Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 16 enero, 2019 No Comments

STS 815/2018: No resulta obligatorio interponer recurso administrativo preceptivo contra actos de aplicación de tributos de las entidades locales cuando su fundamentación es en exclusiva la inconstitucionalidad de disposiciones legales.

STS 815/2018, de 21 de mayo: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 de diciembre de 2016 desestimatoria del recurso de apelación contra sentencia que inadmitía el recurso contencioso-administrativo al no haber agotado la vía administrativa previa.

El origen del recurso planteado es el recurso planteado ante la liquidación del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) girado por el Ayuntamiento de Cáceres. La sociedad mercantil recurrente acudió directamente ante la vía jurisdiccional sin interponer previamente el preceptivo recurso de reposición.

La sociedad mercantil sustentaba dicha actuación en la inconstitucionalidad de la regulación legal de dicho tributo y que, por tanto, el Ayuntamiento de Cáceres ni tiene competencia para resolver acerca de la inconstitucionalidad de la LRHL ni tampoco tenía capacidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que consideraba que de nada servía plantear un recurso administrativo inútil per se, ya que su único resultado podía ser la declaración de incompetencia o la desestimación del recurso.

La sala de instancia razonaba que «los recursos administrativos no son necesarios o no, inútiles o no, sino que son preceptivos o no conforme la regulación legal de la materia» como es el presente caso a la vista del art. 108 LBRL, que establece como preceptivo el recurso de reposición contra los actos de aplicación de los tributos locales en municipios a los que se les aplica el régimen común. Rechaza la sala de instancia también la motivación de la recurrente pues no cabe que la jurisdicción contencioso-administrativa lleve a cabo la fiscalización de la ley, sino al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo va a rechazar dichas aseveraciones porque si bien el sistema de recursos administrativos preceptivos, previos al acceso a la jurisdicción, se justifica en dar satisfacción a las pretensiones de los administrados afectados sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional, no se puede exigir a esos mismos administrados la interposición de un recurso «que se revelara manifiestamente ineficaz para el éxito de su pretensión» negando por tanto la razón de ser del sistema de recursos, llegando a ser dicha exigencia «vulneradora del derecho a obtener la tutela judicial efectiva». Precisamente, en el caso de autos, un recurso de reposición preceptivo con el único fundamento de la inconstitucionalidad de la norma legal de cobertura del acto impugnado es «de todo punto inútil e ineficaz» puesto que un Ayuntamiento ni puede estimarlo ni tiene cauce procedimental para plantear la cuestión ante el TC.

Por ello, el Tribunal Supremo acoge la tesis de la recurrente interpretando -«no “inaplicamos” ni “anulamos”»- el artículo 25.1 LJCA, basándose, en primer lugar, en las exigencias de los arts. 24.1 y 106.1 CE, recordando que los recursos administrativos no son un fin en sí mismos, sino  que el objetivo final de un sistema de recursos preceptivos es la defensa de los derechos de los administrados; y, en segundo lugar en la imposibilidad que tienen los órganos de las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, en plantear una cuestión de inconstitucionalidad, potestad que está reservada al ámbito de decisión judicial.

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