STS 72/2020. Las causas del paso de los concejales a situación de no adscritos no deben interpretarse extensivamente. Cambio en la estructura del partido al que pertenecen los concejales.
STS 31/2020. Anulación del Plan “Maspalomas Costa Canaria” aprobado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Pérdida sobrevenida del objeto del recurso.
El pasado mes de enero fue relevante para las ciudades. En primer lugar, el Ministerio de Fomento cambió su denominación tradicional por la de Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana[1]. De este modo, la Política urbana en España parece adquirir, por primera vez, una mayor visibilidad y grado de institucionalización. En segundo lugar, la ciudad de Oporto acogió el 4th Cities Forum 2020, un evento bianual organizado desde 2014 por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
[1] Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edificación y suelo”.
STS 89/2020. Un funcionario que perdió su puesto por pena de inhabilitación no tiene derecho a que se le rehabilite en él.
STS 114/2020. La aprobación del canon y tarifa de aguas debe producirse antes del devengo, no durante o tras el periodo impositivo.
STS 20/2020. La vulneración potencial de los principios de igualdad y transparencia por los pliegos del contrato no siempre conllevan su nulidad de pleno Derecho.
STS 33/2020. Concurre la responsabilidad del Estado legislador tras la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo del IIVTNU, por daños causados al contribuyente que sufrió pérdida patrimonial al transmitir el inmueble.
La FEMP crea un grupo de trabajo para abordar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la LRSAL
STS 32/2020. No puede impugnarse como inactividad administrativa (art. 29.1 LJCA) la falta de respuesta de la Administración expropiante a la petición de pago del justiprecio.
Más allá de los derechos de los trabajadores del sector privado (véase la sentencia López Ribalda y otros comentada en mi anterior entrada “Los derechos del trabajador ante el Tribunal de Estrasburgo (I)”), el TEDH protege a través de su jurisprudencia derechos reconocidos expresamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de los que son titulares también los empleados públicos, y que se proyectan en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus relaciones laborales. Entre ellos destacan el derecho al respeto de la vida privada (artículo 8 CEDH), la libertad religiosa (artículo 9 CEDH), la libertad de expresión (artículo 10 CEDH), y la libertad sindical (artículo 11 CEDH). A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores del ámbito privado, para los que la supuesta vulneración del CEDH tiene su origen en el incumplimiento por parte del Estado (y de sus autoridades judiciales) de la obligación positiva de proteger al trabajador frente al empleador, el TEDH examina los casos planteados por empleados públicos como injerencias directas de los poderes públicos, al ser el Estado mismo o sus empresas públicas el empleador. Por lo tanto, procede a analizar si dichas injerencias están justificadas desde el punto de vista del CEDH, esto es, si cumplen con los requisitos de legalidad, finalidad (objetivo legítimo) y proporcionalidad/necesidad en una sociedad democrática (en virtud de las cláusulas de restricción de derechos previstas en el párrafo segundo de los artículos 8-11 CEDH).
