Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).
Una de las múltiples cuestiones que suscita su regulación es la aplicación del art. 26.5 de la LGT, que regula la liquidación de intereses de demora cuando resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación en los casos de anulación administrativa o judicial de la liquidación originaria. El citado precepto ordena computar los intereses sobre el importe de la nueva liquidación, desde el día que resulte conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 26 de la LGT, y hasta que se dicte la nueva liquidación, sin que el dies ad quem pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución anulatoria.
Como señalamos en el anterior 