Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 11 octubre, 2018 No Comments

STS 51/2018: El 10% de representatividad mínima para formar parte de la Mesa General de Negociación (art. 36.3 EBEP) debe obtenerse tanto en el personal funcionario como en el personal laboral

STS 51/2018, de 18 de enero: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias – Confederación de Seguridad Local (SIPLA-CSL) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 28 de noviembre de 2016 contra la desestimación presunta de la petición dirigida al Ayuntamiento de Gozón sobre la constitución de la Mesa General de Negociación de dicho Ayuntamiento. 

El litigio se inició mediante el procedimiento de protección de los derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso de Administrativo nº1 de Asturias. Este Juzgado, al igual que el TSJ de Asturias posteriormente, desestimó las pretensiones de SIPLA-CSL. 

La cuestión que se plantea ahora ante el Tribunal Supremo es la interpretación del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público con respecto a «si el porcentaje mínimo de representatividad obtenido por una organización sindical, que no forma parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, pero pretende estar presente en la Mesa General de negociación de materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral que haya de constituirse en un Ayuntamiento, ha de ser el 10% del total de los empleados públicos a representar, o ha de serlo del 10% tanto en uno como en otro colectivo de dichos empleados públicos» 

Para el Tribunal Supremo dicha cuestión no solo presenta interés casacional, ya que la interpretación exigida trasciende al caso concreto además de existir pronunciamientos judiciales contradictorios; sino que también posee interés trascendencia constitucional puesto que el litigio incide en el contenido del derecho fundamental a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. 

En cuanto a la cuestión de si el 10% de representatividad mínima se refiere al total de empleados públicos concernidos o se refiere a un porcentaje que debe alcanzarse tanto en funcionarios como en personal laboral, el TS va a situarse junto a la interpretación realizada por el TSJ de Asturias –y por varias sentencias de la misma Sala del TS- y es que ese 10% de representatividad debe obtenerse por separado; ya que si las cuestiones que se plantean en la Mesa General de Negociación afectan tanto a personal funcionario como a personal laboral queda justificado que debe tener una mínima representatividad en ambos colectivos. 

La recurrente no niega que la interpretación alcanzada sea correcta; sino que su alegato es se basa en la existencia de otra interpretación más favorable, interpretación que le daría acceso a la mesa. Sin embargo, no existe demostración alguna de que dicha interpretación sea la más favorable conforme al derecho de acceso a la negociación colectiva. 

Por último, el Tribunal Supremo niega cualquier exceso o vulneración por parte del Ayuntamiento ya que la representatividad exigida es igual para todas las organizaciones de acuerdo a las disposiciones legales que buscan conjugar el derecho a la negociación colectiva con la operatividad de la misma.   

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