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Moneyba González Medina

¿Cómo está funcionado la Ley de Contratos del Sector Público a nivel local? Los gestores de contratos de servicios públicos nos lo cuentan

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Fuente: https://pixabay.com/es/photos/tablero-tiza-negocios-4862180/

En esta entrada tratamos de dar respuesta a esta pregunta a partir de los hallazgos de una reciente investigación[1], cuyos resultados se recogerán en el libro “La externalización de servicios públicos a nivel local. Experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos” (Reynaers et al., 2021), que el Instituto Nacional de Administración Pública publica a finales de este mes. El análisis pone el foco en los factores institucionales, organizacionales e individuales que influyen en la gestión de los contratos de servicios externalizados. Aspectos como el diseño del contrato y los pliegos, el seguimiento y la corrección del desempeño en caso de incumplimiento son analizados a partir del relato de los propios gestores de contratos en el ámbito local.

Como se recordará, el 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponían a nuestro ordenamiento las Directivas Comunitarias sobre adjudicación de contratos de concesión y contratación pública. Lo hacía con casi dos años de retraso y después de que España fuera sancionada por la Unión Europea. Sus dos objetivos principales eran, en primer lugar, conseguir una mayor transparencia en la contratación pública y, segundo, lograr una mejor relación calidad-precio. De este modo se pretendía acabar con las prácticas de corrupción y fraude, además de sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos. Todo ello debía conseguirse mediante una simplificación de los procedimientos de contratación, que redundaría, además, en una mayor calidad de la contratación y satisfacción de los usuarios con los servicios.

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¿Está preparada la Administración local para la transición digital? Situación y oportunidades para la recuperación

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Autores: Criado, I.; Pastor, V. y Villodre, J.

En tiempos de distanciamiento social, la interacción digital con las administraciones se ha vuelto una práctica más habitual. Nadie hubiera imaginado este escenario en 2017, cuando la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea presentó una guía en eGobierno para promover la transición digital de las administraciones locales y regionales. En dicha guía se recogía información sobre una serie de instrumentos y oportunidades de financiación en el marco del Plan de Acción 2016-2020. Este plan estaba destinado a promover tres prioridades políticas:

    • La modernización de las administraciones públicas para la provisión eficaz y eficiente de servicios públicos: make it simple.
    • La interoperabilidad transfronteriza, esto es, la prestación de servicios públicos más allá de las fronteras: make it for all.
    • La promoción de las interacciones digitales con la administración y la implicación de ciudadanía, asociaciones y/o empresas en el diseño e implementación de nuevos servicios: make it together.

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La dimensión urbana en la Política de Cohesión post-2020

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El pasado mes de enero fue relevante para las ciudades. En primer lugar, el Ministerio de Fomento cambió su denominación tradicional por la de Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana[1]. De este modo, la Política urbana en España parece adquirir, por primera vez, una mayor visibilidad y grado de institucionalización. En segundo lugar, la ciudad de Oporto acogió el 4th Cities Forum 2020, un evento bianual organizado desde 2014 por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.

[1] Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales,​ corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edificación y suelo”.

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Agenda urbana para la UE: gobernanza multinivel en acción

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El título de esta entrada se corresponde con el de un reciente documento de la Comisión Europea (2019) en el que se da cuenta de cómo la Agenda urbana para la UE (2016) ha logrado llevar a la práctica la noción de “gobernanza multinivel” (MLG, por sus siglas en inglés). Y es que la MLG no solo es un término cada vez más presente en el discurso político, sino que tiene una gran importancia para la acción en el mundo local.

El origen del concepto se sitúa en la década de los noventa (Marks, Hooghe y Blank, 1996) y su desarrollo se debió a tres factores principales (Stephenson, 2013; Tortola, 2017). En primer lugar, la reforma de los Fondos Estructurales de la CEE en 1988, que puso un mayor énfasis en los principios de coordinación y partenariado (especialmente en la Política de cohesión). En segundo lugar, la movilización y proliferación de grupos de interés integrados en las redes de política pública en el contexto comunitario y, por último, la institucionalización del principio de subsidiariedad(Tratado de Maastricht, 1992), que consolidó la idea de que la acción política debe desarrollarse en el nivel de gobierno más efectivo y cercano a la ciudadanía.

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La Agenda Urbana Española, ¿oportunidad u oportunismo?

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En su libro “El triunfo de las ciudades”, Edward Glaeser, experto en economía urbana de la Universidad de Harvard, afirmaba que “es más probable que la solución de los problemas urbanos proceda de la iniciativa local que de la política federal” (2011: 127). Sin embargo, llama la atención que en los últimos años estemos asistiendo a una proliferación de marcos de política para la solución de problemas urbanos promovidos, precisamente, por entes supralocales. En concreto, nos referimos a los procesos de “agenda urbana”.

Y es que este término, frecuentemente empleado como sinónimo de “política urbana”, se ha ido extendiendo. En 2016, Naciones Unidas elaboró la Nueva Agenda Urbana, solo unos meses después del lanzamiento de la Agenda urbana para la UE.En la misma línea, países de todo el mundo han puesto en marcha sus propias agendas, que se presentan como una nueva generación de políticas urbanas que adoptan la forma de marcos estratégicos y se basan en el empleo de instrumentos propios de lo que se conoce como “Nueva Gestión Pública”. Además, el despliegue de estas agendas urbanas, dado que no se formulan en clave normativa, exige un fuerte compromiso por parte de los actores concernidos. Los mecanismos que generan esa voluntad de adhesión son muy variados como, por ejemplo, la mera sintonía “ideológica” con los objetivos de la política, la oportunidad de lucirse o “colgarse una medalla”, o la expectativa de tener acceso a los recursos (en gran medida, económicos) asociados a la misma.

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Las dimensiones del poder urbano

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En los últimos años, la cuestión urbana ha irrumpido con fuerza en el ámbito político. Los números hablan por sí mismos: más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. En el caso de Europa, las ciudades concentran casi el 70% de la población, el 70% de los puestos de trabajos y servicios, generan el 85% del PIB de la Unión Europea y también la mayor parte de las externalidades negativas asociadas a los procesos de urbanización y desarrollo económico. Dicho de otro modo, las ciudades se han convertido en lugares estratégicos a la hora afrontar los retos (sociales, económicos, ambientales, territoriales y de gobernanza) del desarrollo sostenible.

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