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Diego Marín-Barnuevo Fabo

Controversias sobre los coeficientes de incremento de valor del terreno en la nueva configuración de la plusvalía municipal

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La regulación de la plusvalía municipal operada a través del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre de 2021 pretendía resolver todos los problemas derivados de la declaración de inconstitucionalidad declarada en la STC 182/2021, de 26 de octubre. Sin embargo, cabe suponer que esa nueva regulación seguirá planteando problemas, por diversos motivos. Seguir Leyendo Controversias sobre los coeficientes de incremento de valor del terreno en la nueva configuración de la plusvalía municipal

El trámite de consulta pública exigido para la aprobación de reglamentos no resulta exigible para la aprobación de ordenanzas fiscales

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Foto De Personas Cerca De La Mesa De Madera

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos y, para ello, establece la obligación de sustanciar una consulta pública, “con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento·, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones potencialmente afectados por la futura norma.

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El procedimiento tributario de revocación en la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo

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Fachada del Tribunal Supremo en Madrid (España). Autoría: Alfonso Esteban Miguel.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras la reforma del recurso de casación, sigue produciendo cambios significativos en la forma de entender y aplicar nuestro ordenamiento tributario y, muy particularmente, en el ámbito local. Una de sus últimas manifestaciones ha sido la doctrina establecida en relación con el procedimiento de revocación, que probablemente obligue a los ayuntamientos a modificar sus protocolos de actuación en la tramitación de dicho procedimiento.

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Nueva declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU (plusvalía municipal)

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El pasado 3 de noviembre se divulgó a través de la página web del Tribunal Consitucional el texto de la sentencia que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL), así como también el texto del voto particular presentado por el magistrado Conde-Pumpido Touron (al que se adhirió la magistrada Balaguer Callejón) y el voto concurrente del magistrado González Rivas.

La sentencia citada -­que todavía no ha sido publicada en el BOE­- es de una enorme transcendencia porque declara la inconstitucionalidad y nulidad de los principales preceptos reguladores de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), lo que determina “su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad”.

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La cuantificación de los tributos con base en el “valor de referencia”

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Las reglas de cuantificación de los tributos son generalmente complejas y generan mucha litigiosidad, especialmente en los impuestos cuya base imponible está constituida por el “valor real” o “valor de mercado” de dichos inmuebles.

Por ese motivo, la Dirección General del Catastro lleva algunos años desarrollando un método de determinación objetiva del valor de los inmuebles a partir de los datos obrantes en el Catastro y de su “valor de referencia de mercado”, entendiendo por tal “el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga”.

El “valor de referencia de mercado” aparece definido de ese modo en la Disposición Final Tercera de la Ley del Catastro Inmobiliario, donde se añade que, a estos efectos, se “elaborará un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos, y que se publicará con periodicidad mínima anual, previa resolución, en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro”.

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La Administración no puede continuar el procedimiento de recaudación antes de resolver el recurso de reposición (aunque no se hubiera pedido la suspensión de ejecución)

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Fachada del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha introducido cambios significativos en el sistema tributario español desde que entró en vigor el nuevo modelo de recurso de casación establecido en la LO 7/2015 y, muy particularmente, desde que empezó a invocar el principio de buena administración como fundamento de sus decisiones.

En relación con las limitaciones a la continuación del procedimiento de recaudación derivado de liquidaciones impugnados, la sentencia nº 299/2018, de 27 de febrero (ECLI: ES:TS:2018:704), afirmó que la Administración no puede “iniciar la vía de apremio -ni aun notificar la resolución ya adoptada- hasta tanto no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería tanto como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello”.

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El Tribunal Constitucional vuelve a declarar la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal (IIVTNU) en una controvertida sentencia

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Esta semana se ha hecho pública la STC de 31 de octubre de 2019, en la que se declara la inconstitucionalidad del artículo 107.4 TRLRHL “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”.

El contenido de la sentencia no puede considerarse sorprendente, porque el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) está siendo sometido a un escrutinio especialmente severo en los últimos años y, además, las SSTC 26/2017, de 16 de febrero y STC 59/2017, de 11 de mayo, ya permitía aventurar un fallo de esta naturaleza, al establecer que (i) el objeto del tributo es “la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión” (FJ 3º STC 26/2017); y que (ii) el principio de no confiscatoriedad “exige que dicho efecto no se produzca «en ningún caso», lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional” (FJ 2º STC 26/2017).

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Nuevos límites al establecimiento de tasas locales

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Como es sabido, los ayuntamientos pueden establecer tasas por (i) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y, también, por (ii) la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

Dentro de esa segunda categoría, el artículo 20.4 TRLRHL dispone que las entidades locales podrán exigir tasas “por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes”, mencionando seguidamente un total de 27 supuestos distintos que cumplen una función ejemplificativa y no constituyen un listado cerrado.

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Evolución del modelo de financiación local

By Blog Especial 40 años de Elecciones Municipales 2019 2 Comments

La mayoría de los trabajos dedicados al estudio de la financiación local se refieren a la misma como “un mal endémico”, como si existiera un problema cualitativo y cuantitativo que el legislador no hubiera sido capaz de resolver. En nuestra opinión, esa crítica podría estar justificada hace treinta o cuarenta años, pero los cambios producidos en los últimos años permiten dudar de la veracidad de esta afirmación en el momento actual, sin perjuicio de que existan algunos problemas puntuales que justificarían alguna modificación legislativa.

Como es sabido, la Constitución española de 1978 reconoció expresamente los principios de autonomía local y suficiencia financiera en sus artículos 137 y 142, que han condicionado todas las reformas legales producidas desde 1978 orientadas a establecer el modelo de financiación de las entidades locales.

La primera ley que sentó las bases de un nuevo modelo de financiación local inspirado en dichos principios fue la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que reguló las líneas generales del nuevo modelo de hacienda Local.

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