La jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras la reforma del recurso de casación, sigue produciendo cambios significativos en la forma de entender y aplicar nuestro ordenamiento tributario y, muy particularmente, en el ámbito local. Una de sus últimas manifestaciones ha sido la doctrina establecida en relación con el procedimiento de revocación, que probablemente obligue a los ayuntamientos a modificar sus protocolos de actuación en la tramitación de dicho procedimiento.
El mes pasado, tras una larga tramitación parlamentaria, se aprobó definitivamente la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Entre las importantes novedades que contiene esta ley, se encuentra la aprobación de dos nuevos impuestos: el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Seguir Leyendo La tasa de basuras será obligatoria en tres años
A diferencia de otros informes internacionales sobre aspectos de nuestro sistema político que suelen alcanzar las cabeceras de los medios (calidad democrática, transparencia, corrupción, etc.) el Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local en España publicado el pasado diciembre pasó completamente desapercibido. Dato significativo (en la medida en que no se trata en absoluto de un texto complaciente) y revelador del papel secundario de los asuntos locales en la agenda política y en la agenda de reformas de nuestro país.
Seguir Leyendo Las asignaturas pendientes en el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local
El ordenamiento jurídico vigente no diseña un régimen común aplicable a las sociedades mercantiles municipales. Sí es claro, no obstante, que, dada su forma jurídico-privada, su régimen de organización y funcionamiento se conforma, con mayor o menor intensidad, de una combinación de normas de Derecho privado y de Derecho administrativo. En el concreto ámbito de su organización, las sociedades municipales presentan algunas particularidades derivadas del régimen local y de la composición que habitualmente tienen sus órganos. En el caso de la junta general es muy frecuente que se reproduzca la composición del pleno y que la secretaría del órgano se reserve estatutariamente a un funcionario de Administración local con habilitación nacional -que será el secretario general en los municipios de régimen común y el secretario general del pleno en los municipios de gran población. En este contexto se plantea la duda de si esta práctica en la designación del titular de la secretaría de la junta general deriva de un mandato legal o responde simplemente a una práctica consolidada a lo largo del tiempo.
Seguir Leyendo La secretaría de la junta general de las sociedades municipales
1.- En una entrada anterior hemos hecho breve referencia a los desarrollos que la acción exterior de las entidades locales ha conocido en el Derecho comparado y proyectado los avances experimentados en los ordenamientos alemán, francés y -en menor medida- italiano sobre la interpretación del marco constitucional español. La exposición se completa ahora con el análisis de algunos de los aspectos críticos de la regulación infraconstitucional del fenómeno, que, como habrá de comprobarse seguidamente, se caracteriza por una comprensión en algunos casos discutible de los principios constitucionales en liza, así como por una cierta dispersión, fruto no solo de la coexistencia de instrumentos de Derecho supranacional provenientes de sistemas institucionales diversos -Consejo de Europa y Unión Europea-, sino también de la falta de planificación del legislador estatal. Al igual que en la ocasión anterior, en los párrafos que siguen se ofrece una apretada síntesis de cuestiones abordadas con mayor detenimiento en la monografía La acción exterior local: bases constitucionales.
1.- Breves consideraciones introductorias
La capacidad de las entidades locales españolas para desarrollar actuaciones dotadas de proyección exterior -entendiéndose por tales aquellas que trascienden no solo el propio término, sino también las fronteras estatales- ha merecido, pese a su innegable interés dogmático y a su extraordinaria relevancia práctica, una atención doctrinal sorprendentemente escasa. Si la primera perspectiva resulta evidente para el jurista -por razón de la en ocasiones difícil cohonestación de los artículos 97, 137 y 149.1.3ª de la Constitución-, la segunda lo es ya para el ciudadano, en la medida en que las manifestaciones del fenómeno son muy variadas -celebración de acuerdos, dotados o no de eficacia jurídica obligacional; creación de organismos de cooperación; actuaciones unilaterales; etc.- y se extienden, además, a múltiples sectores -urbanismo; gestión de residuos; redes de transporte; cultura; entre otros muchos-.
En un momento político en el que la desinformación y los populismos están cobrando fuerza, la evaluación de políticas públicas antes, durante y después de su implementación puede contribuir a contrarrestar estos fenómenos. La evaluación persigue mejorar la toma de decisiones y su impacto a través de la comprensión de qué funciona, por qué, para quién y bajo qué circunstancias (OCDE, 2020). Concretamente, la corriente evidence-based policymaking (políticas basadas en la evidencia), que se va imponiendo a nivel internacional, persigue minimizar el peso de las emociones en la toma de decisiones en favor de la información rigurosa con dos objetivos principales: utilizar el conocimiento existente derivado de la evaluación de programas para la toma de decisiones y generar conocimiento nuevo para que las futuras decisiones estén mejor informadas. Se trata de un enfoque que prioriza el valor del conocimiento y el análisis de los datos sobre ideología, las modas o la inercia.
El Tribunal Supremo ha zanjado definitivamente la polémica en torno a la ejecución de las decisiones judiciales que declararon la nulidad del Decreto 55/2007, de 10 de abril, por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.A. La Sentencia de 9 de febrero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:481), en una prolija y premiosa decisión de 66 folios, casa la previa decisión de la Sala de Extremadura en el incidente de ejecución -Autos de 30 de junio de 2020 y 21 de septiembre de 2020) y, corrigiendo la postura del Tribunal Superior de Justicia que buscaba un equilibrio que evitase cuantiosas indemnizaciones mediante la apreciación de una inejecución parcial, ordena la demolición de las edificaciones ya ejecutadas (un hotel de 4 estrellas, 180 viviendas unifamiliares, campo de golf , un club náutico, una playa artificial y otras instaciones). Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura por la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2019 (de la que me ocupe en una entrada anterior del blog – El desarrollo urbanístico de los municipios cuyo territorio se encuentra incluido en la Red Natura 2000 en entredicho. A propósito de la STC 134/2019-), se cierra ahora el círculo sobre la relación entre desarrollo urbanístico y protección de los espacios de la Red Natura 2000, ineludiblemente decantada hacia la preservación de estos espacios. Debe recordarse que el Tribunal Constitucional había afirmado que cualquier actuación de nueva urbanización que se establezca por un instrumento de planeamiento urbanístico sobre suelos incorporados en la Red Natura 2000 sólo puede producirse si (i) el suelo ha cambiado sus características naturales de forma significativa como consecuencia de la evolución natural del espacio; y (ii) existen estudios científicos que demuestren la realidad de la evolución natural del espacio, que no puede derivar de actuaciones humanas directamente dirigidas a transformar el suelo. Circunstancia que debe ser validada, en el plano formal (procedimental) por la Comisión Europea.
Transcurridas varias semanas desde el comienzo de la guerra en Ucrania, uno de sus efectos más inmediatos ha sido el éxodo de refugiados. Según los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de personas que ha abandonado el país se aproxima a 3 millones. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del fenómeno, se trata de tres veces el número de refugiados que llegaron a Europa en 2015.
Con la llegada de las Directivas europeas de Contratación Pública y, en consecuencia, la entrada en vigor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) se produce un giro estratégico hacia una contratación pública social. Este cambio implica el paso de una contratación pública preocupada únicamente por los aspectos estrictamente económicos y financieros a una contratación preocupada por los aspectos sociales y medioambientales. En este sentido, el artículo 1.3 de la LCSP permite, por un lado, la posibilidad de incorporar criterios de contenido social y medioambiental en los contratos públicos, siempre que estos guarden una vinculación con el objeto del contrato, a través de las conocidas cláusulas sociales. Por otro lado, el propio precepto añade que entre los objetivos perseguidos con la inclusión de estos criterios sociales se encuentran el poder facilitar el acceso a la contratación pública tanto a las PYMES como a las entidades encuadradas en la economía social y el Tercer Sector. Por lo tanto, a priori y de forma teórica, la vigente LCSP permite fomentar la participación de organizaciones del Tercer Sector con el fin de reducir las dificultades que pueden experimentar estas entidades a la hora de competir con otros operadores económicos con ánimo de lucro en un proceso de contratación pública.
Seguir Leyendo El papel del Tercer Sector Social en la contratación pública local
