Ciudades intermedias y políticas urbanísticas frente a la pérdida de población

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En una reciente entrada en el Blog, el Prof. Velasco Caballero ante el problema del reto demográfico se interrogaba acerca de las ciudades intermedias y proponía ensanchar el concepto de ciudad intermedia en atención a la escala urbana española, identificándolas como aquellas urbes (ciudades con economía urbana) con una población entre 30.000 y 500.000 habitantes.

En muchas de nuestras ciudades intermedias, además del creciente envejecimiento de la población, (al igual que en toda Europa,) se puede observar un proceso de contracción (shrinkage). Este no es un fenómeno nuevo [Fernández Agueda, Beatriz – Cunningham-Sabot, Emmanuèle. Del declive al decrecimiento urbano: un debate en construcción, Anales de geografía de la Universidad Complutense núm. 2 (2018)], sino que hoy presenta una incidencia global (global shrinkage). Al envejecimiento de población se une la pérdida, significativa, de población y el declive económico, sobre todo en las antiguas ciudades industriales. Se encuentre su origen bien en un proceso estructural propio del ciclo de vida urbano (crisis industrial, terciarización y suburbanización) bien en situaciones de bloqueo endógeno fruto de crisis sistémicas (derivadas de un largo proceso de cambio tecnológico, social o político), lo cierto es que muchas ciudades se enfrenta a una clara situación de declive urbano. No sólo es determinante el factor económico, sino que inciden directamente factores locales demográficos, sociales o de vivienda [López Bustos, Alba – Arellano Ramos, Blanca. Shrinking cities. El caso aplicado de Ferrol, ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, núm. 38 (2018)]. A ello contribuye también, de forma decisiva, un modelo de ciudad dispersa, con un fuerte desplazamiento de la población joven hacia la periferia, y donde la situación afecta fundamentalmente a esos antiguos barrios situados en el otrora extrarradio de los años 60-80 y los centros degradados, en los que existen viviendas deterioradas, un déficit de equipamientos y baja calidad ambiental, concurriendo patologías sociales de pobreza y marginalidad. También influyen los impactos ambientales negativos derivados de la necesidad de adaptarse a la economía verde [Campos Sánchez, Francisco Sergio – Reinoso Bellido, Rafael – Abarca Álvarez, Francisco Javier. Sustainable Environmental Strategies for Shrinking Cities Based on Processing Successful Case Studies Facing Decline Using a Decision-Support System, International Journal of Environmental Research and Public Health núm. 16 (2019)].

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Professor Francisco Velasco’s interview with “El Periódico de España”.

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Professor Francisco Velasco Caballero, IP of the Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay European project at the  Autonoma University of Madrid (UAM), recently had an interview with the Spanish newspaper El Periódico de España regarding the depopulated rural areas in Spain or the emptied Spain as they refer to it.

Professor Velasco and the members of his investigation team at the Autonoma University, through the LoGov project, have put a magnifying glass on the financing channels of urban and rural municipalities. They not only analyze the routes of money and financing of Spanish municipal and local entities but also compare it with those made by states such as Canada or Argentina.

Spain has a local financing model dating from 2004, from the Local Finance Law. Like all developed countries in the world, it has created three sources to nourish municipalities with liquidity: the transfers they receive from higher state levels, in this case, the general administration of the State and the autonomous communities; income from own taxes, among which the IBI is the most powerful (the Real Estate Tax); and fees for services (garbage and water are the most common).

Broadly speaking, 52-53 percent of municipal income comes from taxes, of which the IBI represents around 27. Transfers represent between 35 and 40%, which is not a small piece of the pie, far from it.

At this point, Velasco recalls that the criterion that guides the direction of money from the State to the municipalities is the population, although with a nuance that was very present in the enforcement of the local property law: setting a starting point from the beginning. that nobody lost. Another thing is the speed of what each one earns, and how much more or less they earn.

for further information and to read the full article please use the link below

https://www.epe.es/es/politica/20211107/injusticia-fiscal-espana-vaciada-12478507

La modulación de efectos de las sentencias del TC que declaran la inconstitucionalidad de un tributo: Comentarios de urgencia a la luz de la sentencia de 26 de octubre de 2021 sobre el impuesto de plusvalías

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La sentencia del 26 de octubre de 2021[1], aún no publicada en el BOE pero sí en la web del Tribunal Constitucional por nota de prensa de 3 de noviembre[2], presenta importantes aspectos para el estudio y reflexión sobre el fondo; la capacidad económica y la prohibición de confiscación; o el cambio de criterio habido con los mismos magistrados que lo eran ya desde 2017, sobre unas normas que no se han modificado desde entonces; pero en esta reflexión me centraré en los que pueden calificarse como extravagantes efectos que prevé y la ausencia de motivación.

1. Síntesis de la jurisprudencia constitucional previa sobre los efectos en el tiempo de la declaración de inconstitucionalidad.

La procedencia de devolución de ingresos tras una sentencia del TC que declaraba la inconstitucionalidad de un tributo comenzó a generar dudas en el siglo pasado, ya con la primera declaración de inconstitucionalidad de un tributo por la STC 179/85, de 19 diciembre, sobre recargos municipales sobre el IRPF, y la segunda, la 19/1987, de 17 de febrero (libre fijación de tipo en la Contribución Territorial Urbana por los ayuntamientos), y en ambos casos se concluyó que procedía la devolución.

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