Sabemos que en la forma de gobierno parlamentaria es esencial la existencia de reservas de ley. Cuanto más amplias e intensas son las reservas de ley, más débil resulta la posición institucional del Gobierno y la Administración, respecto del Parlamento. A partir de aquí, se puede plantear si la técnica de la reserva de ley tiene su oportuna correspondencia, en el ámbito interno de cada ayuntamiento, en una hipotética reserva de ordenanza. Esto es, si en determinadas materias la alcaldía y la junta de gobierno, así como los servicios municipales, no pueden intervenir sin previa regulación del pleno, por medio de ordenanza.
En principio se puede afirmar que la LBRL no contiene una reserva general de ordenanza. Y ninguna ley autonómica de régimen local (menos aún un reglamento orgánico municipal) podría imponer tal reserva total o general de ordenanza. Dicho esto, sí se puede hablar de concretas reservas de ordenanza. Algunas provienen inmediatamente de la LBRL, como la reserva de reglamento orgánico. Otras pueden ser introducidas por las leyes sectoriales estatales o por leyes autonómicas, tanto generales como sectoriales. Y finalmente, también se puede identificar una reserva de ordenanza allí donde existe una reserva de ley. Veamos.
El planeamiento urbanístico es hoy, cada vez más, un instrumento óptimo para muchas políticas públicas estatales o autonómicas. Pensemos en la política de vivienda, tanto estatal como autonómica; en la lucha contra el cambio climático; en las políticas económicas; o incluso en las políticas sociales de las comunidades autónomas. La manera más sencilla de trasladar esas políticas públicas al planeamiento urbanístico es mediante la fijación por ley de estándares urbanísticos sobre usos del suelo.
