Jurisprudencia

TS – Urbanismo

By 30 enero, 2019 No Comments

STS 1067/2018: La calificación parcial de una parcela como vial de uso y dominio público para la construcción de un Sistema Local Viario es compatible con el artículo 5 LSE.

STS 1067/2018, de 21 de junio: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Red Eléctrica de España contra la sentencia de 6 de octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestimaba las pretensiones de nulidad contra lo previsto en el PGOU sobre la parcela en la que se ubica una subestación eléctrica afectada por la ejecución de un Sistema Local Viario.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de instancia desestimando el recurso de casación planteado. En primer lugar, se establece que la ejecución de un vial de uso público en una parcela en la que se localiza una subestación eléctrica es compatible con el artículo 5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE) ya que según se afirma por la sentencia del TSJ se garantiza el mantenimiento de la subestación, gracias a que «la franja de la parcela (de 13 m de ancho) colindante con la autopista, por donde se prevé la ejecución del sistema viario, se encuentra afectada por el régimen de limitación de usos de la actual legislación en materia de carreteras», por lo que el hecho de introducir un vial no altera la situación de la estación; además, en caso de tener que realizar algún tipo de rectificación en la infraestructura podrá ser objeto de valoración en el oportuno proyecto de ejecución. Dichas afirmaciones fácticas son acogidas por el TS, no pudiendo ser modificadas, tampoco, en casación.

En segundo lugar, no existe infracción de las determinaciones previstas en la legislación urbanística sobre el Estudio Económico Financiero, ya que se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia sobre el contenido de esta herramienta que no es otra que constatar «que existen fuentes de financiación con que poder llevar a efecto el Plan» y no es necesario que existan, por tanto, previsiones y cuantías específicas sobre la posible variación del tendido de la línea como consecuencia de la aprobación del planeamiento urbanístico, sino que es algo que se deberá valorar y en su caso abonar en el momento de establecer el proyecto de ejecución.

En tercer lugar, tampoco existe infracción alguna del Real Decreto 1955/2000, ya que las formas de participación pública, en el caso de la tramitación del planeamiento urbanístico, están sujetas a la normativa autonómica, siendo, en este caso el trámite de información pública el previsto por el Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.

Por todo ello se desestima en su totalidad el recurso de casación.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2535/2018 – ECLI: ES:TS:2018:2535)