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Regla de gasto, superávit y remanente: nociones básicas

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Fotografía de calculadora

Con ocasión del debate que ha suscitado la no convalidación por el Congreso del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se ha observado en los medios de comunicación cierta confusión en relación al significado de la regla de gasto, del superávit y del remanente de las entidades locales. A continuación, con la brevedad a la que obliga una entrada de blog, se expondrá sucintamente qué es cada uno de estos conceptos.

No cabe duda de que se trata de cuestiones relacionadas ya que, en términos generales, se puede decir que la regla de gasto ha coadyuvado a la generación de superávits recurrentes que –en buena medida– han acrecentado los remanentes. Sin embargo, es importante entender con claridad a qué nos estamos refiriendo, sobre todo en un momento como este en el que se está planteando un cambio en la regulación.

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El laberinto judicial de la aplicación de la condición de indefinido no fijo en las empresas públicas. ¿Se ha encontrado la salida?

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Laberinto de setos del Parque Juan Carlos I de Madrid

La figura del indefinido no fijo fue producto de una larga y variante construcción jurisprudencial como consecuencia jurídica para la contratación temporal irregular en las administraciones públicas, donde la sanción impuesta por la norma laboral es la conversión del contrato temporal en indefinido. De esta forma, el Tribunal Supremo encontró una solución que permitía conciliar, por una parte, la responsabilidad de la Administración como empleadora por el abuso de las reglas de contratación temporal, y por otra, los principios de acceso al empleo público que no permiten otorgar al trabajador contratado de forma irregular la condición de fijo de plantilla.

La aplicación de la doctrina de los indefinidos no fijos ha sido pacífica en las resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre irregularidades en la contratación temporal de la Administración. Sin embargo, no ha sido así en el reconocimiento de esta figura en las empresas públicas. Basta con hacer un recorrido por los distintos pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre esta materia para ver los vaivenes que ha sufrido esta cuestión que se ha convertido en verdadero laberinto de pronunciamientos judiciales contradictorios.

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¿Un Defensor del Mayor a nivel municipal?

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Grupo de personas mayores jugando a las cartas

La pandemia de la COVID-19 ha revelado numerosas carencias en el cuidado y atención a nuestros mayores, que exigen la búsqueda de nuevas fórmulas para reforzar su protección en nuestra sociedad. En ese proceso, puede ser de interés analizar la figura del Defensor del Mayor. Se trata de un órgano especializado en proteger a las personas mayores que toma como modelo el Ombudsman (Defensor del Pueblo) y que se ha creado en las últimas décadas en nuestro entorno. Este órgano aparece, según los casos, a nivel federal, regional o local.

En nuestro país, el Defensor del Mayor se creó en la ciudad de Valencia en 2003 teniendo como modelo el Defensor del Pueblo establecido a nivel estatal y autonómico. Posteriormente, se ha creado una figura similar en el municipio de Alcorcón. Este órgano se caracteriza por su autonomía institucional, la gratuidad de sus servicios, así como su carácter informal en la atención a los ciudadanos. El Defensor del Mayor tiene como objetivo principal defender los derechos de este colectivo en la ciudad. Es un órgano de enlace entre los ciudadanos y la Administración que ofrece asesoramiento, atención y ayuda a las personas mayores. Asimismo, tiene atribuida una función de supervisión y auditoría externa de las condiciones de calidad de vida de las personas mayores en el municipio, canalizando las sugerencias que considere oportunas.

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Madrid Central: ¿Es obligatorio abrir un trámite de información pública si la modificación sustancial deriva de una alegación?

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Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 (OMS), que contiene la regulación de Madrid Central y las demás “ordenaciones permanentes” (artículos 21-25; Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo).

La resolución judicial basa la anulación en un defecto de tramitación: la falta de cumplimentación suficiente del trámite de información pública exigido por la normativa por la que se rige el procedimiento de aprobación de Ordenanzas, que en el caso del municipio de Madrid está regulado por su ley especial: la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM).

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Anulación de “Madrid Central” por defectos de participación ciudadana

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Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en la parte específicamente referida a “Madrid Central” (Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo). En realidad, el Tribunal ha dictado tres sentencias. Ahora me refiero sólo a la primera, que se centra en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza y, más en especial, al trámite de información pública.

Según la sentencia, el Ayuntamiento no respetó debidamente el trámite de información pública que para los municipios en general establece el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y que para la ciudad de Madrid impone el art. 48 de la Ley de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM).

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Nulidad de planes urbanísticos

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Fotografía grúas

Hace unos pocos meses, aún en la “antigua normalidad”, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó una importante sentencia (318/2020) en la que se abría camino la declaración de nulidad absoluta parcial de los planes urbanísticos, cuando la infracción de la ley es individualizable en concretas determinaciones del plan, sin contaminar éste en su conjunto. Esta sentencia fue valorada positivamente por la doctrina, en general. Aunque en seguida mi colega JA Chinchilla planteó si esa apertura hacia la nulidad absoluta-parcial regía sólo para infracciones sustantivas del plan o si también podría ampliarse a casos en los que la infracción es procedimental, como la no solicitud de un informe preceptivo sobre recursos hidrológicos o de telecomunicaciones.

Pues bien, en aparente respuesta a esta pregunta, la más reciente STS de 27 de mayo de 2020 (RC 6731/2028) amplía los confines de la nulidad absoluta parcial hacia los defectos procedimentales. En concreto, el plan general de Yaiza (Lanzarote), que se había aprobado definitivamente sin haberse recibido aún el preceptivo informe litoral del Estado (conforme al art. 117.2 de la Ley de Costas), se declara nulo de pleno Derecho sólo para la ordenación urbanística referida a la parte litoral del término municipal, donde rigen las servidumbres y prohibiciones urbanísticas de la Ley de Costas.

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¿Está preparada la Administración local para la transición digital? Situación y oportunidades para la recuperación

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Autores: Criado, I.; Pastor, V. y Villodre, J.

En tiempos de distanciamiento social, la interacción digital con las administraciones se ha vuelto una práctica más habitual. Nadie hubiera imaginado este escenario en 2017, cuando la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea presentó una guía en eGobierno para promover la transición digital de las administraciones locales y regionales. En dicha guía se recogía información sobre una serie de instrumentos y oportunidades de financiación en el marco del Plan de Acción 2016-2020. Este plan estaba destinado a promover tres prioridades políticas:

    • La modernización de las administraciones públicas para la provisión eficaz y eficiente de servicios públicos: make it simple.
    • La interoperabilidad transfronteriza, esto es, la prestación de servicios públicos más allá de las fronteras: make it for all.
    • La promoción de las interacciones digitales con la administración y la implicación de ciudadanía, asociaciones y/o empresas en el diseño e implementación de nuevos servicios: make it together.

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El IAE y las empresas comercializadoras de electricidad: un botón de muestra sobre la necesidad de un cambio de paradigma en la tributación local de las actividades económicas

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El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo singular y, en gran medida, desactualizado. Ello es así, en primer lugar, porque grava el mero ejercicio de actividades económicas, sometiendo a tributación una riqueza potencial y no real (que, por cierto, ya resulta gravada efectivamente por los impuestos sobre la renta –de personas físicas, sociedades, no residentes o sucesiones y donaciones–), lo cual ha levantado reiteradas críticas en la doctrina a pesar de que el Tribunal Constitucional (entre otras, en la ya antigua sentencia 233/1999, de 16 de diciembre) no haya encontrado problemas de constitucionalidad en relación con el artículo 31 de nuestra Constitución.

Pero además debe tenerse en cuenta que el IAE, aun siendo concebido inicialmente en su diseño como tributo de masas que gravaba esencialmente a pequeños y medianos empresarios, profesionales y artistas además de a grandes empresas, después de la reforma operada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sólo grava actividades económicas cuya cifra de negocios supere el millón de euros, siendo así que una mera exención ha transmutado su naturaleza, convirtiéndolo en un tributo que recae únicamente sobre grandes empresas.

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El papel (¿protagonista?) de los municipios en el otorgamiento del Ingreso Mínimo vital

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El modelo competencial diseñado por la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica en materia de servicios sociales se parece más a la de una Administración indirecta de la Comunidad Autónoma gestionando competencias delegadas o encomendadas, que a la actividad desarrollada por una entidad dotada constitucionalmente de autonomía en ejercicio de competencias propias. Destacadamente en esta materia, las Comunidades Autónomas tienen un gran espacio y poder, tanto desde el punto de vista competencial y del diseño y planificación de la política social, como por el poder financiero del que disponen. De este modo, la Comunidad Autónoma se encuentra en condiciones de programar muy intensamente la actuación municipal en este ámbito.

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Ayuntamientos “en la segunda fase”

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En la segunda fase de desescalada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 537/2020, que contiene la quinta prórroga del estado de alarma, se ha mantenido la territorialización autonómica y, en paralelo, una cierta municipalizacióndel estado de alarma. Modesta, pero visible.

Así, conforme a la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, en la “fase 2” de la desescalada las Comunidades Autónomas pueden modificar –con límites- el aforo de los museos (art.3.3) o de los establecimientos de hostelería y restauración (art. 3.5), lo que lógicamente repercute también sobre los ayuntamientos. Más allá, en lo que se refiere directamente a los municipios, se prevé que los ayuntamientos puedan solicitar al Ministerio de Sanidad la no aplicación de las medidas de flexibilización correspondientes a la “fase 2” (art. 9.1 de la Orden SND/427/2020).

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