STS 628/2022. En los supuestos de aprovechamiento especial de bienes del dominio público no cabe imponer un tipo de gravamen del 5 por 100 sobre la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento cuando nos hallemos irrefutablemente ante un caso de aprovechamiento especial, no de uso privativo.
Los problemas territoriales de nuestro Estado social y democrático de Derecho no se agotan, como parece destacar la actualidad política, en el nacionalismo catalán. Desde la misma génesis de la historia constitucional de España la planta local ha estado afectada por graves fenómenos que, lejos de haber desaparecido, hoy presentan sus más serias consecuencias en los municipios españoles. No es, tampoco, un problema exclusivo de las áreas rurales del país, pues las consecuencias de la despoblación, de la caída de la tasa de natalidad, de la lejanía a servicios básicos por parte de la ciudadanía en algunas áreas del territorio o del inframunicipalismo también tienen repercusiones en el medio urbano. De ahí que sea necesario comprender, de partida, que esta situación atañe al conjunto de nuestro país, y no solo al pequeño municipio de la España vacía. De todos los fenómenos destacados, haremos hincapié en el último, el inframunicipalismo, por ser el más estructural, el más desconocido y, a su vez, el menos atendido desde el plano político e institucional. El inframunicipalismo hace referencia a la situación deficitaria tanto desde el punto de vista hacendístico, como desde el plano demográfico, político y hasta democrático, de la mayor parte de los municipios españoles.Seguir Leyendo Inframunicipalismo: problema constitucional de nuestro Estado social y democrático de Derecho
STS 560/2022. En los supuestos de aprovechamiento especial de bienes del dominio público no cabe imponer un tipo de gravamen del 5 por 100 sobre la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento cuando nos hallemos irrefutablemente ante un caso de aprovechamiento especial, no de uso privativo.
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Tendemos a dar determinadas situaciones por descontadas sin pararnos a identificar su posible singularidad y sus causas. Sabemos, por ejemplo, que los gobiernos locales en España son estables, sin darle mayor importancia. Todas las alcaldías son ocupadas 20 días después de las elecciones municipales gracias a su particular sistema de elección. Los alcaldes y alcaldesas tienen un notable grado de continuidad en sus cargos (una media de 8 años de promedio). La existencia de mociones de censura es muy marginal, situándose en torno a una media inferior a 200 por mandato para un total más de 8.000 municipios. Todos ellos son rasgos que dan cuenta de unas altas cotas de estabilidad que tendemos a considerar como algo estándar. Solo cuando se contrasta con la realidad de otros países emerge como un fenómeno singular. ¿Quizás único?Seguir Leyendo Cuando la inestabilidad de los gobiernos de coalición es un problema. La realidad sudafricana
STS 543/2022. El juez o tribunal promovente puede aducir todas aquellas infracciones del ordenamiento jurídico que pudieran determinar la invalidez de la disposición general por ser disconforme a Derecho, sin que la circunstancia de que el recurso contencioso administrativo, entablado contra un acto de aplicación de una disposición general, se interponga por una Administración Pública, que tenga atribuidas funciones de control de la legalidad de la actuación de otra Administración pública, cualifique la posición jurídica de aquella en el proceso jurisdiccional.
STS 535/2022. Es legalmente posible que los Estatutos de una Entidad Urbanística de Conservación prevean que tal Entidad asuma la limpieza del viario público de la urbanización y los consumos de energía eléctrica del alumbrado público, pues al tener como cobertura planes y proyectos de urbanización de iniciativa privada, de forma que sus costes de conservación y mantenimiento (art. 68 RGU) no tengan incidencia en la Administración Municipal, que condicionó la aprobación de la urbanización a la asunción por los propietarios de las obligaciones pactadas en los Estatutos de la EUC, aprobados por esos mismos propietarios.Seguir Leyendo TS – Servicios públicos
STS 512/2022. En los supuestos de aprovechamiento especial de bienes del dominio público no cabe imponer un tipo de gravamen del 5 por 100 sobre la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento cuando nos hallemos irrefutablemente ante un caso de aprovechamiento especial, no de uso privativo.
Ante a un mapa municipal excesivamente fragmentado con un número elevado de pequeños municipios, surge para los gobiernos municipales un auténtico desafío a la hora de desarrollar sus respectivas competencias y ofrecer servicios. Para enfrentarlo y poder ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos, los gobiernos locales tienden a establecer relaciones de cooperación. Este fenómeno es conocido como cooperación intermunicipal y se presenta como alternativa a otras estrategias como la fusión de municipios. En el caso español, una de las estructuras de cooperación horizontal entre municipios es la mancomunidad, un tipo de entidad local con personalidad jurídica regulada en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Junto a las mancomunidades encontramos a las diputaciones provinciales, que cumplen labores de asistencia a municipios pero que únicamente existen en comunidades autónomas pluriprovinciales.