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Francisco Velasco Caballero

Comprobaciones de los municipios madrileños sobre las declaraciones responsables de obras ordinarias, tras la Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre

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En el Instituto de Derecho Local, con la participación de nuestros profesores y de expertos externos, estamos organizando varios cursos sobre la aplicación de la nueva Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica el régimen de control urbanístico de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001, de 17 de julio: LSM). Ya en la primera edición del curso, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, han surgido varias cuestiones controvertidas sobre el nuevo régimen local. Voy a dar a continuación mi opinión provisional sobre una de estas cuestiones, la referida a las comprobaciones municipales que siguen a las declaraciones responsables para la realización de obras ordinarias.

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Atenuación del control urbanístico de los municipios madrileños sobre las obras estatales o autonómicas

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Fotografía grúas

La nueva Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, que reforma la vigente Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSM), ha modificado profundamente el control municipal sobre las obras y demás actuaciones urbanísticas. En general, la reforma ha atenuado los controles municipales. Por ejemplo, sometiendo una buena parte de las obras a simple declaración responsable, en lugar de a previa licencia de obras. Otra de las reformas, a la que me refiero ahora, rebaja muy intensamente el ya de por sí muy atenuado control municipal sobre las obras supramunicipales (el regulado en el hasta hoy vigente art. 161 LSM).

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Ayudas económicas municipales frente a los efectos de la COVID-19

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Fotografía de la ciudad de MadridA la vista de que la pandemia por COVID-19 se alarga y agrava, y que muchas actividades económicas están sufriendo nuevas limitaciones, numerosos ayuntamientos están impulsando –como ya hicieron en la primera ola de contagios-  diversas ayudas económicas a personas o empresas, por situaciones de necesidad ocasionadas por la pandemia. Desde la perspectiva presupuestaria, la anunciada suspensión de la regla de gasto para los ayuntamientos ha de facilitar estas ayudas a personas y empresas, al permitir que los ayuntamientos dispongan de su superávit presupuestario (en puridad, del remanente de tesorería para gastos generales). Varias son las cuestiones y dudas a que dan lugar las ayudas a personas y empresas.

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Anulación de “Madrid Central” por defectos de participación ciudadana

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Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en la parte específicamente referida a “Madrid Central” (Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo). En realidad, el Tribunal ha dictado tres sentencias. Ahora me refiero sólo a la primera, que se centra en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza y, más en especial, al trámite de información pública.

Según la sentencia, el Ayuntamiento no respetó debidamente el trámite de información pública que para los municipios en general establece el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y que para la ciudad de Madrid impone el art. 48 de la Ley de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM).

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Nulidad de planes urbanísticos

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Fotografía grúas

Hace unos pocos meses, aún en la “antigua normalidad”, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó una importante sentencia (318/2020) en la que se abría camino la declaración de nulidad absoluta parcial de los planes urbanísticos, cuando la infracción de la ley es individualizable en concretas determinaciones del plan, sin contaminar éste en su conjunto. Esta sentencia fue valorada positivamente por la doctrina, en general. Aunque en seguida mi colega JA Chinchilla planteó si esa apertura hacia la nulidad absoluta-parcial regía sólo para infracciones sustantivas del plan o si también podría ampliarse a casos en los que la infracción es procedimental, como la no solicitud de un informe preceptivo sobre recursos hidrológicos o de telecomunicaciones.

Pues bien, en aparente respuesta a esta pregunta, la más reciente STS de 27 de mayo de 2020 (RC 6731/2028) amplía los confines de la nulidad absoluta parcial hacia los defectos procedimentales. En concreto, el plan general de Yaiza (Lanzarote), que se había aprobado definitivamente sin haberse recibido aún el preceptivo informe litoral del Estado (conforme al art. 117.2 de la Ley de Costas), se declara nulo de pleno Derecho sólo para la ordenación urbanística referida a la parte litoral del término municipal, donde rigen las servidumbres y prohibiciones urbanísticas de la Ley de Costas.

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Ayuntamientos “en la segunda fase”

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En la segunda fase de desescalada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 537/2020, que contiene la quinta prórroga del estado de alarma, se ha mantenido la territorialización autonómica y, en paralelo, una cierta municipalizacióndel estado de alarma. Modesta, pero visible.

Así, conforme a la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, en la “fase 2” de la desescalada las Comunidades Autónomas pueden modificar –con límites- el aforo de los museos (art.3.3) o de los establecimientos de hostelería y restauración (art. 3.5), lo que lógicamente repercute también sobre los ayuntamientos. Más allá, en lo que se refiere directamente a los municipios, se prevé que los ayuntamientos puedan solicitar al Ministerio de Sanidad la no aplicación de las medidas de flexibilización correspondientes a la “fase 2” (art. 9.1 de la Orden SND/427/2020).

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Restricciones a la libertad de circulación por bando de alcaldía

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En el inicio del estado de alarma, algunos alcaldes dictaron bandos o decretos de alcaldía en los que se imponían limitaciones a la libre circulación, o a la actividad comercial, adicionales respecto de las establecidas con carácter general por el Gobierno en el art. 7 del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. Conocido es, por ejemplo, el bando del Alcalde de Tres Cantos (que fue muy rápidamente revocado) en el que se limitaba a días alternos la movilidad de los vecinos, incluso para la realización de algunas de las actividades no prohibidas en el art. 7 del Real Decreto 463/2020. También, el alcalde de Alcañiz precisó y amplió, mediante un bando, algunas de las prohibiciones impuestas por el Real Decreto 463/2020. Algún alcalde, como el de Xeraco (Valencia) incluso ordenó el bloqueo físico, mediante vallas y montones de tierra, de los accesos rodados al municipio. La rápida expansión de estos bandos motivó una comunicación de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que expresamente se requería a los alcaldes a atenerse a la ejecución estricta, en sus propios términos, de las prohibiciones dictadas por el Gobierno o por los ministros que actuaban como “autoridades delegadas”. En aquella comunicación se cuestionaba la competencia municipal (y en concreto, del alcalde) para imponer restricciones adicionales a la libertad de circulación, más allá de las “medidas de alarma” acordadas por el Gobierno. En mi opinión, la cuestión suscitada es muy compleja, y no se limita a la simple afirmación o negación de la competencia municipal. Confluyen aquí cinco elementos normativos cuya interacción determina la posibilidad de restricciones municipales de la movilidad: la existencia de un principio constitucional que obliga a todos los poderes públicos a proteger la salud de los ciudadanos (art. 43 CE); la necesidad de competencia material suficiente para que un ayuntamiento pueda actuar en relación con la epidemia; la necesidad de una autorización legal también suficiente para limitar el ejercicio de un derecho fundamental, en un ámbito de competencia municipal; la exigencia de proporcionalidad en toda limitación de la libertad; y la prohibición de que las posibles medidas restrictivas municipales entren en contradicción con las “medidas de alarma”, dictadas por el Gobierno.

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Estado de alarma y distribución territorial del poder

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Se acaba de dictar, hace tres días, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta declaración de alarma afecta al conjunto del Estado, que pasa a encontrarse en una situación constitucional extraordinaria. A ella se dedica este  texto.

Las constituciones de los Estados de Derecho suelen prever situaciones de emergencia o cualificadamente extraordinarias en las que se altera el orden constitucional ordinario. Las diferencias entre los distintos países -y en esto cuenta mucho la antigüedad de la correspondiente Constitución- tienen que ver con los supuestos que pueden desencadenar la situación de emergencia; con los ámbitos de funcionamiento del Estado en los que se producen alteraciones, en situación de emergencia; y con las posibles afecciones a los ciudadanos, incluidas las posibles restricciones a sus derechos fundamentales.

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Reservas de ordenanza municipal

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Sabemos que en la forma de gobierno parlamentaria es esencial la existencia de reservas de ley. Cuanto más amplias e intensas son las reservas de ley, más débil resulta la posición institucional del Gobierno y la Administración, respecto del Parlamento. A partir de aquí, se puede plantear si la técnica de la reserva de ley tiene su oportuna correspondencia, en el ámbito interno de cada ayuntamiento, en una hipotética reserva de ordenanza. Esto es, si en determinadas materias la alcaldía y la junta de gobierno, así como los servicios municipales, no pueden intervenir sin previa regulación del pleno, por medio de ordenanza.

En principio se puede afirmar que la LBRL no contiene una reserva general de ordenanza. Y ninguna ley autonómica de régimen local (menos aún un reglamento orgánico municipal) podría imponer tal reserva total o general de ordenanza. Dicho esto, sí se puede hablar de concretas reservas de ordenanza. Algunas provienen inmediatamente de la LBRL, como la reserva de reglamento orgánico. Otras pueden ser introducidas por las leyes sectoriales estatales o por leyes autonómicas, tanto generales como sectoriales. Y finalmente, también se puede identificar una reserva de ordenanza allí donde existe una reserva de ley. Veamos.

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Equalizing the income of urban and rural municipalities: a comparison between Spain and Canada (Ontario)

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Over the next four years, in the EU research pro ject LoGov we will compare in several countries, both European and non-European, the different institutional and functional features of urban and rural municipalities. One of the aspects that we will consider is that of municipal financing. In the following, an initial, provisional and elementary comparison is drawn between the financing of Spanish municipalities and those of Canada. I thank Enid Slack of the University of Toronto for her crucial insights that have helped me understand the Canadian local financing system.

With global data, both in Spain and in the different provinces of Canada (since in this country local governments concern each province) revenues from own taxes contribute the majority of municipal revenues. The greatest differences are observed in the typology of taxes from which the income derives and in the other complementary sources of financing (borrowing excluded). Let us start with a simple description of the sources of municipal income in each country.

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