Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 10 octubre, 2018 No Comments

STS 1575/2017: Recurso de casación en interés de Ley para dirimir cuál es la legislación aplicable sobre el cuerpo de Policía Local de los municipios de Cataluña

STS 1575/2017, de 18 de octubre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en interés de Ley interpuesto contra la sentencia de 10 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmaba la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Montcada y Reixac por la que resolvía el expediente disciplinario incoado un agente de Policía local de esta localidad, aplicando las sanciones previstas en la Ley catalana 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales. 

Sin embargo, tanto el afectado como la Abogacía del Estado estiman que el régimen disciplinario de aplicación a los cuerpos de Policía Local de todo el territorio español es el recogido en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, a la que se remite la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin que por tanto la legislación autonómica sea de aplicación en esta materia, en virtud de su disposición final sexta. 

La Sala acoge los razonamientos del Ayuntamiento de Montcada y Reixach, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio Fiscal cuando expresan que la Ley catalana 16/1991 viene aplicándose desde su entrada en vigor, no advirtiéndose ningún efecto nocivo, ni anomalías de importancia ni en los recursos de casación que se han visto en el TS ni en los datos aportados por la recurrente; por lo tanto no queda justificado el grave daño al interés general exigible para este tipo de recurso de casación. 

Tampoco se ha demostrado el error de sentencia ya que el juego de los preceptos constitucionales 148.1.22ª y 149.1.29ª conducen a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, no sólo al Estatuto de Autonomía, que en el caso de Cataluña se le reconoce competencia sobre la ordenación de los cuerpos de Policía Local en su artículo 164; sino que la disposición final sexta de la Ley Orgánica 4/2010, esgrimida por la recurrente, contiene un reenvío de retorno a la Ley Orgánica 2/1986 que en su artículo 52 remite a la regulación de las Comunidades Autónomas.   

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