Fachada del Tribunal Supremo
La diferenciación en la práctica de las diferentes actuaciones sobre el medio urbano reguladas en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) no resulta sencilla. Buena prueba de ello son las Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:739) y (ECLI:ES:TS:2021:733). Los problemas se presentan fundamentalmente en la diferenciación entre una actuación de reforma o renovación de la urbanización y una actuación de dotación, no siendo esta una cuestión baladí, dado los diferentes deberes urbanísticos asociados a unas y otras. La parquedad de la regulación del TRLSRU, impuesta por el carácter básico de la regulación estatal que debe dejar el correspondiente margen de actuación a las Comunidades Autónomas para no prefigurar su modelo urbanístico pero a la vez garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad ex art. 149.1.1ª CE, es manifiesta. Así, el art. 7.1.a).2 TRLSRU define, dentro de las actuaciones de urbanización, a las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización como aquellas que tienen lugar sobre un suelo en situación básica de urbanizado (definido en el art. 21.3 TRLSRU, por lo que aquí interesa, como aquél integrado en la trama urbana y que cuenta con los servicios urbanísticos básicos proporcionados por las redes contempladas por el planeamiento) y que tienen por objeto bien crear nuevas parcelas aptas para la edificación o actuar sobre las existentes, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, renovando o reformando la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. Frente a ello, el art. 7.1.b) TRLSRU define a las actuaciones de dotación a aquellas que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.
Hace exactamente un año los ciudadanos nos encerrábamos en nuestros domicilios para frenar la curva de contagios COVID-19. Solo trabajadores esenciales y unas pocas actividades más mantenían su día a día regular. El resto transitamos a modo online en el desarrollo de nuestras responsabilidades laborales, tratando de acostumbrarnos en unos pocos días a profundos cambios. Esta transición nos enfrentó a todos a innumerables retos, pero los desafíos que tuvieron que afrontar los gobiernos y administraciones locales ante la llegada pandemia fueron formidables. Por un lado tuvieron que idear la forma de seguir prestando servicios en remoto, por otro tuvieron que salir a combatir la emergencia social en la medida de sus posibilidades. Una administración que por definición presta sus servicios en la proximidad y la cercanía se vio obligada a reinventarse. De ello hemos querido dar cuenta en nuestro Informe anual IDL-UAM sobre políticas públicas, este año dedicado, como no podía ser otra forma, a 