Se acaba de dictar, hace tres días, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta declaración de alarma afecta al conjunto del Estado, que pasa a encontrarse en una situación constitucional extraordinaria. A ella se dedica este texto.
Las constituciones de los Estados de Derecho suelen prever situaciones de emergencia o cualificadamente extraordinarias en las que se altera el orden constitucional ordinario. Las diferencias entre los distintos países -y en esto cuenta mucho la antigüedad de la correspondiente Constitución- tienen que ver con los supuestos que pueden desencadenar la situación de emergencia; con los ámbitos de funcionamiento del Estado en los que se producen alteraciones, en situación de emergencia; y con las posibles afecciones a los ciudadanos, incluidas las posibles restricciones a sus derechos fundamentales.
Sabemos que en la forma de gobierno parlamentaria es esencial la existencia de reservas de ley. Cuanto más amplias e intensas son las reservas de ley, más débil resulta la posición institucional del Gobierno y la Administración, respecto del Parlamento. A partir de aquí, se puede plantear si la técnica de la reserva de ley tiene su oportuna correspondencia, en el ámbito interno de cada ayuntamiento, en una hipotética reserva de ordenanza. Esto es, si en determinadas materias la alcaldía y la junta de gobierno, así como los servicios municipales, no pueden intervenir sin previa regulación del pleno, por medio de ordenanza.
El planeamiento urbanístico es hoy, cada vez más, un instrumento óptimo para muchas políticas públicas estatales o autonómicas. Pensemos en la política de vivienda, tanto estatal como autonómica; en la lucha contra el cambio climático; en las políticas económicas; o incluso en las políticas sociales de las comunidades autónomas. La manera más sencilla de trasladar esas políticas públicas al planeamiento urbanístico es mediante la fijación por ley de estándares urbanísticos sobre usos del suelo.
