Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales (Bodas Civiles)

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Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales (Bodas Civiles)

Ángel Zurita Laguna

Letrado del Ayuntamiento de Bilbao

Se anuncia la aprobación en sesión plenaria de la modificación de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales, en lo referente al servicio de celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento de San Sebastián. La verdad es que no es fácil la distinción entre tasa y precio público, ni tampoco el instrumento de su aprobación, sobre el que hay cierta confusión, ni mucho menos sus medios de impugnación, y de hecho suelen ser variadas las soluciones que ofrecen las entidades locales a la vista de los anuncios que insertan en los boletines oficiales. Seguir Leyendo Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales (Bodas Civiles)

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA CONTRACTUAL: EL SISTEMA DE RECURSOS Y LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Reflexiones previas al Seminario Internacional sobre Contratación Pública IDL-UAM y Ayuntamiento de Madrid (15 y 16 de diciembre). Jesús Colás Tenas.

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LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA CONTRACTUAL: EL SISTEMA DE RECURSOS Y LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Reflexiones previas al Seminario Internacional sobre Contratación Pública IDL-UAM y Ayuntamiento de Madrid (15 y 16 de diciembre)

Jesús Colás Tenas

Oficial Mayor de la Diputación de Zaragoza y Director del Máster en Contratación Pública Local IDL-UAM

Las nuevas Directivas de contratación pública (23, 24 y 25 de 2014, de 26 de febrero), obligan a repensar el sistema de justicia administrativa contractual que se implanta con la Ley 34/2010, de 5 de agosto, —de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa— de forma compleja y enrevesada, por su difícil encaje en el sistema general de justicia administrativa de nuestro ordenamiento jurídico.

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EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: UN TRIBUTO AÚN MÁS CUESTIONADO DURANTE LA CRISIS. Montserrat Ballarín Espuña

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EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: UN TRIBUTO AÚN MÁS CUESTIONADO DURANTE LA CRISIS

Montserrat Ballarín Espuña
montserrat.ballarin@upf.edu
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universitat Pompeu Fabra

El gravamen municipal sobre la plusvalía, aunque existe en España desde 1919, nunca ha sido percibido como justo ni ha gozado de una buena aceptación social, pero ha sobrevivido a todas las reformas gracias a su capacidad para aportar ingresos a las maltrechas arcas municipales.Seguir Leyendo EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: UN TRIBUTO AÚN MÁS CUESTIONADO DURANTE LA CRISIS. Montserrat Ballarín Espuña

La elección del alcalde en el Reino Unido

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La elección del alcalde en el Reino Unido

Carmen Navarro (visiting scholar) y David Sweeting (senior lecturer)

Centre for Urban and Public Policy Research.
 School for Policy Studies. University of Bristol

Continuando con la línea de reflexión iniciada en este blog sobre la elección directa del alcalde, hoy miramos al Reino Unido como caso que ilustra la introducción del modelo, nos permite observar algunas de las causas que están detrás de este tipo de reforma y ofrece información de interés para poner en contraste con la realidad española.
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“El principio de equivalencia en el sistema tributario español”, por César Martínez Sánchez

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Novedad bibliográfica: “El principio de equivalencia en el sistema tributario español”, César Martínez Sánchez, Marcial Pons, Madrid, 2014, 390 páginas, con prólogo de Juan Arrieta Martínez de Pisón

En oposición al principio de capacidad económica, es posible que la obligación tributaria se justifique y cuantifique en función de la actividad pública generada por el contribuyente. Se trata de una lógica conmutativa, propia de la justicia de los intercambios, que trata de establecer una equivalencia entre los dos elementos de la relación, a saber: la obligación tributaria y la actividad pública. Así, la aplicación del principio de equivalencia no atiende a la posición socioeconómica del sujeto dentro de la comunidad, sino que establece una relación bilateral poder público-contribuyente.

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“Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, por Julia Ortega Bernardo

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Novedad bibliográfica: “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, Julia Ortega Bernardo, Marcial Pons, Madrid, 2014, 359 páginas, con prólogo de José María Rodríguez de Santiago

Los Gobiernos locales aprueban Ordenanzas en las que se decide que determinados derechos fundamentales sean limitados u optimizados en atención a bienes colectivos cuya protección se sitúa en su ámbito competencial. Del análisis crítico del espacio regulativo que ocupa en la praxis el poder de Ordenanza en materia iusfundamental cabría inducir unas pautas generales. A partir de ese análisis esta obra tiene como objetivo formular un canon, no sólo descriptivo sino también prescriptivo, sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión «ponderativa» (incluso «optimizadora »), de «ajuste singular», y reguladora de aspectos «esenciales» en materia de derechos fundamentales.Seguir Leyendo “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, por Julia Ortega Bernardo

Los “Administrative Law Judges” norteamericanos: imparcialidad administrativa y control judicial

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Los “Administrative Law Judges” norteamericanos:

imparcialidad administrativa y control judicial

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local- Universidad Autónoma de Madrid

Hace ahora aproximadamente un año, la Sección Especial para la reforma de la Jurisdicción Contenciosa, creada en la Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia), puso de relieve la alta litigiosidad contenciosa en España. Se apuntaba en el Informe de la Sección Especial que la alta litigiosidad solo en parte se debe al propio funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Más relevante que esa razón es el mal funcionamiento de la Administración pública, que produce demasiadas resoluciones no conformes a Derecho (y buena prueba de ello es el abultado número de anulaciones en vía contenciosa). En el Informe de la Sección Especial se proponían varias reformas sobre el funcionamiento de la Administración. Una de ellas era la sustitución de los actuales recursos de alzada y reposición (muy poco eficaces) por recursos administrativos ante órganos colegiados independientes en el seno de la Administración. Esa propuesta entroncaba con la relevante experiencia británica de tribunals administrativos (sobre todo desde 2007). Siguiendo en la misma línea marcada por la Sección Especial de la CGC, a continuación se da cuenta de una experiencia comparada también interesante (y que también puede tener efectos importantes sobre la litigiosidad contenciosa). Se trata de los “Administrative Law Judges”.

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Los “Business Improvement Districts”: un fenómeno municipal en expansión

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Francisco Velasco Caballero

University of Illinois, College of Law

 

Hace unos meses el Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Economía, requirió del Gobierno una iniciativa legislativa que haga posible la implantación en España de las denominadas “Áreas Comerciales Urbanas” (ACU). Según parece, el Ministerio de Economía y Competitividad ya ha elaborado un primer borrador de proyecto de ley. Y en relación con esta iniciativa, la FEMP ya ha anunciado una postura inicialmente crítica en cuanto al sistema de financiación de estas nuevas “Áreas Comerciales Urbanas”.

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Elección de alcalde en los Estados Unidos

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Por Francisco Velasco y Laurie Reynolds
College of Law. University of Illinois at Urbana-Champaign

Al hilo del reciente debate español sobre la elección de alcalde, y como fuente de reflexión para ese debate, a continuacion se describen algunas notas relevantes sobre la elección de alcalde en los Estados Unidos de America.

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La calificación a efectos catastrales y fiscales del suelo urbanizable sectorizado no ordenado como rústico: Comentario de la STS de 30 de mayo de 2014

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Mª Luisa González-Cuéllar Serrano

Universidad Carlos III de Madrid

El Tribunal Supremo ha resuelto la calificación como rústicos a efectos catastrales –y, consecuentemente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles- de los inmuebles urbanizables sectorizados sin instrumento urbanístico de desarrollo. Es decir, sólo pueden calificarse como urbano los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada.
Esta importante doctrina ha sido sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de mayo de 2014, mediante la desestimación de un recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra Sentencia del Tribunal de Justicia de Extremadura de 26 de marzo de 2013.
La disminución del valor catastral que se derivará de la aplicación de esta Resolución va a suponer una rebaja muy importante en la cuota del IBI a estos inmuebles a los que los ayuntamientos llevaban años liquidándoles este tributo local partiendo de su calificación catastral como urbanos. Junto a ello, también tendrá incidencia en otros impuestos, como el IRPF o e IIVTNU.

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