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Ayuntamientos “en la segunda fase”

En la segunda fase de desescalada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 537/2020, que contiene la quinta prórroga del estado de alarma, se ha mantenido la territorialización autonómica y, en paralelo, una cierta municipalizacióndel estado de alarma. Modesta, pero visible.

Así, conforme a la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, en la “fase 2” de la desescalada las Comunidades Autónomas pueden modificar –con límites- el aforo de los museos (art.3.3) o de los establecimientos de hostelería y restauración (art. 3.5), lo que lógicamente repercute también sobre los ayuntamientos. Más allá, en lo que se refiere directamente a los municipios, se prevé que los ayuntamientos puedan solicitar al Ministerio de Sanidad la no aplicación de las medidas de flexibilización correspondientes a la “fase 2” (art. 9.1 de la Orden SND/427/2020).

También la misma Orden impone a los ayuntamientos la elaboración de “planes de adecuación de los espacios públicos” (art. 10). El Derecho local ordinario ya permitía a los ayuntamientos ordenar el uso de los espacios públicos, para evitar los contagios. La novedad, ahora, es que la “adecuación” de los espacios públicos se realiza en régimen de alarma, no ordinario, y por tanto con desplazamiento de cualesquiera límites normativos que pudieran dificultar su efectividad. Y precisamente porque estos planes de “adecuación” de los espacios públicos se realizan en régimen de alarma, al amparo de la facultad gubernativa de dar órdenes a cualesquiera autoridades (art. 9.1 LOEAES), la misma Orden ministerial que impone esos planes dispone que se elaborarán por los ayuntamientos bajo la coordinación de las Comunidades Autónomas. En condiciones normales, ese poder de coordinación autonómica sólo sería posible si estuviera expresamente previsto en la ley (art. 59 LBRL). Pero tratándose de una medida de alarma, no rige esa exigencia legal.

Algo similar se puede decir para el uso de las playas. También aquí el art. 5.4 de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, autoriza a los ayuntamientos a establecer limitaciones de ocupación, distancias mínimas, reglas de acceso y límites de permanencia en las playas. Estas facultades municipales resultan del mandato de distancia intersubjetiva mínima de dos metros en las playas (art. 5.4.1 de la Orden), por lo que las facultades municipales tienen como único fin “asegurar” su cumplimiento. En régimen ordinario, y conforme a la legislación de costas, los ayuntamientos no disponen de facultades tan amplias para disciplinar el uso de las playas. Así, por ejemplo, el art. 54.2 del Reglamento de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre) reserva a la Administración estatal (previo informe autonómico y municipal) la fijación de los accesos públicos a las playas, así como los aparcamientos correspondientes. De otro lado, los arts. 68.2, 69.2 y 74 del Reglamento de Costas fijan ratios o límites de ocupación de las playas. Pues bien, durante el estado de alarma, y conforme a lo establecido en el art. 5.4 de la Orden SND/440/2020, cada ayuntamiento es competente para disciplinar el uso común de las playas a fin de mantener la distancia social de dos metros, lo cual puede justificar una superficie de playa ocupada superior a la que de ordinario permitiría el Reglamento de Costas.

Francisco Velasco Caballero

Catedrático de Derecho administrativo

Universidad Autónoma de Madrid

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