Fachada del Tribunal Supremo
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto de gestión compartida, lo que supone, en síntesis, que la Administración tributaria del Estado tiene atribuida originariamente la gestión censal y la inspección del impuesto, así como la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales, y a los ayuntamientos corresponde la gestión tributaria de las cuotas municipales.
Este peculiar sistema de gestión se complica con la presencia de fórmulas de redistribución competencial, que incluso pueden resultar simultáneas: unas “descendentes”, atribuyen el ejercicio de las competencias estatales a otras administraciones tributarias de ámbito territorial inferior (art. 91.1 y 3 TRLRHL); y otras “ascendentes”, posibilitan que los ayuntamientos puedan delegar o establecer mecanismos de colaboración en relación con la competencia de gestión tributaria con entidades territoriales supramunicipales (arts. 7 y 8 TRLRHL).
Seguir Leyendo La inspección tributaria del IAE a la luz del principio de buena administración
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Para hacer frente a dicha situación, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre otras cuestiones, el art. 7 del citado RD 463/2020 estableció importantes limitaciones a la libertad de circulación de las personas, y su Disposición Adicional Tercera procedió a regular la suspensión de los plazos administrativos.
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).