Los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2022 se celebró en la Universitat de Girona el XVI Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración. Este encuentro reunió a más de 500 académicos para pensar desde la disciplina sobre nuevos retos en un mundo cada vez más incierto: el incremento de la polarización política, el aumento de la desigualdad social o la urgencia de la crisis climática.
La conferencia inaugural del Congreso fue impartida por Dieter Nohlen, Profesor Emérito de la Universidad de Heidelberg, quien reflexionó desde una perspectiva autobiográfica sobre la evolución de la disciplina. En la conferencia, participaron Joan Subirats Humet, Ministro de Universidades, Tània Verge, Consellera de Igualdad de la Generalitat de Catalunya, y Arantxa Elizondo Lopetegui, Presidenta de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.
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Los días 9 y 10 de junio de 2022 se celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid el
El pasado 28 de abril de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió una cuestión prejudicial planteada por Conseil d’État belga (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) sobre el alcance del sector Administraciones públicas en términos de Sistema Europeo de Cuentas (Reglamento (UE) nº 549/2013, de 21 de mayo de 2013). En particular, el TJUE se pronuncia sobre la inclusión en dicho sector de la Secretaría General de la Formación Católica ASBL (SeGEC) y otras seis asociaciones sin ánimo de lucro que operan en el ámbito de la enseñanza en Bélgica (asunto C-277/21).
Un tema recurrente en el Derecho público continental europeo es la discusión sobre la naturaleza de los bienes de las Administraciones Públicas. Se trata de un debate verdaderamente clásico, que sin embargo no termina de llegar a un puerto concreto. Cabe preguntarse incluso si la contienda, básicamente intelectual y dogmática, tiene todavía hoy algún sentido práctico en general, y en el caso de las entidades locales en particular.
La relevancia de conseguir mayores estándares de protección ambiental puede y debe conllevar políticas públicas que fomenten una mayor sostenibilidad y protección del medio natural. Lógicamente, entre las acciones públicas que pueden llevarse a cabo están las de tipo fiscal, ya sea en el ámbito del gasto público (v. gr. subvenciones para la sustitución de algunos de los elementos más contaminantes como ciertos vehículos, calderas, instalaciones, etc.); o bien en relación con los ingresos públicos, que, básicamente, suelen circunscribirse al ámbito tributario (y particularmente a las figuras de los impuestos y de las tasas). Es más: las políticas tributarias para la protección ambiental suelen concentrarse en un gravamen más elevado para las conductas con un mayor impacto ambiental y, por otro lado, en beneficios fiscales para actuaciones menos contaminantes.
Recientemente, el 22 de septiembre de 2021, el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa ha emitido su tercer 
