La Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, ha modificado profundamente el régimen de control municipal previo de las “obras ordinarias”, las que no requieren de un previo proyecto técnico de edificación (nuevo art. 152 de la Ley madrileña 9/2001, del Suelo: LSM). Para estas obras ya no es necesario contar con una previa licencia municipal de obras. Basta con la previa presentación por el promotor, en el ayuntamiento, de una declaración responsable. Luego, una vez iniciadas o terminadas las obras, el ayuntamiento tendrá que comprobar que lo declarado y/o ejecutado es conforme con la ordenación urbanística: con los planes y con las ordenanzas urbanísticas. Dice al respecto el nuevo art. 159.1 LSM que “Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras a las que se refieren las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley”. Sabemos de la existencia de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) que actúan en el municipio de Madrid. La pregunta es ahora si, como anuncia el art. 159 LSM esas ECU efectivamente van a poder participar, y en qué medida, en la comprobación de las obras objeto de declaración responsable. El criterio central para dar una respuesta es definir con quién colabora la ECU, si con el ayuntamiento o con el particular. De esta cuestión me ocupé hace ya unos años.
Es por todos sabido que una de las características más relevantes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) la constituye el hecho de que se trata de un impuesto de gestión compartida entre el Catastro Inmobiliario (Administración del Estado) y los Ayuntamientos, sin perjuicio de las delegaciones de competencias que los citados organismos puedan llevar a cabo. En este marco, no es de extrañar que surjan diversos aspectos problemáticos derivados de esa dualidad de gestión.
El pasado 14 de marzo de 2020, se decretó en España un periodo de estado de alarma como consecuencia de la propagación del SARS Covid-19. Las Administraciones Públicas de los distintos niveles territoriales se enfrentaron entonces al reto de aprovisionar y satisfacer las necesidades emergentes de los ciudadanos y el sector productivo. A partir de la información publicada por OIRESCON sobre la contratación pública durante el primer estado de alarma, en esta entrada analizaremos algunos aspectos de la contratación de las entidades locales entre marzo y junio de 2020 para paliar los efectos de la pandemia. Los datos deben tomarse con la cautela necesaria, en la medida en que solo pueden apoyarse en la información publicada, sin que sea posible determinar el alcance de los contratos celebrados que no se hayan dado a conocer cumpliendo con las normas de transparencia.
