Sábado, Mayo 21, 2022

REPOSITORIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 95/2014: Autonomía local y espacios naturales protegidos: constitucionalidad de la Ley autonómica que pondera adecuadamente el interés supralocal concurrente en la declaración de parque natural y prevé la participación de los municipios afectados en la gestión del espacio; limitaciones a las competencias locales ajenas al contenido de la Ley.
  • STC: 94/2014: Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal autonómico que extiende los deberes de cesión de los propietarios de suelo urbano no consolidado al permitir la adscripción de sistemas generales para el servicio del municipio; interpretación conforme del precepto legal que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas generales incluidos.

 

En la Sentencia 95/2014, de 12 de junio de 2014 (BOE núm. 162, de 4 de julio de 2014), el Pleno del TC resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del parque natural de Laguna Negra y circos glaciares de Urbión.

El Tribunal, después de recordar qué preceptos constitucionales podrían ser canon de validez de la ley autonómica -los arts. 137, 140 y 141 CE que garantizan constitucionalmente la autonomía local y las disposiciones de la Ley Bases de Régimen Local en aquellos aspectos enraizables directamente en los preceptos constitucionales- declara que en el caso concreto no hubo vulneración de la institución de autonomía municipal (FJ 5). Más en concreto, recordando los criterios sentados por la STC 170/1989, de 19 de octubre, donde se enjuició la Ley de la Comunidad de Madrid que creó el parque de la cuenca alta del Manzanares, el Pleno concluye que Ley de las Cortes de Castilla y León enjuiciada en este proceso no contradice esta garantía institucional reconocida en el art. 137 CE. En primer lugar, señaló que el ámbito geográfico del parque y su propia dimensión regional exceden con mucho del interés puramente local, ya que en la relación entre el interés local y el interés supralocal es claramente predominante este último, sin que pudieran realizarse los intereses públicos que la creación del parque tutela a través de la gestión municipal. La zona protegida abarca el territorio de varios municipios, que como regla no pueden ejercer sus competencias fuera de su término municipal (STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 13), (FJ 5). En segundo lugar, el Ayuntamiento de Covaleda no ha acreditado que su participación institucional en la gestión del parque natural sea “una intervención inexistente o meramente simbólica” que impida hacer valer los intereses municipales (STC 170/1989, FJ 9), (FJ 7).

Además, para el Tribunal, el detalle de las limitaciones a las competencias locales procede, no de la Ley autonómica, sino de los planes y medidas que deben ser adoptados en su aplicación. Son de especial importancia, en este punto, el plan de ordenación de los recursos naturales del parque Laguna Negra y circos glaciares de Urbión, plan que es aprobado mediante Decreto de la Junta de Castilla y León, y el plan rector de uso y gestión del parque, adoptado por la Consejería de Medio Ambiente, como vimos antes (arts. 26, 27 y 32 de la Ley 8/1991). Estas disposiciones, junto con las demás medidas o actos de gestión del parque que afecten a la autonomía local, son susceptibles de control por parte de los Tribunales de justicia, en particular los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. De esta forma, mediante el control judicial de los actos de aplicación de la Ley castellano-leonesa 1/2010 puede evitarse un ejercicio de la competencia autonómica que llegue a vulnerar la autonomía que la Constitución garantiza al ayuntamiento donde se localiza, en parte, el parque natural. Lesión de la autonomía que no se produce por la mera previsión normativa de las medidas de protección del espacio natural declarado por la Ley objeto del conflicto. Son los tribunales del Poder Judicial los que, por mandato constitucional (art. 106.1 CE), controlan la legalidad de la actuación administrativa subyacente tanto en la aprobación como en la puesta en práctica de los distintos instrumentos de protección medioambiental del territorio.

Todas las razones anteriores llevan a la conclusión de que la Ley de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, no vulnera la autonomía local constitucionalmente garantizada del Ayuntamiento de Covaleda (Soria) (FJ 8).

Texto completo.

 

En la Sentencia 94/2014, de 12 de junio de 2014 (BOE núm. 162, de 4 de julio de 2014), el Pleno resuelve la Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con los artículos 53.1 f) y 138.2 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

El TC recordando la jurisprudencia consolidada en la STC 164/2001 procede a declarar la nulidad del inciso del precepto legal autonómico que extiende los deberes de cesión de los propietarios de suelo urbano no consolidado al permitir la adscripción de sistemas generales para el servicio del municipio. No obstante, salva la inconstitucionalidad global del precepto procediendo a  la interpretación conforme del precepto legal que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas generales incluidos.

Específicamente el art. 138.2 de la Ley de suelo y urbanismo del País Vasco permite imponer, tanto a los ámbitos de suelo urbanizable, como a los ámbitos de suelo urbano no consolidado en los que se vaya a proceder a una ejecución sistemática de planeamiento, esto es, con equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios del ámbito, la obligación de cesión de los suelos de sistema general incluidos o adscritos a efectos de su obtención, y el costeamiento de su urbanización. En consecuencia, aprobado el programa de actuación urbanizadora, los propietarios de suelo urbano no consolidado estarán obligados, como los propietarios de suelo urbanizable, a ceder los suelos de sistema general incluidos y adscritos y/o a financiar la urbanización, lo que es coherente con la equiparación que ha pretendido la Ley de los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable (art. 25). Así pues, la determinación del art. 138 de la Ley de suelo y urbanismo del País Vasco sí incide en los deberes establecidos en el art. 14.2 LRSV que operan, como condiciones básicas de la propiedad de suelo urbano no consolidado, como límites que deben ser en todo caso respetados por la legislación autonómica.

El art. 14.2 LRSV no permite adscribir al suelo urbano no consolidado sistemas generales para el servicio del municipio, cuando de ello derive un deber de cesión de los mismos. Además, los deberes de urbanización se limitan, en todo caso, a los terrenos incluidos en el ámbito cuando ello sea necesario para dotarle de los servicios urbanísticos exigidos por el planeamiento. De ahí que, conforme a lo establecido en el art. 14.2 LRSV, la urbanización interior del ámbito de suelo urbano no consolidado no comprende ni el deber de costear las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas generales externos —se trata de un deber de los propietarios de suelo urbanizable—, ni menos aún el de costear la urbanización de los sistemas generales externos.

A juicio del Pleno, el 138.2 de la Ley de suelo y urbanismo del País Vasco, en cuanto no permite distinguir entre actuaciones integradas en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, es contrario al art. 14.2 LRSV, pues obliga a los propietarios de suelo urbano no consolidado a soportar el coste de la urbanización de los sistemas generales adscritos.

A conclusión distinta llega el Tribunal, sin embargo, en el caso de los sistemas generales incluidos en un ámbito de suelo urbano no consolidado. Como anteriormente se señaló, la obligación de urbanización que contempla el art. 14.2 LRSV conlleva dotar al sector de los servicios necesarios para el ámbito —urbanización interior— pero no la obligación de urbanizar los sistemas generales que, de acuerdo con la distinción tradicional, sirven al conjunto de la ciudad. Una interpretación sistemática de los arts. 138.2 y 53.1 f) de la Ley de suelo y urbanismo del País Vasco , lleva a la conclusión de que la obligación de los propietarios de costear los sistemas generales no afecta a cualesquiera sistemas generales incluidos, sino que se limita, tal y como establece el art. 53, a cuando “resulten funcionalmente necesarios para el desarrollo de uno o varios ámbitos de ordenación concretos”. La utilización del término sistema general para definir el alcance del deber de costear la urbanización de aquellos que resultan funcionalmente necesarios para el desarrollo de uno o varios ámbitos de ordenación concreta, no sólo es novedosa, sino aparentemente contradictoria con el concepto mismo de sistema general que, conforme a la tradicional distinción a la que se refirió la STC 164/2001, es la dotación que no da servicio al ámbito. Pero en la medida en que la ley autonómica mantiene como criterio determinante del deber de urbanización del sistema general que la urbanización resulte necesaria para ese concreto ámbito, no vulnera el límite establecido en el art. 14.2 LRSV (FJ 6).

Por los argumentos expuestos, declarada la inconstitucionalidad del inciso “o adscripción” del art. 138.2 de la Ley de suelo y urbanismo del País Vasco, el Tribunal considera que este precepto no será inconstitucional siempre que se interprete que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas generales incluidos necesarios para la funcionalidad del ámbito, pero sólo éstos.

Texto completo.

 

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