Fotografía grúas
Conforme a la nueva Ley madrileña 1/2013, de 8 de octubre, que modifica la Ley madrileña 9/2001, del Suelo (LSM), aún siguen siendo preceptivas las licencias municipales para todas las obras o actuaciones urbanísticas enunciadas en el art. 152 LSM. A falta de respuesta expresa del ayuntamiento, el Derecho urbanístico tradicionalmente ha previsto la obtención de la licencia solicitada por silencio positivo.Esta es la opción más conforme con el art. 24.1 LPAC, que establece como regla general el silencio positivo, frente al negativo. Sin embargo, hoy el silencio positivo se puede considerar residual. El art. 154.7 LSM, en su redacción vigente desde octubre de 2020, se refiere sólo al silencio negativo, por transcurso de tres meses desde la solicitud de licencia sin notificación de la resolución expresa.
Esta regulación del silencio negativo en la LSM se hace de una forma peculiar, que es fuente de dificultades interpretativas. Pues en lugar de establecer por sí y expresamente los supuestos de silencio negativo, el art. 154.7 LSM se remite a “los términos establecidos en la legislación básica estatal”, lo que obliga a consultar los supuestos de silencio negativo del art. 11.4 TRLS 2015. Y lo cierto es que no todas las licencias preceptivas conforme al art. 152 LSM está incluidas en el listado de silencio negativo del art. 11.4 TRLS. Con lo que hay que aceptar que puede haber en la Comunidad de Madrid, aún hoy, algunas licencias urbanísticas preceptivas con silencio positivo. Es claro, sin duda, que para las obras más importantes (nuevos edificios) rige el silencio negativo (pues tales obras están claramente incluidas en el listado del art. 11.4 TRLS). Pero para otras obras también sometidas a licencia previa (conforme al art. 154.7 LSM) puede haber más dudas, al no estar claramente mencionadas en el art. 11.4 TRLS.
A la vista de que la pandemia por COVID-19 se alarga y agrava, y que muchas actividades económicas están sufriendo nuevas limitaciones, numerosos ayuntamientos están impulsando –como ya hicieron en la primera ola de contagios- diversas ayudas económicas a personas o empresas, por situaciones de necesidad ocasionadas por la pandemia. Desde la perspectiva presupuestaria, la anunciada suspensión de la regla de gasto para los ayuntamientos ha de facilitar estas ayudas a personas y empresas, al permitir que los ayuntamientos dispongan de su superávit presupuestario (en puridad, del remanente de tesorería para gastos generales). Varias son las cuestiones y dudas a que dan lugar las ayudas a personas y empresas.
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en la parte específicamente referida a “Madrid Central” (Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo). En realidad, el Tribunal ha dictado tres sentencias. Ahora me refiero sólo a la primera, que se centra en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza y, más en especial, al trámite de información pública.
En la segunda fase de desescalada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 537/2020, que contiene la quinta prórroga del estado de alarma, se ha mantenido la territorialización autonómica y, en paralelo, una cierta municipalizacióndel estado de alarma. Modesta, pero visible.