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Mónica Domínguez Martín

Conclusiones de la Abogada General del TJUE en relación con la acción concertada social de la Comunidad Valenciana. En especial, la exclusión de las entidades con ánimo de lucro

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Bandera de la Comunidad Valenciana.

Bandera de la Comunidad Valenciana. Autoría: Freepik.

Hace justo un año, en este mismo blog (ver blog IDL-UAM del 10 de febrero de 2021) daba cuenta de la presentación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de una cuestión prejudicial (asunto C-436/20) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, en lo fundamental, plantea si la limitación de los llamados “conciertos sociales” a entidades sin ánimo de lucro que realiza la normativa valenciana es o no contraria a las libertades de establecimiento y prestación de servicios del TFUE, la Directiva de Servicios y las Directivas de contratación pública. Más concretamente, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), asociación integrada por diversas empresas privadas, solicita ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la anulación del Decreto 181/2017 de la Comunidad Valenciana, al considerar que se opone a que las entidades con ánimo de lucro celebren “acuerdos de acción concertada” con la Administración pública. En virtud de estos acuerdos, la Administración encomienda a entidades de iniciativa social la gestión de determinados servicios sociales y, a este respecto, no está obligada a seguir los procedimientos establecidos en la legislación de la Unión sobre contratación pública. El problema para la entidad recurrente es que el Decreto valenciano 81/2017 establece que solo las entidades privadas sin ánimo de lucro (no solo a las organizaciones o asociaciones de voluntariado) pueden celebrar tales acuerdos para la prestación de servicios sociales a cambio de una remuneración sin que tengan que pasar por un proceso competitivo, transparente y en el que rija la igualdad de trato.

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Fusión de municipios y lucha contra la despoblación (a propósito del caso de Don Benito y Villanueva de la Serena)

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El 20 de septiembre de 2021, los alcaldes de dos ayuntamientos de Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena, en un acto en el que estuvieron acompañados por todos los grupos municipales que integran ambas localidades y los alcaldes de las nueve entidades locales menores a ellas vinculadas, además de contar también con el respaldo regional, anunciaron su deseo de convocar una consulta popular para preguntar a su población sobre la posibilidad de constituirse en un único municipio. La consulta se celebrará el 20 de febrero de 2022, una vez que fue autorizada por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre pasado, y deberá contar con el respaldo mayoritario de los ciudadanos que supere el 66 por ciento. El proceso de unión culminaría en 2031 con el nuevo municipio, que tendría la denominación de Don Benito-Villanueva, que contaría con una población de unos 64.000 habitantes, siendo el tercero más grande de la región, tras Badajoz y Cáceres, y superando a Mérida.

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La acción socio-sanitaria concertada (de la Comunidad Valenciana) ante el TJUE

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Fotografía de la ciudad de MadridComo a estas alturas ya es bien conocido (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018), tanto el Derecho de la Unión Europea como el Derecho español (LCSP) reconocen las singularidades de los contratos de servicios a las personas, así como de las asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro que actúan en este ámbito. Y, a partir de este dato, acepta la construcción de un régimen peculiar de contratación en este ámbito. Pero, para configurarlo, el legislador español (al igual que hizo la Directiva) ha optado no por establecer una regulación específica y diferenciada, sino que, simplemente, establece ciertas peculiaridades a lo largo del articulado de la vigente Ley de Contratos del Sector Público. A partir de estas determinaciones normativas, el Informe 52/18 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (ver blog IDL-UAM de febrero de 2020) concluye que no existe ninguna obligación legal de acudir a un contrato público para gestionar este tipo de servicios, siendo posible utilizar otro tipo de fórmulas (se entiende que se refiere a fórmulas no contractuales) como, por ejemplo, las enumeradas sin ánimo de ser exhaustivo en el artículo 11.6 de la Ley, siempre que se cumplan los requisitos que este precepto prevé.

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Licencias y declaraciones responsables urbanísticas en la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

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Fotografía grúas

En los últimos años, y de la mano de los condicionantes normativos impuestos desde el Derecho de la Unión Europea para garantizar el mercado interior y la libre circulación de servicios, el Derecho español ha abordado una estructural y radical transformación del modelo de intervención administrativa de la actividad privada, en un intento de eliminar o reducir la intensidad de los mecanismos de control administrativo previo al ejercicio de ciertas actividades de los particulares.

De esta forma, la búsqueda de la simplificación administrativa ha alcanzado a los instrumentos de intervención del suelo. Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, la licencia urbanística, como típica y tradicional técnica de control preventivo de la edificación, está siendo sustituida por otros mecanismos de control a priori más sencillos: declaración responsable o comunicación previa.

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El papel (¿protagonista?) de los municipios en el otorgamiento del Ingreso Mínimo vital

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El modelo competencial diseñado por la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica en materia de servicios sociales se parece más a la de una Administración indirecta de la Comunidad Autónoma gestionando competencias delegadas o encomendadas, que a la actividad desarrollada por una entidad dotada constitucionalmente de autonomía en ejercicio de competencias propias. Destacadamente en esta materia, las Comunidades Autónomas tienen un gran espacio y poder, tanto desde el punto de vista competencial y del diseño y planificación de la política social, como por el poder financiero del que disponen. De este modo, la Comunidad Autónoma se encuentra en condiciones de programar muy intensamente la actuación municipal en este ámbito.

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Competencias municipales en servicios sociales y financiación extraordinaria en el contexto de la crisis sanitaria motivada por el covid-19

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La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) llevada a cabo por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 27/2013 (LRSAL) alteró notablemente, al menos sobre el papel y de inicio, el esquema competencial en materia de servicios sociales en la relación entre Comunidades Autónomas y entidades locales, y generó, en el momento de aprobación, importantes conflictos normativos entre diversos bloques de normas, además de hacer correr ríos de tinta entre la doctrina, culminando con los correspondientes pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional, con anulación de normas incluida. El resultado de esta reforma se puede expresar, de manera muy escueta, en afirmar que el legislador estatal procedía a (intentar, al menos) reducir el papel protagonista de las entidades locales en la prestación de servicios sociales, con la finalidad de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones existentes en aquel momento (según confiesa expresamente la Exposición de Motivos de la propia Ley), en aras de los principio de eficacia de la actuación administrativa, eficiencia en el uso de los recursos públicos y estabilidad presupuestaria y control del gasto público.

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Delimitación del concepto y régimen jurídico de los contratos de servicios sociales: Informe 52/18, de 21 de octubre de 2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

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No es la primera vez que nos ocupamos de los llamados contratos de prestación de servicios a las personas en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en adelante, LCSP (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018). En esta ocasión se pretende dar cuenta del reciente Informe 52/18 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE, en adelante) que constituye un intento de fijar el concepto y régimen jurídico de este tipo de contratos de servicios.

Como ya es bien sabido, además de la supresión del contrato de gestión de servicios y su sustitución por las nuevas modalidades de contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios (arts. 15 y 17 LCSP), la LCSP 2017 configura una nueva categoría de contratos en función de su objeto: aquellos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (conocidos también como “contratos a las personas”), para los que la LCSP establece un régimen jurídico especial, denominándoles “servicios especiales” del Anexo IV.

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Notificaciones defectuosas y derecho a interponer recurso (a propósito de la STC 112/2019, de 3 de octubre)

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Hace unos días (el 31 de octubre de 2019), el Boletín Oficial del Estado publicaba la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre (ECLI:ES:TC:2019:112), en relación con un recurso de amparo interpuesto por la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.

En el inicial recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la luego recurrente en amparo alegó, entre otras cosas, que la resolución no le había sido notificada correctamente. La recurrente argumenta que no se trató de una verdadera notificación puesto que el acto de comunicación no contenía ni el texto íntegro del acto, ni las exigencias y garantías derivadas de la legislación del procedimiento administrativo común: la indicación de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que contra el mismo procede, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo. Recibido el recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el art. 69.c LJCA, lo inadmitió por considerar que el acto impugnado (del Director General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad y Política Social del Gobierno de la Región de Murcia) no agotaba la vía administrativa, al ser susceptible de recurso de alzada ante el Consejero competente. Contra la sentencia de inadmisión del Tribunal Superior de Justicia se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sala de lo contencioso-administrativo, por falta de interés casacional objetivo. Recurrida esta decisión a través de la interposición de recurso de amparo, en la Sentencia que estamos comentando, el Tribunal Constitucional declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, así como la providencia del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación por falta de interés casacional objetivo.

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El Tribunal Constitucional y la protección de los datos ideológicos frente a los partidos políticos

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Apenas tres días después de la celebración de las últimas elecciones locales, europeas y para gran parte de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia, de 22 de mayo de 20189, que anula el art. 58.bis.1 de la LOREG, que fue modificado por la Disposición Final 3ª (apartado 2) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). El recurso fue interpuesto por el Defensor del Pueblo.

El reproche que se hacía a este precepto es que podría permitir a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallan el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados de las redes sociales) sin su consentimiento previo.

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Servicios y políticas locales. Externalización y reinternalización: un camino de ida y vuelta.

By Especial Blog 40 años de Elecciones Municipales No Comments

Un repaso a los últimos 40 años permite advertir cómo la gestión de los servicios públicos, en general y los locales, en particular, han pasado de las manos de los particulares, al sector público, volviendo después, otra vez, a las manos de los particulares. Esto es, en este ámbito, como ha dicho Hellmutt Wollmann, asistimos a una lógica pendular, que oscila desde la transferencia del servicio público a un proveedor externo, del sector privado (por outsourcing, contratación), a favorecer el proceso inverso: el “retorno” a la gestión pública, tanto en el caso de que la “propiedad” vuelva a ser pública como en el caso de que la gestión vuelva a las manos del sector público, mediante un proceso igual y opuesto al de outsourcing, llamado insourcing (reinternalización).

Durante bastante tiempo (con especial intensidad a partir de años ochenta del siglo pasado, hasta ya iniciado el presente) se fueron ampliando los servicios públicos y se impuso su gestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, imponiéndose la lógica conforme a la cual las Administraciones Públicas debían actuar como responsables de la garantía de la prestación de los servicios públicos en condiciones de calidad, igualdad y continuidad, pero descargándose de las tareas de prestación de tales servicios, que deberían ser encomendados a sujetos privados, que estarían en mejores condiciones de llevarlos a cabo. Desde hace ya unos años, sobre todo coincidiendo con la crisis económica que comenzó en torno a 2008, el péndulo parece haber vuelto a oscilar. La organización, o mejor, la reorganización y racionalización de todo el sector público han ocupado una posición central en el debate social, político y jurídico tanto español, como en países de nuestro entorno, así como entre las medidas a adoptar para recortar el gasto público.

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