Domingo, Abril 22, 2018

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1288/2017: Cálculo de la cuantía para admisión de recurso de casación en el caso de revocación de una subvención plurianual para la construcción de un polideportivo.
  • STS 1551/2017: Anulación de la cuantificación de la tasa por utilización privativa del dominio público local a favor de empresas de telefonía móvil en el municipio de Terrassa.
  • STS 1626/2017: Impugnación de presupuestos de mancomunidad, debido, indirectamente a la renuncia de prestación de servicios concretos.

STS 1288/2017, de 18 de julio de 2017: El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Bunyola contra la sentencia de 27 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por el que se desestimaba el recurso presentado ante la revocación de la subvención plurianual otorgada en virtud de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno balear para la construcción de un polideportivo en dicho término municipal.

El Tribunal Supremo estimó que concurría la causa de inadmisión planteada en el artículo 86.2.b) LJCA conforme a la cual no se alcanza el límite previsto de 600.000€ para plantear un recurso de casación.

En el presente caso, el importe de la subvención era a razón de 90.000 euros por anualidad, durante los ejercicios 2003-2022 –excluyéndose 2004 y 2005 por declaración de prescripción en la Sala de instancia-, comprobando por lo tanto que ninguna de las anualidades «consideradas de forma individual, supera la summa gravaminis de los 600.000 euros».

A esta solución llega el Tribunal Supremo mediante el artículo 41.3 LJCA por el que se establece que en caso de acumulación de pretensiones, aunque la misma venga determinada por la suma del valor económico de las pretensiones «no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación», por lo que el TS citando numerosos pronunciamientos en igual sentido ha estimado que debe estimarse siguiendo el concepto de subvención por cada anualidad individualmente considerada.

El Tribunal Supremo añade a lo anterior sobre los diferentes motivos alegados en casación que ninguno de ellos hubiera podido prosperar ya que carecen de fundamento alguno ya que sólo combate los hechos sobre los que se construye la fundamentación de la sentencia de instancia, sin acudir a los elementos exigidos en el artículo 88 LJCA, y por otro lado, la escasa fundamentación sobre la falta de contestación a alguna comunicación por parte de la Administración autonómica, ya que no nos encontramos ante un supuesto de silencio administrativo.

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STS 1551/2017, de 16 de octubre de 2017: El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Terrassa contra la sentencia de 29 de abril de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante la cual se anulaba un artículo de la Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, que recoge la fórmula de cuantificación de la cuota.

La anulación se llevó a cabo por el TSJC en base a la ausencia de información en el expediente sobre la obtención y origen de las muestras de mercados del Informe técnico económico, y por otro lado porque la Ordenanza está equiparando fibra óptica con cable, no pudiendo ser equiparadas por el TSJC en cuanto a la intensidad del uso de ambas tecnologías. Además, no se puede asimilar el número de abonados al grado de intensidad del dominio público ya que «el número de cables o redes que aprovechen el dominio público será el mismo, independientemente del número de abonados».

El recurso de casación se inadmite ya que los motivos planteados para la discrepancia de la valoración de la prueba que se realizó por parte del TSJ tan sólo contiene elementos fácticos y no consideraciones jurídicas que justifiquen una nueva valoración. El Ayuntamiento de Terrassa plantea en casación que la información realmente fue obtenida a partir de la base catastral del suelo del municipio de Tarrassa, sin embargo, propone la infracción del artículo 2 de la Ley del Catastro, que en este punto no se ve atacado, debiendo haberse planteado el mismo a través de infracción de normas relativa a la valoración de la prueba, según el TS. Ya que en sede casacional sólo cabe la revisión de la valoración de la prueba hecha por la Sala de instancia cuando sea «irracional, ilógica o arbitraria».

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STS 1626/2017, de 30 de octubre de 2017: El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por la Mancomunidad de San Marcos contra la sentencia de 22 de junio de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante la que se declaraba la nulidad de pleno derecho de la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2014 de la Mancomunidad.

Dicha nulidad se produjo debido a que el presupuesto impugnado prevé algunos ingresos destinados a los gastos de recogida de residuos que no están previstos, según los ayuntamientos demandantes, entre las finalidades previstas en los Estatutos de la mancomunidad. Los demandantes ya habían renunciado voluntariamente a la prestación de dicho servicio ya que lo realizaban ellos mediante convenios de colaboración, que prevén ya los costes de recogida y tratamiento de residuos, por lo tanto, entendían que de esta forma estaban financiando dicho servicio dos veces.

En el presente recurso se desestiman los motivos de casación planteados por la mancomunidad. El primero sobre que los ayuntamientos impugnaron un acto consentido mediante el acuerdo de aportación de Ayuntamientos a la mancomunidad. El TS estima que dicho acto tiene el carácter de preparatorio por lo que no es impugnable jurisdiccionalmente hasta el momento de la aprobación definitiva de los presupuestos.

El segundo de los motivos se plantea debido a que, según la Mancomunidad, sí cuenta en sus estatutos con la finalidad de eliminación de basuras «desde la recogida y transporte, hasta su completa destrucción», sin embargo, el Tribunal Supremo estima que los estatutos de una mancomunidad son formal y materialmente ordenamiento autonómico y no local por lo que no se cumplían los requisitos del artículo 86.4 que exigía que los motivos deben fundarse en infracción de normas de Derecho estatal, y que en este caso los artículos de Derecho estatal alegados (44 LBRL y 154 LHL) son tan genéricos que no permiten deducir una infracción de las mismas.

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