Jurisprudencia

TS – Contratos públicos

STS 652/2019. La imposición de penalidades en un contrato público no está sujeta a un plazo de caducidad del procedimiento.

STS 652/2019, de 21 de mayo. Un contratista interpone recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó parcialmente su recurso contencioso-administrativo, en el que impugnaba una penalidad impuesta por la Comunidad de Madrid por incumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en éste.

La cuestión en casación se reduce a verificar si la imposición de penalidades en el marco de un contrato público consiste en un procedimiento autónomo o no. Y, si lo es, si debe sujetarse a las reglas sobre caducidad de la legislación básica sobre procedimiento administrativo común.

El Tribunal Supremo considera que esta imposición de penalidades contractuales no está sujeta a caducidad. No tienen naturaleza sancionadora ni coercitiva, sino contractual, que además se imponen en la fase de ejecución del contrato, no en un procedimiento autónomo o diferenciado. En este sentido, es posible que exista un expediente, como conjunto de documentos, pero no hay procedimientoy, por tanto, tampoco se aplica la legislación básica de procedimiento.

Se trata de una “decisión ejecutiva” en el marco de la ejecución contractual. Desaparece así el supuesto de hecho previsto en la Ley 30/1992 (hoy Ley 39/2015) para que pueda haber caducidad, pues esta fase de ejecución no tiene por objeto ejercitar una potestad de “intervención” susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen.

Por ello, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por el contratista.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 1689/2019 – ECLI: ES:TS:2019:1689).