Se acerca el mes de junio y toca hacer balance de lo aprendido en el curso enfrentándose a los temidos exámenes. Como si de un estudiante se tratase, la Administración se enfrenta a su propio periodo de evaluación en relación con la temporalidad de su personal. Una asignatura que ha ido quedando pendiente curso tras curso y que lejos de conseguir el aprobado, se ha ido consolidando el suspenso.
Calle Gran Vía con Calle Alcalá de Madrid
Uno de los problemas en materia de personal más importantes a los que se enfrenta actualmente el sector público español es la elevada tasa de temporalidad. La contratación temporal de personal laboral va mucho más allá de las necesidades coyunturales a las cuales responde este tipo de contratación. Las causas de este fenómeno son variadas y han ido acumulándose a lo largo de los años. Instrumentos de gestión de personal poco flexibles, procedimientos administrativos de acceso que se dilatan en exceso en el tiempo, falta de medios en los departamentos de personal o limitaciones presupuestarias en tiempos de crisis económicas y presupuestarias son algunas de esas causas. Todo ello ha provocado un exceso de temporalidad, y por tanto, de precariedad en el sector público.
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El teletrabajo en la administración local había dado tímidos avances en los últimos años. Sin embargo, ha sido en la empresa privada donde se había apostado más fuerte por esta forma de trabajo, aunque tampoco su implantación se hizo de forma global. Los mayores progresos se habían producido en las grandes empresas y en sectores concretos como la banca, los seguros o las telecomunicaciones.
La estructura de la Administración no había permitido hasta el momento un cambio en la forma de trabajar que sí permitía la revolución de las nuevas tecnologías. Alguna administración de manera aislada había comenzado a dar pasos en este sentido, pero con un horizonte a medio o largo plazo. Sin embargo, todo esto cambió con la pandemia provocada por la COVID-19. Las medidas impuestas para limitar la circulación de personas con el objetivo de frenar la expansión del virus obligaron a que una gran parte de los empleados públicos y de los trabajadores en general tuvieran que prestar sus servicios a distancia sin acudir de manera presencial a su puesto de trabajo. Se evidenció muy pronto que era necesaria una mayor regulación de un fenómeno que se ha producido de manera brusca, pero a la vez se ha convertido en una forma de trabajar que se irá consolidando incluso cuando se recupere la normalidad.
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Laberinto de setos del Parque Juan Carlos I de Madrid
La figura del indefinido no fijo fue producto de una larga y variante construcción jurisprudencial como consecuencia jurídica para la contratación temporal irregular en las administraciones públicas, donde la sanción impuesta por la norma laboral es la conversión del contrato temporal en indefinido. De esta forma, el Tribunal Supremo encontró una solución que permitía conciliar, por una parte, la responsabilidad de la Administración como empleadora por el abuso de las reglas de contratación temporal, y por otra, los principios de acceso al empleo público que no permiten otorgar al trabajador contratado de forma irregular la condición de fijo de plantilla.
La aplicación de la doctrina de los indefinidos no fijos ha sido pacífica en las resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre irregularidades en la contratación temporal de la Administración. Sin embargo, no ha sido así en el reconocimiento de esta figura en las empresas públicas. Basta con hacer un recorrido por los distintos pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre esta materia para ver los vaivenes que ha sufrido esta cuestión que se ha convertido en verdadero laberinto de pronunciamientos judiciales contradictorios.