La dimensión urbana en la Política de Cohesión post-2020

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El pasado mes de enero fue relevante para las ciudades. En primer lugar, el Ministerio de Fomento cambió su denominación tradicional por la de Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana[1]. De este modo, la Política urbana en España parece adquirir, por primera vez, una mayor visibilidad y grado de institucionalización. En segundo lugar, la ciudad de Oporto acogió el 4th Cities Forum 2020, un evento bianual organizado desde 2014 por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.

[1] Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales,​ corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edificación y suelo”.

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Los derechos del trabajador ante el Tribunal de Estrasburgo (II): selección de jurisprudencia sobre empleados públicos

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Más allá de los derechos de los trabajadores del sector privado (véase la sentencia López Ribalda y otros comentada en mi anterior entrada “Los derechos del trabajador ante el Tribunal de Estrasburgo (I)”), el TEDH protege a través de su jurisprudencia derechos reconocidos expresamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de los que son titulares también los empleados públicos, y que se proyectan en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus relaciones laborales.  Entre ellos destacan el derecho al respeto de la vida privada (artículo 8 CEDH), la libertad religiosa (artículo 9 CEDH), la libertad de expresión (artículo 10 CEDH), y la libertad sindical (artículo 11 CEDH). A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores del ámbito privado, para los que la supuesta vulneración del CEDH tiene su origen en el incumplimiento por parte del Estado (y de sus autoridades judiciales) de la obligación positiva de proteger al trabajador frente al empleador, el TEDH examina los casos planteados por empleados públicos como injerencias directas de los poderes públicos, al ser el Estado mismo o sus empresas públicas el empleador. Por lo tanto, procede a analizar si dichas injerencias están justificadas desde el punto de vista del CEDH, esto es, si cumplen con los requisitos de legalidad, finalidad (objetivo legítimo) y proporcionalidad/necesidad en una sociedad democrática (en virtud de las cláusulas de restricción de derechos previstas en el párrafo segundo de los artículos 8-11 CEDH).

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