STS 1684/2019. Se tiene derecho al reconocimiento de compatibilidad de actividades privadas si las retribuciones complementarias no incluyen el factor de incompatibilidad.
STS 1610/2019. La selección directa del socio privado para el abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona es conforme a Derecho.
La expresión y el logo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han hecho un lugar privilegiado en política. No hay estrategia a medio plazo que se precie que no la incluya, llegando hasta la denominación de carteras ministeriales u orientación general de política nacional. Pero ¿qué representan los ODS en el nivel local de gobierno y en qué medida se están implantando en nuestros municipios?
El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un documento que interpela a todos los gobiernos para trabajar en la consecución de 17 objetivos para el final de la próxima década.
STS 1679/2019. La rectificación de errores de los actos administrativos sólo es posible si no conlleva una valoración jurídica.
STS 1653/2019. El TS establece los requisitos para que varias Administraciones respondan solidariamente frente a una reclamación de responsabilidad patrimonial.
STS 1608/2019. No es necesario motivar el cese del personal eventual de la Generalitat de Cataluña tras el cese del Gobierno en aplicación del art. 155 CE.
STS 1635/2019. Un órgano administrativo incompetente para conocer de un recurso sólo debe remitirlo a otro órgano si esto es posible, en función de lo solicitado en el recurso.
STS 1621/2019. El plazo para la acción pública urbanística no rige para la impugnación de una licencia urbanística por falta de competencia del redactor del proyecto de obras.
Comienza a ser habitual ver cómo famosos personajes se sientan en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda y cómo se libran de la cárcel, tras el desembolso de elevadas cuantías de dinero. El delito de defraudación tributaria en España, regulado en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, establece unas penas que oscilan entre la prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Ahora bien, merece la pena estudiar cómo se distribuyen las penas dentro del marco penal que la ley les atribuye, cuánto tardan nuestros tribunales en resolver, o cómo de “rentable” es litigar para los acusados o la propia Administración.
