Martes, Septiembre 25, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1068/2017: Vinculación de la ordenanza de tarifas de alcantarillado-saneamiento a los pliegos de condiciones de la concesión del servicio.
  • STS 1249/2017: Valoración de la ausencia del informe técnico-económico y su contratación.
  • STS 1510/2017: Función del informe técnico-económico en la cuantificación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica.

STS 1068/2017, de 16 de junio de 2017: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por Canaragua S.A. contra la sentencia de 28 de enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se declaraba la nulidad del incremento de la tarifa segunda de la ordenanza reguladora de la tarifa de alcantarillado-saneamiento y de prestación del servicio de depuración de San Bartolomé de Tirajana.

La sentencia de instancia basa su fundamentación en un informe pericial judicial que expresaba que numerosos de los gastos contabilizados para justificar el aumento de tarifas no eran tales, como las previsiones por insolvencia o determinados gastos contables y además expresaba que el beneficio industrial en la generalidad de los contratos es del 6%.

El motivo de casación primero y principal parte justamente contra esa estipulación del beneficio industrial, ya que el mismo no se puede sustituir, sino que “ha de partirse de lo pactado en el pliego de condiciones del contrato, por lo que al no hacerlo así la sentencia recurrida, en cuanto sustituye la previsión de aumento del beneficio industrial […] vulnera los preceptos citados por la recurrente” esto es la Ley de Bases de Contratos del Estado (Decreto 923/1965) que es la aplicable al contrato concesional, que establece que los Pliegos de Condiciones son considerados “ley primordial del contrato, teniendo por ende verdadera fuerza y eficacia de ley entre las partes”, por lo tanto el TSJC tiene en cuenta los motivos de razonabilidad sobre los que se basa el perito judicial, pero no las razones de legalidad, al apartarse de lo establecido en el Pliego que rige la concesión.

El segundo de los motivos es la infracción del artículo 24.1 CE y el artículo 222 LEC sobre el principio de cosa material juzgada. En esta parte procede desestimar el recurso ya que no se dan los presupuestos recogidos en el art. 222 LEC ya que las sentencias alegadas por la recurrente son diferentes en el tiempo, recogen fundamentaciones diferentes, con conclusiones diferentes en cada uno de ellos.

Un voto particular expresa que el primer motivo de casación debió ser igualmente desestimado ya que según, el magistrado que lo suscribe, aunque el contrato vincule a las partes contratantes, no obsta para que los particulares receptores del servicio público puedan impugnar las ordenanzas del servicio, sobre todo cuando las partidas recurridas se exceden de lo habitual.

 

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STS 1249/2017, de 13 de julio de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuyo objeto era la ordenanza municipal reguladora de uso público y aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de Aznalcázar, tanto la publicada en el BOP Sevilla de 12 de marzo de 2014, como la publicada el 13 de enero de 2015, idéntica a la anterior, pero eliminando la distinción tarifaria entre empadronados y no empadronados, que era uno de los motivos de impugnación.

La finalidad de la ordenanza no es otra que gravar el aprovechamiento especial del dominio público referido a la recolección de frutos y setas, así como al sesteo y pernoctación propios de las hermandades de la Romería del Rocío que tienen especial incidencia en este término municipal.

El primer motivo de impugnación sobre vulneración de las reglas de valoración de la prueba en lo referente a la ausencia del Informe técnico económico no prospera en el momento de la aprobación inicial del expediente. Se aducía que el informe carecía de fecha, que además ningún órgano de la Administración hacía suyo el informe, y proponía como prueba la certificación de la fecha de licitación del contrato de servicios para la elaboración del informe así como la fecha de recepción del informe.

El Ayuntamiento aportó la factura presentada por el autor del informe cuya fecha es de abril de 2014, por lo que la Junta establece que la valoración de la prueba ha sido arbitraria ya que la aprobación inicial de la ordenanza se realizó en octubre de 2013. El Tribunal Supremo recuerda en este punto que su labor en el recurso de casación es tan sólo la revisión de la correcta aplicación e interpretación de las normas, no pudiendo entrar en las valoraciones fácticas. Por lo que da por buena la argumentación del TSJA que concluía que no existe motivo para considerar la ausencia del informe, tanto por su ubicación en el expediente tras  la providencia de alcaldía, con el que se inicia el expediente; como por la no intervención de la Junta de Andalucía en el trámite de información pública que le hubiera permitido tener acceso a la documentación obrante en el expediente.

Sobre la alegación de inexistencia del contrato, se desecha la misma, ya que la relación contractual con el autor del informe es un contrato menor que no requiere de expediente de contratación, exigiéndose tan sólo la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

 

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STS 1510/2017, de 5 de octubre de 2017: El Tribunal Supremo desestima la pretensión de nulidad planteada en el recurso de casación interpuesto por Red Eléctrica de España contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 30 de mayo cuyo objeto era la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica gas, agua e hidrocarburos, de 7 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Somosierra.

El TS frente a la incongruencia omisiva con respecto al informe técnico-económico, da respuesta a la recurrente, expresando que el mismo debe “plasmar los datos, los parámetros o los módulos que sirven para determinar la base imponible y los elementos que justifican las cuotas que derivan de la aplicación del tipo de gravamen o de las tarifas sobre la base, indicando coherentemente su relación funcional con la utilidad que se grava”. Por lo tanto en el supuesto de hecho, y citando ya otra STS sobre un caso similar, no existe ningún problema en que el informe técnico-económico utilice una justificación similar al de otros Ayuntamientos, o que se use un “informe tipo” realizado por la FEMP. Ya que como bien reconoce la recurrente a lo largo de diez páginas se da cuenta del método elegido y parámetros para establecer la base imponible de la tasa, cumpliendo de esta manera su objetivo.

Por otro lado, rechaza de plano la pretensión de que en la ordenanza deba constar numéricamente las instalaciones que concretan el hecho imponible, ya que, recuerda el TS es un dato que forma parte de la liquidación tributaria; correspondiendo a la ordenanza establecer los elementos configuradores del tributo.

El otro de los motivos de casación es rechazado por el Tribunal Supremo haciendo uso de su jurisprudencia que establece siempre que el método adoptado sea objetivo, público y transparente, proporcionado, no discriminatorio y adecuado a la finalidad que no es otra que determinar el valor en el mercado de la utilidad obtenida por el beneficiario, no existe motivo alguno desde un punto de vista jurídico para discutir la elección del método de cuantificación adoptado por el Ayuntamiento. Por lo tanto se declara conforme a Derecho la Ordenanza fiscal recurrida.

 

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