Sábado, Febrero 16, 2019

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 1852/2017: Aplicación de la doctrina sobre la revocabilidad de la renuncia al cargo de concejal en el caso de las renuncias anticipadas.
  • STS 2036/2017: La propiedad colindante no es motivo suficiente para ser considerado “persona afectada”.
  • STS 2056/2017: Los descuentos a familias numerosas en el transporte metropolitano previstos en la legislación estatal no tienen por qué ser acumulables a los que se establezca en las normas autonómicas.

STS 1852/2017, de 11 de noviembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) contra la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2010 que estimaba el recurso interpuesto dejando sin efecto el acuerdo del presidente de la Junta Electoral Central de 28 de octubre que expedía una credencial de concejal. Si bien el Tribunal Supremo anticipa que el recurso de casación para la unificación de doctrina sobre “materia electoral” es inadmisible según lo dispuesto en la LJCA aplicable a este caso, aprovecha la ocasión para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Las renuncias objeto de controversia son renuncias anticipadas que «voluntariamente aceptan los candidatos mediante su firma, sin que pueda invocarse la ignorancia de las consecuencias que puedan derivarse de una manifestación tan obvia», según el representante de la Junta Electoral Central. Sin embargo, la sentencia recurrida declara que la renuncia es contraria a derecho y por ende la emisión de la credencial también; esto es debido a que la renuncia se presenta por los representantes del partido político y no por los interesados -a los que no se les comunica nada- y, además, el asunto se lleva a un Pleno que tiene lugar al día siguiente sin presencia de los recurrentes y sin que comparezcan de ninguna forma.

El TS recalca que la sentencia impugnada solo aplica la doctrina constitucional sobre la revocabilidad de la renuncia al cargo de concejal hasta que se produzca su toma de conocimiento por el Pleno del Ayuntamiento, y que en el presente caso no se ha observado, ya que la toma en consideración de la renuncia ha sido incluida en el orden del día sin haber sido notificado al interesado.

Recalca que la entrega de un escrito de renuncia junto con la solicitud de afiliación a un partido político en el que, supuestamente, existía un compromiso de dimitir como concejal en caso de división o desacuerdo con la posición del partido carece de efecto alguno ante la decisión del interesado de revocar dicha renuncia.

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STS 2036/2017, de 20 de diciembre: El Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria contra el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de octubre de 2015 por el que se tuvo por personado a Inversiones Garza S.L en el incidente de ejecución de la sentencia del TSJ de Canarias de 10 de octubre de 2002 por la que se anula el Acuerdo por el que se otorgó licencia municipal al Ministerio de Educación y Cultura para la construcción de la Biblioteca Pública del Estado el 25 de septiembre de 1997 anulando también la ordenación de dicha parcela y la inmediata demolición de lo construido.

En lo que respecta a la presente sentencia, se estiman las pretensiones de las administraciones recurrentes, ya que no se ha acreditado suficientemente la condición de “persona afectada” de la mercantil. El TS recuerda que la interpretación que se realiza del concepto de “personas afectadas” debe tener una tendencia favorable y que además se prevé «la actuación procesal de las personas afectadas […] aunque ya antes se hubiera iniciado, sin su presencia, la fase de ejecución de la sentencia». Sin embargo, la condición de propietarios de pisos de un edificio colindante a la parcela sobre la que recae la ejecución de la sentencia no acredita por si sola la situación de persona afectada; por otro lado, la razón de pérdida de luces y vistas que alega la empresa no queda acreditada por la Sala de instancia; asimismo, no se cumple la distancia exigible a los tres metros dispuesto en el artículo 585 CC para las servidumbres de luces y vistas

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STS 2056/2017, de 20 de diciembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña contra la sentencia de 21 de septiembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimaba las pretensiones de la asociación contra la denegación del Director General de Transporte y Movilidad de la Generalitat de Cataluña (y también la desestimación presunta por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano) de aplicar determinados descuentos a familias numerosas en todos los títulos de transporte en el ámbito tarifario de la región metropolitana de Barcelona. Además, se solicitaba que tales descuentos se estimasen compatibles y acumulables a cualesquiera beneficios, descuentos o precios reducidos previstos para los usuarios.

Dichas pretensiones se basaban en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas que establece reducciones del 20 y el 50% en los precios de servicios regulares de transporte de viajeros. Sin embargo, el Director General de Transportes y Movilidad respondía que los beneficios para las familias numerosas se encuentran recogidos en el Decreto 139/2010 de la Generalitat que da cumplimiento a lo previsto a la Ley catalana 18/2003 admitiendo «la vinculación a las medidas protectores contempladas en la Ley estatal 40/2003».

 

En el presente caso, habiendo comprobado que el Decreto 139/2010 respeta los mínimos que impone la Ley estatal que además tiene la consideración de carácter básico solo cabe desestimar el recurso debido a que la asociación recurrente no combate la inadecuación de las tarifas conforme al Decreto autonómico 139/2010. Por lo tanto, la pretensión de que los descuentos previstos en el Decreto autonómico se sumasen a los recogidos en la Ley estatal 40/2003 no puede acogerse, ya que lo que realiza el Decreto es dar cumplimiento a las previsiones básicas de la Ley y no establecer descuentos adicionales a la misma.

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