formulados contra la concesión de la explotación de magnesita por parte de la Junta de Castila y León.

Dicha inadmisibilidad se produce conforme a lo dispuesto en el artículo 69.b) LJCA en relación con el artículo 45.2.d) de la misma ley, y en relación al artículo 54.3 RDLeg 781/1986.

Los ayuntamientos recurrentes consideran que se ha producido una indebida aplicación del artículo 54.3 del mencionado Real Decreto Legislativo, entre otras vulneraciones, ya que no se da el supuesto fáctico necesario de «ejercicio de acciones necesaria para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales», entendiendo que lo realizan conforme a un interés legítimo en defensa del derecho al medio ambiente y defensa del principio de legalidad, por lo que no resultaría exigible el informe o dictamen previo del secretario municipal conforme al mencionado artículo. Invocan así, el artículo 19.1.e) LJCA, señalando que no se requiere una invasión de competencias municipales o afectación de sus bienes y derechos, sino que también aquellos actos que afecten su autonomía o los intereses municipales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo va a rechazar dicha interpretación: en primer lugar, porque la obligación a la que hace referencia el artículo 54.3 RDLeg 781/1986 se ha flexibilizado por parte de la jurisprudencia, estableciendo que solo ha de producirse en el ejercicio inicial de las acciones y no para los sucesivos recursos, que puede además producirse in voceo que puede subsanarse en cualquier momento del procedimiento antes de dictar sentencia; pero lo que no puede hacerse es no exigirlo, más aún cuando la finalidad del mismo es recabar una opinión previa experta que dificulte el inicio de un pleito irreflexivamente y sin conocimientos de los derechos del órgano administrativo; y, en segundo lugar, rechaza que no se afecten derechos de las entidades locales ya que en los recursos se contienen epígrafes que detallan diversos aspectos de impacto social negativo en la agricultura y la ganadería, en los recursos hídricos, impacto económico sobre la actividad turística, hotelera y de restauración, así como el impacto ambiental.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo rechaza la interpretación realizada por las recurrentes sobre «que la inobservancia de un requisito formal como el previsto en dicho art. 54.3 no puede conllevar la inadmisibilidad del recurso», sobre todo si no se ha requerido para su subsanación, estableciendo, por tanto, el Tribunal Supremo que le es de aplicación al caso el artículo 45.2.d) LJCA referido a la necesidad de aportar la documentación oportuna a las personas jurídicas a la hora de entablar acciones, ya que el Informe preceptivo, que no vinculante, del Secretario municipal establecido en el artículo 54.3 del RDLeg 781/1986 participa de la naturaleza y alcance procesal que la jurisprudencia viene estableciendo para el artículo 45.2.d).

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