Volvemos a interesarnos en este blog por la respuesta municipal al fenómeno del cambio climático; muestra quizás de que se está conformando como uno de los grandes problemas colectivos que afrontamos en la actualidad. Por si no estábamos del todo convencidos, las olas de calor del verano o los trágicos efectos de la gota fría de septiembre han dado otra vuelta de tuerca en la concienciación ciudadana. La reciente publicación del Real Instituto Elcano “Los Españoles ante el cambio climático” informa de que lo percibimos como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, muy por encima de los conflictos armados, las crisis económicas o el terrorismo internacional.
Carmen Navarro y Piotr Zagorski
Y por fin llegaron las undécimas elecciones municipales. Más adelante, cuando se publiquen los resultados definitivos y en el formato que permita un análisis más detallado, podremos profundizar en su estudio. Por el momento, sirvan las siguientes notas como primera aproximación. Con esta entrada despedimos la “Edición Especial 40 años de elecciones municipales” del blog idluam.
Analizar la evolución de la autonomía local en España a lo largo de cuatro décadas significa aproximarse a unos actores que han jugado un papel clave en la modernización del país y en la consolidación de la democracia. Los gobiernos locales fueron, en los inicios de ésta a finales de los años 70, espacios en los que los ciudadanos aprendieron a socializarse en una nueva cultura de libertad, elecciones competitivas y participación en los asuntos públicos; y colaboraron decisivamente a establecer las bases -en servicios y en infraestructuras- para la actividad económica. Desde los ayuntamientos se desplegaron políticas que, en un primer momento, dotaron a ciudades y pueblos de infraestructuras y servicios básicos y más tarde, ante la demanda ciudadana, la habilitación legal para complementar la acción de otras administraciones (antiguo art. 28 LBRL) y gracias a tres lustros de bonanza económica, añadieron a sus objetivos algunos del estado de bienestar, extendiendo su acción a ámbitos como la atención a los mayores, la vivienda o la educación infantil, entre otros.
La presión para incluir en la agenda política estrategias efectivas para el cambio climático es cada vez mayor. Destacan las iniciativas internacionales que contribuyen a que se hable y se actúe por el clima, como la Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, y abundan los actores de la sociedad civil incorporándose cada vez con más fuerza a esta aspiración. Por su impacto mediático recordamos la intervención de la joven activista sueca Greta Thunbergante el Parlamento Europeo o la huelga de jóvenes convocada a nivel mundial el 15 de marzo de 2019 bajo el movimiento Fridays for Future, cuyas movilizaciones vienen repitiéndose en multitud de ciudades, también españolas.
A pesar de su casi nula aparición en las campañas electorales que estamos viviendo en estas semanas, se trata de un asunto de importancia alta entre los retos que afrontamos como comunidad, algo que nos afecta a todos en nuestras vidas diarias: en España en concreto en forma de los episodios de temperaturas extremas, inundaciones, incendios o escasez de agua que ya desde hace algunos años venimos experimentando.
En otras entradas de este blog hemos tratado cuestiones sobre la provisión de servicios públicos por agentes privados. Aquí volvemos a abordarla, en esta ocasión aproximándola por el lado de los retos que plantea el control y seguimiento de los contratos.
Que una infinidad de servicios públicos – recogida de basuras, tratamiento de residuos, transporte público, mantenimiento de los espacios públicos, la educación, los servicios sociales- son gestionados por compañías del sector privado es una realidad incontestable y probablemente poco cambiante a futuro. Ello responde, según el ideario de la Nueva Gestión Pública (NGP), a la idea de aumentar la eficiencia, la eficacia y la calidad del servicio. Sin embargo, existen muchos trabajos que han demostrado que la externalización no es garantía para la mejora en estos tres aspectos. Los resultados insatisfactorios o las experiencias problemáticas suelen atribuirse a fallos del sector privado, como consecuencia del comportamiento oportunista de las empresas, que estarían más centradas en el beneficio económico que en la calidad del servicio. Estas afirmaciones, fieles o no a la realidad, llevan a algunos gobiernos a recuperar servicios previamente externalizados.
Desde hace algunos años se oye hablar de un cierto agotamiento del modelo de la “Nueva Gestión Pública” como paradigma inspirador para la provisión de servicios públicos. Este modelo, surgido en los años ochenta en los países anglosajones y extendido después por todo el mundo, proponía una agenda de reformas fundada en la importación de técnicas propias de la gestión privada a la gestión pública a fin de modernizar la administración y mejorar la eficiencia y eficacia de su funcionamiento. La externalización – o provisión de servicios públicos por agentes privados- fue una de sus más populares recetas, pero incluía otras como los contratos programa, los incentivos al rendimiento, el estilo gerencial de liderazgo o las evaluaciones sistemáticas de servicios.
El III Informe de la Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales (una colección de estudios de diagnóstico y análisis de las 
actuaciones de los municipios madrileños que venimos desarrollando en el Instituto de Derecho Local desde 2016) aborda cuestiones de participación ciudadana. El documento elaborado por la profesora Carmen Navarro y David Alba se presentará el próximo miércoles 13 de junio en la Feria de Madrid en el marco de la tercera edición del Foro de las Ciudades, cuyo eje principal es la ciudad de los ciudadanos, proactivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que impulsan ciudades verdes, resilientes e innovadoras.
En él se hace balance de las políticas locales de participación ciudadana de los 25 municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, a partir de información recogida en las páginas web de los ayuntamientos, en estadísticas oficiales y en las entrevistas realizadas a los responsables técnicos e institucionales de una quincena de ellos. Se ofrecen resultados sobre la organización y recursos de estas políticas, el desarrollo de los mecanismos participativos, así como sobre el impacto, el nivel de actividad, los beneficios y las limitaciones de su implementación.
La elección del alcalde en el Reino Unido
Carmen Navarro (visiting scholar) y David Sweeting (senior lecturer)
Centre for Urban and Public Policy Research.
School for Policy Studies. University of Bristol
Continuando con la línea de reflexión iniciada en este blog sobre la elección directa del alcalde, hoy miramos al Reino Unido como caso que ilustra la introducción del modelo, nos permite observar algunas de las causas que están detrás de este tipo de reforma y ofrece información de interés para poner en contraste con la realidad española.
Leer más …
