Jurisprudencia

TS – IBI y Catastro

STS 282/2019. Tras la anulación del planeamiento relativo al ámbito “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas” el suelo debió considerarse no urbanizable a efectos de IBI, aunque en el catastro figurase como urbano.

STS 282/2019, de 5 de marzo. Una mercantil que ostenta un derecho de propiedad sobre una finca situada en el Parque de Valdebebas (Madrid) recurre en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid interpuesto, a su vez, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid núm. 23. El objeto del recurso contencioso-administrativo eran las liquidaciones provisionales relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2008 y 2009.

El principal argumento de la compañía para impugnar esas liquidaciones era la inexistencia del hecho imponible. En ellas se gravaba la finca en cuestión como suelo urbano, a pesar de que se había anulado el planeamiento relativo al ámbito “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas”. Por ello, considera que la clasificación es la del planeamiento anterior, que era la de suelo no urbanizable de especial protección.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid alega fundamentalmente que lo que se discute es la clasificación realizada por el Catastro, por lo que no puede ser objeto de impugnación con ocasión de las liquidaciones.

El Tribunal Supremo recuerda que, en general, la regulación del IBI está claramente subordinada a la catastral y que, a pesar de todo, la realidad urbanística y la catastral no siempre coinciden. Analiza la cronología de los avatares urbanísticos del ámbito desde 1997 y los principales hitos judiciales. Aunque la primera revisión del PGOU de Madrid fue anulada, una segunda revisión fue confirmada en 2013 por el Tribunal Supremo, pero sin que pudiera tener efectos retroactivos.

Por otra parte, señala que, tras la modificación en 2006 del Texto Refundido de la Ley del Catastro, es posible que un bien inmueble sea considerado “catastralmente” como urbano, pese a que “urbanísticamente” no responda a dicha clasificación urbanística. No obstante, esto no era posible conforme a la normativa anterior. Y, tras constatar que la fecha de efectos de la modificación en el Catastro relativa a la finca es anterior a la entrada en vigor de la modificación legal, rechaza el argumento de que pudieran coexistir dos clasificaciones distintas. Por ello, la finca debió ser considerada a efectos de IBI como suelo no urbanizable, sin que la realidad material pudiera alterar esa clasificación.

Además, analiza los supuestos en los que la división entre gestión tributaria y catastral pueden generar una permeabilidad entre ambas. Ciertos principios constitucionales, como el de coordinación (art. 9.3 CE), capacidad económica (art. 31.1 CE) o eficacia administrativa (art. 103.1 CE), se verían vulnerados por las disfunciones del sistema si no hubiera cierta permeabilidad que permitiera a los administrados evitar perjuicios que no deben soportar. Confirma así la doctrina de sus recientes sentencias 196/2019 y 273/2019.

En definitiva, el Tribunal Supremo ve claramente cómo éste es uno de esos casos excepcionales que aconsejan permitir una cierta permeabilidad entre gestión tributaria y catastral, máxime cuando el Ayuntamiento se encontraba en una posición idónea para evitar al administrado un pago que no debe satisfacer (al no comunicar al Catastro o instar la inspección catastral sobre el cambio de clasificación, o actuando en ocasiones como delegada de aquél).

Por ello, anula la sentencia del TSJ y confirma la nulidad de las liquidaciones, aunque puntualiza que esa nulidad no deriva de la inexistencia de hecho imponible, que evidentemente concurre, sino del cálculo de la base imponible.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 772/2019 – ECLI: ES:TS:2019:772).

Sentencia relacionada: Roj: STS 787/2019 – ECLI: ES:TS:2019:787