Jurisprudencia

TS – Urbanismo

By 6 febrero, 2019 No Comments

STS 1106/2018: No se aprecia infracción de la autonomía local cuando la Administración autonómica procede a aprobar un PGO supletorio. Se acredita una suficiente e intensa participación del Ayuntamiento.

STS 1106/2018, de 28 de junio: El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la sentencia de 17 de noviembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sostenido contra el Acuerdo de la Consejería de Ordenación del Territorio de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 30 de junio de 2014 por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Teror.

Este Plan General de Ordenación Supletorio fue dictado conforme al apartado 6 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. En esta DT 3ª se establece que, si expiran los plazos máximos de adaptación de los PGO a las Directrices, la Consejería correspondiente del Gobierno de Canarias, previo requerimiento motivado al ente local para que en el plazo de un mes inicie la tramitación de la adaptación, podrá iniciar la tramitación y proceder a la aprobación de un PGO para determinar una serie de cuestiones como la implantación de sistemas generales, mejora de la calidad alojativa turística etc. Este PGO tendrá carácter supletorio hasta la aprobación de otro promovido por el propio Ayuntamiento.

El recurrente llega a la vía casacional argumentando que la aprobación de este PGO Supletorio de la Villa de Teror vulnera las exigencias constitucionales y legales dimanantes del principio de autonomía local. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza dichos argumentos, ya que, si bien en esta ley se prevén una serie de mecanismos que permiten que la Administración autonómica confeccione planes urbanísticos que inciden, sin duda, en los intereses municipales, también es cierto que se trata de una afectación acotada a unos ámbitos limitados; y con la participación de los entes locales concernidos, en este caso el Ayuntamiento de Teror.

Dicha participación ha sido «intensa y consensuada con la actividad autonómica» pues se firmó no sólo un Convenio de Colaboración el 25 de enero de 2011 sino también una Adenda que lo complementaba en 2013. En definitiva, si bien el TS encuentra admisible que un particular pueda acudir a la acción en defensa de la autonomía local en ausencia de reacción por parte del ente local interesado, no encuentra motivo alguno de infracción del mencionado principio: la participación estrecha del ente local, así como el requerimiento previo necesario que debe ser efectuado por la Administración autonómica salva de reproche, en este sentido, al PGO Supletorio de la Villa de Teror.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2752/2018 – ECLI: ES:TS:2018:2752)