La crisis del COVID ha obligado a multiplicar las decisiones públicas que intentan paliar sus efectos en todos los ámbitos -sanitario, social y económico- y en todos los niveles de gobierno. Las rotativas (digitales) de los boletines oficiales están estas semanas a pleno rendimiento y no hay día en que no nos levantemos con una nueva medida o la revisión de una anterior.
Como es lógico en estos momentos de rapto centralizador, el foco de la atención pública y mediática se dirige al nivel central de gobierno, pero no podemos perder de vista la acción de los gobiernos locales. Los que seguimos sus actuaciones constatamos que están siendo particularmente activos en el despliegue de estrategias para hacer frente a la pandemia. Su acción posee diversidad y alcance y contempla desde ayudas sociales, bonificaciones fiscales, retraso o rebaja en el pago de tasas e impuestos hasta la actuación sobre el espacio público, pasando por las medidas de reactivación económica, la modificación de presupuestos, la provisión de equipos informáticos a las familias para reducir la brecha digital, la inversión en obras para dinamizar el empleo o el lanzamiento de premios a iniciativas emprendedoras en la lucha contra la crisis. Se combinan estrategias clásicas de políticas públicas con otras más innovadoras y la casuística es inagotable.
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