STS 628/2019. No pueden impugnarse liquidaciones de IBI firmes aunque la calificación catastral a sus efectos fuera errónea.

STS 628/2019, de 14 de mayo. El Ayuntamiento de Albacete recurre en casación la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete núm. 1, que estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por una sociedad en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Ayuntamiento liquidó el IBI conforme a la calificación catastral, que entendía que el suelo era urbano. La sociedad abonó oportunamente el importe de la liquidación, pero ataca ahora la calificación del bien como urbano y pretende la devolución de lo debidamente ingresado, al tratarse de un terreno rústico.

El Tribunal Supremo analiza exhaustivamente su doctrina sobre la división entre gestión catastral y gestión tributaria y los supuestos excepcionales en los que cabe impugnar liquidaciones tributarias con base en una errónea calificación catastral. Recorre así la jurisprudencia sentada en sus sentencias de 30 de mayo de 2014, 196/2019, 273/2019 y 443/2019.

Sin embargo, este caso es sustancialmente distinto a los resueltos en esas sentencias, porque ahora la liquidación es firme. En esa medida, analiza el TS si es posible atacar la liquidación en los términos en los que lo hace la sociedad. Ésta alegó la nulidad de pleno derecho de la liquidación por vulnerar derechos susceptibles de amparo constitucional (derecho de defensa, derecho de igualdad y principio de capacidad económica) y por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido.

El TS rechaza todos estos argumentos. Recuerda que el derecho de defensa (art. 24 CE) sólo rige, en materia de procedimiento administrativo, en el procedimiento sancionador, no en los de gestión tributaria. La vulneración del derecho de igualdad es extraordinariamente vaga y extiende más allá de lo posible el contenido del derecho. La mención al principio de capacidad económica decae porque no es un derecho susceptible de amparo constitucional. Y tampoco puede decirse que el Ayuntamiento hubiera dictado la liquidación prescindiendo del procedimiento para ello y causando con ello indefensión material, pues se atuvo estrictamente a él.

En definitiva, no está acreditada la nulidad de la liquidación. Por tanto, el TS estima el recurso de casación del Ayuntamiento de Albacete y desestima el recurso contencioso-administrativo original.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 1700/2019 – ECLI: ES:TS:2019:1700).