Fotografía del laberinto de setos del Parque Juan Carlos I de Madrid
Durante el tercer estado de alarma, el declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (luego prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre), se ha puesto en marcha, en paralelo a la lucha contra los contagios, el proceso de reconstrucción de la economía con ingentes recursos financieros de la Unión Europea (aproximadamente 140.000.000 millones de euros para España). En este proceso de reconstrucción los ayuntamientos y las diputaciones provinciales van a actuar, a lo sumo, como Administraciones indirectas del Estado, más que como entidades autónomas.
Parecería que la posición de subordinación de las entidades locales a las autoridades estatales durante los estados de alarma (al amparo del art. 9.1 de Ley orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio) ha generado inercias que se proyectan más allá de la emergencia sanitaria, guiando el proceso de recuperación económica. Aunque el actual proceso de reconstrucción es diferente al de los planes económicos especiales de 2008 y 2009 (Fondo Estatal de Inversión Local [FEIL], aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre; y Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local [FEESL], aprobado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre), en buena medida la posición jurídica de los gobiernos locales es comparable: actúan como agentes instrumentales de la política económica del Estado
Fotografía grúas
El 15 de abril de 2021, el mismo día que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional Alemán declarando inconstitucional la ley que limita el precio de los alquileres en Berlín (por razones estrictamente competenciales), se celebró el Seminario (en línea) organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales “Problemas actuales del derecho a la vivienda”, coordinado por Miguel Beltrán de Felipe, con una notable asistencia de público y donde intervinieron algunos de los más reputados especialistas en este ámbito.
La intervención inicial del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla- La Mancha, Miguel Beltrán de Felipe, tuvo como objetivo destacar el relativo y limitado papel funcional de los juristas en este ámbito, destinado a traducir a reglas las distintas opciones políticas o económicas, aclarando que el seminario no giraba sobre la regulación de la futura Ley estatal del derecho a la vivienda. En esta ponencia introductoria se identificó como había sido concebido como un falso problema (o al menos, mal enfocado) la debilidad de la política pública de vivienda, ante la gran inversión privada en vivienda, con una gran oferta de vivienda construida, superior a la demanda real. Sólo a partir de la crisis, económica e inmobiliaria, y la realidad de los desahucios y de los problemas para hacer frente a las hipotecas contratadas, comienzan a adoptarse medidas públicas, fundamentalmente a través de las normas autonómicas que permiten la expropiación del uso de las viviendas. Hoy este problema se enfrenta a nuevos retos, como son la subida del precio de los alquileres y la figura de las viviendas turísticas. Todo ello oculta la debilidad de la política pública de vivienda: escaso parque de vivienda pública en alquiler y mínima inversión pública, erróneas o fracasadas políticas (agencia pública de alquiler, la Sareb y su ingeniería financiera… etc). Afirmó que la respuesta no puede estar en una «mirada hacia arriba», hacía la Constitución, los Estatutos de Autonomía o los Tribunales europeos. La clave, a su juicio, debe encontrarse en una «mirada hacia abajo», en las ayudas públicas, en las reglas urbanísticas que posibiliten un parque público de vivienda y su eficaz gestión. Constató, finalmente, como la realidad es que en España sobran viviendas, existiendo muchas viviendas desocupadas, a la vez que muchas personas no tienen acceso a una vivienda asequible para sus ingresos, que demandan una solución que la política pública de vivienda pueda y deba solucionar.
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