Fotografía de calculadora
Con ocasión del debate que ha suscitado la no convalidación por el Congreso del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se ha observado en los medios de comunicación cierta confusión en relación al significado de la regla de gasto, del superávit y del remanente de las entidades locales. A continuación, con la brevedad a la que obliga una entrada de blog, se expondrá sucintamente qué es cada uno de estos conceptos.
No cabe duda de que se trata de cuestiones relacionadas ya que, en términos generales, se puede decir que la regla de gasto ha coadyuvado a la generación de superávits recurrentes que –en buena medida– han acrecentado los remanentes. Sin embargo, es importante entender con claridad a qué nos estamos refiriendo, sobre todo en un momento como este en el que se está planteando un cambio en la regulación.
Seguir Leyendo Regla de gasto, superávit y remanente: nociones básicas
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 (OMS), que contiene la regulación de Madrid Central y las demás “ordenaciones permanentes” (artículos 21-25; Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo).
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en la parte específicamente referida a “Madrid Central” (Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo). En realidad, el Tribunal ha dictado tres sentencias. Ahora me refiero sólo a la primera, que se centra en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza y, más en especial, al trámite de información pública.
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo singular y, en gran medida, desactualizado. Ello es así, en primer lugar, porque grava el mero ejercicio de actividades económicas, sometiendo a tributación una riqueza potencial y no real (que, por cierto, ya resulta gravada efectivamente por los impuestos sobre la renta –de personas físicas, sociedades, no residentes o sucesiones y donaciones–), lo cual ha levantado reiteradas críticas en la doctrina a pesar de que el Tribunal Constitucional (entre otras, en la ya antigua sentencia 233/1999, de 16 de diciembre) no haya encontrado problemas de constitucionalidad en relación con el artículo 31 de nuestra Constitución.
El modelo competencial diseñado por la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica en materia de servicios sociales se parece más a la de una Administración indirecta de la Comunidad Autónoma gestionando competencias delegadas o encomendadas, que a la actividad desarrollada por una entidad dotada constitucionalmente de autonomía en ejercicio de competencias propias. Destacadamente en esta materia, las Comunidades Autónomas tienen un gran espacio y poder, tanto desde el punto de vista competencial y del diseño y planificación de la política social, como por el poder financiero del que disponen. De este modo, la Comunidad Autónoma se encuentra en condiciones de programar muy intensamente la actuación municipal en este ámbito.
En la segunda fase de desescalada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 537/2020, que contiene la quinta prórroga del estado de alarma, se ha mantenido la territorialización autonómica y, en paralelo, una cierta municipalizacióndel estado de alarma. Modesta, pero visible.