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La actividad de los órganos de recursos contractuales durante la pandemia

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En las próximas semanas, por séptimo año consecutivo, se publicará el Informe sobre la Justicia Administrativa 2021, elaborado por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM (www.cija-uam.es). El informe presenta un especial interés en esta edición, puesto que pretende medir el impacto que tuvo la pandemia en 2020 sobre el funcionamiento de la justicia administrativa en distintos sectores. Con esa finalidad se incluye una comparación con la serie de datos recopilada en los informes previos. Uno de los sectores que es objeto de análisis es la contratación pública. En particular, se estudia el funcionamiento de los órganos de recursos contractuales autonómicos, ya que el TACRC no ofrece sus datos de funcionamiento desde 2018, así como la actividad de la jurisdicción contencioso-administrativa. A continuación, se realiza un breve resumen de la actividad de los órganos de recursos contractuales.

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¿Tiene fecha de caducidad la temporalidad en la Administración? (II): La insuficiente respuesta del legislador

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Como se señaló en la entrada anterior (ver aquí), la jurisprudencia matizada del TJUE y la consiguiente adaptación de la del Tribunal Supremo, a través de la sentencia de 28 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2454), ha motivado que el Gobierno haya aprobado el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la Administración, que recoge parciamente algunas de las medidas acordadas entre Gobierno y sindicatos en el “Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas”, comentado por el profesor Morón Prieto. Cualquier medida que trate de paliar y reducir la temporalidad injustificada, sin duda, debe ser bien recibida. En este caso, además, debe celebrarse que el legislador haya acertado con el diagnóstico de algunos de los elementos que dificultan la gestión de los recursos humanos públicos como, por ejemplo, los procesos selectivos excesivamente largos y dilatados o la ausencia de una práctica asentada de convocatorias periódicas y sistemáticas de plazas, preferentemente de carácter anual. Sin embargo, las medidas diseñadas son incoherentes, parciales y poco creíbles.

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¿Tiene fecha de caducidad la temporalidad en la Administración? (I): La insuficiente respuesta de los tribunales

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Madrid

Es notorio que todos los niveles de la Administración en nuestro país tienen un volumen excesivo, en mayor o menor medida, de personal temporal, tanto de carácter funcionarial como laboral. De hecho, la hipertrofia de la temporalidad en la Administración no es un fenómeno novedoso. Existen empleados públicos con nombramientos o contratos de más de diez, quince o incluso veinte años de duración; bien sea a través de un solo vínculo o bien de la acumulación de varios.

Los tribunales –el Supremo, el Constitucional y el de Justicia de la Unión Europea– han tenido que enfrentarse al análisis de esta realidad y a los efectos derivados de la misma en múltiples ocasiones. De hecho, con sus pronunciamientos han incluso alterado e incrementado los vínculos temporales que podían vincular a empleados públicos y Administración. En este sentido, a las múltiples figuras temporales recogidas en las disposiciones legales –Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y Estatuto de los Trabajadores (ET)–, deben añadirse las ya clásicas figuras de creación jurisprudencial. Una de naturaleza administrativa –el interino de larga duración– y otra de carácter laboral –el indefinido no fijo–, fruto del funcionamiento irregular o, al menos, anómalo de la gestión de los recursos humanos públicos.

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La cuantificación de los tributos con base en el “valor de referencia”

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Las reglas de cuantificación de los tributos son generalmente complejas y generan mucha litigiosidad, especialmente en los impuestos cuya base imponible está constituida por el “valor real” o “valor de mercado” de dichos inmuebles.

Por ese motivo, la Dirección General del Catastro lleva algunos años desarrollando un método de determinación objetiva del valor de los inmuebles a partir de los datos obrantes en el Catastro y de su “valor de referencia de mercado”, entendiendo por tal “el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga”.

El “valor de referencia de mercado” aparece definido de ese modo en la Disposición Final Tercera de la Ley del Catastro Inmobiliario, donde se añade que, a estos efectos, se “elaborará un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos, y que se publicará con periodicidad mínima anual, previa resolución, en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro”.

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Apartamentos turísticos, gentrificación y planeamiento urbanístico. La capacidad municipal de garantizar el derecho a la vivienda (si existe voluntad política)

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I. Introducción.

En tres recientes sentencias, el Tribunal Supremo ha reconocido la capacidad del planeamiento urbanístico, a través de la técnica de la XX, para limitar la proliferación de viviendas residenciales dedicadas a la actividad económica del turismo, evitando así una de las más negativas consecuencias de la gentrificación, la negación del derecho a la vivienda de una parte significativa de la población en determinadas zonas de la ciudad. En concreto, se trata de 2 pronunciamientos relativos al Plan especial urbanístico para la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelonade 1 de abril de 2016, recurridos por una empresa del sector – Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:210)- y por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona -Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2021 (aún no publicada), y de un pronunciamiento relativo a la Modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico de 25 de enero de 2018, recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3842).

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Implantación del Mecanismo Rural de Garantía en España. Una iniciativa pionera

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Logo del proyecto

‘Ruralizar las leyes’: una cuestión de justicia es el título de un artículo, publicado en el mes de febrero de este año, en el que se daba a conocer la aplicación del mecanismo Rural Proofing por primera vez en España. Este mecanismo, denominado en español “Mecanismo Rural de Garantía” (MRG), consiste en “revisar con lentes rurales” las políticas y la legislación impulsadas por los distintos niveles de gobierno con el objetivo de garantizar que no generen impactos lesivos para los municipios y comunidades rurales. Aunque no es muy conocido, hay varios países de nuestro entorno que ya lo aplican como es el caso de Suecia, Finlandia o Reino Unido.

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La imprecisa diferenciación entre actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación y su incidencia sobre el deber de entrega de terrenos para la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler. Las SSTS de 16 de febrero de 2021

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Fachada del Tribunal Supremo

La diferenciación en la práctica de las diferentes actuaciones sobre el medio urbano reguladas en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) no resulta sencilla. Buena prueba de ello son las Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:739) y (ECLI:ES:TS:2021:733). Los problemas se presentan fundamentalmente en la diferenciación entre una actuación de reforma o renovación de la urbanización y una actuación de dotación, no siendo esta una cuestión baladí, dado los diferentes deberes urbanísticos asociados a unas y otras. La parquedad de la regulación del TRLSRU, impuesta por el carácter básico de la regulación estatal que debe dejar el correspondiente margen de actuación a las Comunidades Autónomas para no prefigurar su modelo urbanístico pero a la vez garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad ex art. 149.1.1ª CE, es manifiesta. Así, el art. 7.1.a).2 TRLSRU define, dentro de las actuaciones de urbanización, a las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización como aquellas que tienen lugar sobre un suelo en situación básica de urbanizado (definido en el art. 21.3 TRLSRU, por lo que aquí interesa, como aquél integrado en la trama urbana y que cuenta con los servicios urbanísticos básicos proporcionados por las redes contempladas por el planeamiento) y que tienen por objeto bien crear nuevas parcelas aptas para la edificación o actuar sobre las existentes, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, renovando o reformando la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. Frente a ello, el art. 7.1.b) TRLSRU define a las actuaciones de dotación a aquellas que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.

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El período de exposición pública del padrón o matrícula de los tributos de cobro periódico y el dies a quo del plazo para interponer el recurso de reposición local

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        1. Introducción

En el ámbito local, los tributos más relevantes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica son tributos de cobro periódico por recibo.

Estos tributos se caracterizan porque su gestión se realiza a través de la aprobación anual de padrones o matrículas, que contienen todas las liquidaciones. Estas liquidaciones no se notifican cada ejercicio de forma individualizada a los sujetos pasivos, sino mediante edictos (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria – LGT-).

Este sistema de gestión afecta tanto al período voluntario de pago, como a la impugnación de las liquidaciones.

Respecto al plazo de pago en período voluntario, el art. 62.3 LGT establece que será el que haya establecido la norma reguladora de estos tributos, que no podrá ser inferior a dos meses, y en caso de que no se haya establecido, el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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Derechos de los concejales tránsfugas y técnica legislativa mejorable. Comentario al hilo de la STS 1401/2020

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Desde hace décadas, el fenómeno del transfuguismo en los gobiernos locales ha sido un motivo de preocupación política. Esto llevó en 1998 a los (entonces) principales partidos políticos a firmar el Acuerdo sobre el transfuguismo[1], que cuenta con adendas de los años 2000[2], 2006[3] y 2020[4]. En la actualidad, la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria forman parte de este acuerdo. Una de las consecuencias del Acuerdo de 1998 fue la modificación del art. 73.3 LBRL, precisamente para impedir que concejales tránsfugas disfrutaran de más derechos políticos y económicos después de su “traición” (término empleado por las Adendas de 2006 y 2020). En relación con ello, la STS, Sala 3ª, 1401/2020, de 26 de octubre (cas. 1178/2019) resuelve un caso interesante, pues se refiere a un caso parcialmente distinto a los ya conocidos por el TC y no exento de algunos problemas jurídicos que ponen de manifiesto la deficiente técnica legislativa de la regulación de los derechos de los concejales no adscritos.

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El reto de simplificar los procedimientos de gestión de contratos en la Administración local

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Fotografía de terrazas

Fotografía de terrazas firmada por Sofia Simou

En una entrada anterior nos referíamos al estudio que hemos concluido recientemente sobre la gestión de contratos en la Administración municipal y a sus principales ejes de análisis. Hoy ya podemos anunciar su publicación por el INAP, descargable de forma gratuita, y ahondar en uno de sus hallazgos: la percepción negativa que los gestores públicos locales de estos contratos tienen sobre la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta conclusión no solo es relevante para ayudar a entender la realidad actual de las corporaciones locales, sino que tiene enormes implicaciones a futuro, cuando haya que poner en marcha acciones movilizando recursos del Next Generation UE para afrontar la recuperación económica. Pero vayamos por partes.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) incorporó un nuevo marco jurídico de extraordinaria complejidad y extensión para aplicar a las prácticas de externalización. Baste solo recordar que en las 264 páginas que ocupa en el BOE se suceden un total de 347 artículos, a los que se añaden un listado de 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales.

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