Domingo, Octubre 21, 2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

  • STSJ Cataluña 853/2017: Sobre la financiación y competencia sobre las escuelas infantiles municipales (Escoles Bressol) en Cataluña.

STSJ Cataluña 853/2017, de 22 de noviembre de 2017: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat contra la desestimación presunta de una solicitud realizada en septiembre de 2014 al Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña solicitando el abono de la subvención para el mantenimiento de guarderías fijada para el curso 2011-2012, así como la formalización de los convenios para los cursos desde 2012-13 hasta 2014-15, junto con los intereses respectivos.

Un mes después de la interposición del recurso la Generalitat abonó el pago correspondiente al curso 2011-2012, por lo que esa pretensión decae a excepción de los intereses.

El TSJC realiza primeramente un recorrido por los antecedentes, así como el contexto normativo que rodea el caso concreto como son la Ley 12/2009 de educación de Cataluña y la Ley 5/2004 de creación de guarderías de calidad, así como los diferentes convenios que se han firmado por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y el Departamento de Enseñanza de la Generalitat desde noviembre de 1992 por las cuales se concedieron subvenciones para el mantenimiento de las guarderías municipales. Y si bien este Departamento dejó de aportar la financiación a partir del curso 2013-2014, el presupuesto de la Generalitat para ese mismo año 2014, incluía partidas destinada al funcionamiento de las guarderías municipales.

El TSJC da respuesta a la cuestión citando su Sentencia 844/2017 que resuelve una situación idéntica.

En primer lugar, establece la competencia de la Generalitat y de los ayuntamientos con respecto a las escuelas infantiles. En el caso de la Generalitat, según el TSJC, tiene la condición de administración educativa conforme al artículo 131 del Estatut de Autonomía que le atribuye competencia exclusiva en materia de enseñanza infantil. En el caso de los municipios, si bien su papel se ha encontrado limitado en este ámbito, la LBRL reconoce la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar algunas materias, entre ellas la creación, gestión y mantenimiento de las escuelas infantiles de titularidad pública, algo que hace el propio Estatut de Autonomía en su artículo 84.

Quedando claros los aspectos competenciales, el TSJC afirma que “la titularidad de la competencia no excluye que las administraciones superiores, específicamente, la Generalitat de Cataluña, queden liberados de toda responsabilidad financiera”.

Con esta afirmación se abre el segundo de los aspectos importantes de esta sentencia y es saber hasta dónde llega esa responsabilidad derivada, según el TSJC, del principio de suficiencia financiera proveniente de la Constitución, del Estatut de Autonomía, así como de la Ley de bases de Régimen Local. En este mismo sentido se expresa el artículo 42.3 de la Ley 12/2009 de educación de Cataluña que expresa que “el sostenimiento de los centros públicos responde a lo establecido, con criterios de suficiencia, en los presupuestos de la Generalidad, y en su caso, en los convenios suscritos entre la Administración educativa y la Administración local”. Por lo tanto, en el presente caso la creación de guarderías y la correlativa asunción de las competencias por parte de los Ayuntamientos “comporta la necesidad de transferir los recursos económicos correspondientes”.

El TSJC concluye por lo tanto que la Generalitat había estado siendo coherente con el mandato anteriormente expresado desde el año 1992 mediante convenios y subvenciones, y que tras no atender a esa responsabilidad financiera cabe reconocer el derecho a percibir de la Generalitat la cantidad de 1.300 euros por alumno y curso -cantidad contenida en el último convenio firmado-, así como los intereses de la subvención establecida en el convenio de 2011-2012, desde la fecha de reclamación hasta el momento de su abono. El TSJC rechaza, por un lado, el reconocimiento de intereses para los restantes cursos ya que no existía una deuda cuantificada hasta el pronunciamiento de la misma sentencia. Y por otro lado, se rechaza la firma de los convenios respectivos, ya que ni la obligación de financiación está obligada a formalizarse mediante el instrumento del convenio, ni tampoco el TSJC encuentra sentido a suscribir convenios para cursos ya realizados, al igual que la firma de convenios para ejercicios futuros que se escapan del objeto del proceso.

 

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