Comienza a ser habitual ver cómo famosos personajes se sientan en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda y cómo se libran de la cárcel, tras el desembolso de elevadas cuantías de dinero. El delito de defraudación tributaria en España, regulado en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, establece unas penas que oscilan entre la prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Ahora bien, merece la pena estudiar cómo se distribuyen las penas dentro del marco penal que la ley les atribuye, cuánto tardan nuestros tribunales en resolver, o cómo de “rentable” es litigar para los acusados o la propia Administración.
Tras once años, parece que el Tribunal Constitucional, afortunadamente, deshace el entuerto a que dio lugar con el auto de 26 de febrero de 2008, aun cuando lo ahora decidido pueda provocar otro tipo de problemas desde el punto de vista de la creación del Derecho y la prohibición de confiscatoriedad, y que suscita cómo saber si la capacidad económica es inexistente o no en los casos de tributos que exigen cuotas fijas o emplean criterios objetivos de medición de bases imponibles que no sean voluntarios.
En mi colaboración en el libro homenaje al Prof. RODRÍGUEZ BEREIJO, donde me ocupaba de la determinación de la base imponible, señalaba que “La medicina dispensada por el auto 71/2008, de 26 de febrero, del Tribunal Constitucional, puede permitir que los métodos de determinación sean un problema menor, pues partiendo de que el principio de igualdad no consagra «un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales…»… permitiría que diversos hechos imponibles se graven en igual grado aun cuando la intensidad de su realización sea evidente y contrastablemente distinta; y a pesar de reconocer que el principio de capacidad económica obliga a que la contribución de solidaridad en que consiste el tributo «sea configurada en cada caso por el legislador según aquella capacidad», esto es, le obliga a modular la carga tributaria de cada contribuyente «en la medida –en función– de la capacidad económica», da una larga cambiada para referir el citado principio al sistema tributario, y concluye que «aun cuando el principio de capacidad económica implica que cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se module en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” en su conjunto», de manera que puede afirmarse «que sólo cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en la realización del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE»”.
Sabemos que en la forma de gobierno parlamentaria es esencial la existencia de reservas de ley. Cuanto más amplias e intensas son las reservas de ley, más débil resulta la posición institucional del Gobierno y la Administración, respecto del Parlamento. A partir de aquí, se puede plantear si la técnica de la reserva de ley tiene su oportuna correspondencia, en el ámbito interno de cada ayuntamiento, en una hipotética reserva de ordenanza. Esto es, si en determinadas materias la alcaldía y la junta de gobierno, así como los servicios municipales, no pueden intervenir sin previa regulación del pleno, por medio de ordenanza.
En principio se puede afirmar que la LBRL no contiene una reserva general de ordenanza. Y ninguna ley autonómica de régimen local (menos aún un reglamento orgánico municipal) podría imponer tal reserva total o general de ordenanza. Dicho esto, sí se puede hablar de concretas reservas de ordenanza. Algunas provienen inmediatamente de la LBRL, como la reserva de reglamento orgánico. Otras pueden ser introducidas por las leyes sectoriales estatales o por leyes autonómicas, tanto generales como sectoriales. Y finalmente, también se puede identificar una reserva de ordenanza allí donde existe una reserva de ley. Veamos.
Laura Concepción González Calvache
Estudiante del doble grado en Derecho y Ciencia Política en prácticas en el IDL-UAM
La amenaza –ya palpable– de un ingente cambio climático, de consecuencias aún por determinar, está provocando respuestas a distintos niveles. Así, se busca dar solución a la cada vez más evidente emergencia climática en diferentes ámbitos: desde el movimiento “free the fruit” y el reto de la semana, mes o año sin generar basura, a buscar la reducción del uso del plástico desechable desde las industrias, los consumidores y las instituciones hasta los límites a la circulación con vehículos privados en capitales del mundo (París Zona ZCR, Madrid Central). En este contexto, se ha de recordar que la legislación española permite a los ayuntamientos promover el uso de alternativas menos contaminantes. En particular, la Ley de Haciendas Locales (LHL) otorga a los ayuntamientos la potestad de bonificar a sus contribuyentes algunos impuestos en aras de conseguir una ciudad más sostenible, si bien, como veremos, no todas las entidades locales aprovechan de igual forma las posibilidades que les brinda la ley.
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).
Una de las múltiples cuestiones que suscita su regulación es la aplicación del art. 26.5 de la LGT, que regula la liquidación de intereses de demora cuando resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación en los casos de anulación administrativa o judicial de la liquidación originaria. El citado precepto ordena computar los intereses sobre el importe de la nueva liquidación, desde el día que resulte conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 26 de la LGT, y hasta que se dicte la nueva liquidación, sin que el dies ad quem pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución anulatoria.
La legislación básica de contratación pública ha previsto durante décadas la prohibición de contratar del cónyuge o persona en análoga relación de convivencia afectiva de cargos electos cuando presta directamente servicios como operador económico o participa de forma relevante en una empresa que puede ser contratista de la misma Administración (art. 20 e) LCAP; art. 20 e) TRLCAP; art. 49.1 f) LCSP 2007; art. 60.1 f) TRLCSP). Esa prohibición se traducía en la exclusión de la licitación pública y, en caso de incumplirse, conllevaba la nulidad de pleno de Derecho de los actos y del contrato (art. 39.2 a) LCSP). La aplicación de esa prohibición de contratar se producía habitualmente de forma automática constatando simplemente la existencia de un vínculo matrimonial y comprobando que el contrato se financiaba efectivamente por la Administración afectada (art. 178.2 d) LOREG) -sirva como ejemplo el Informe JCCAAragón, 7/2013, de 10 de abril-.
Esta semana se ha hecho pública la STC de 31 de octubre de 2019, en la que se declara la inconstitucionalidad del artículo 107.4 TRLRHL “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”.
El contenido de la sentencia no puede considerarse sorprendente, porque el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) está siendo sometido a un escrutinio especialmente severo en los últimos años y, además, las SSTC 26/2017, de 16 de febrero y STC 59/2017, de 11 de mayo, ya permitía aventurar un fallo de esta naturaleza, al establecer que (i) el objeto del tributo es “la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión” (FJ 3º STC 26/2017); y que (ii) el principio de no confiscatoriedad “exige que dicho efecto no se produzca «en ningún caso», lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional” (FJ 2º STC 26/2017).
Hace unos días (el 31 de octubre de 2019), el Boletín Oficial del Estado publicaba la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre (ECLI:ES:TC:2019:112), en relación con un recurso de amparo interpuesto por la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.
En el inicial recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la luego recurrente en amparo alegó, entre otras cosas, que la resolución no le había sido notificada correctamente. La recurrente argumenta que no se trató de una verdadera notificación puesto que el acto de comunicación no contenía ni el texto íntegro del acto, ni las exigencias y garantías derivadas de la legislación del procedimiento administrativo común: la indicación de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que contra el mismo procede, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo. Recibido el recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el art. 69.c LJCA, lo inadmitió por considerar que el acto impugnado (del Director General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad y Política Social del Gobierno de la Región de Murcia) no agotaba la vía administrativa, al ser susceptible de recurso de alzada ante el Consejero competente. Contra la sentencia de inadmisión del Tribunal Superior de Justicia se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sala de lo contencioso-administrativo, por falta de interés casacional objetivo. Recurrida esta decisión a través de la interposición de recurso de amparo, en la Sentencia que estamos comentando, el Tribunal Constitucional declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, así como la providencia del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación por falta de interés casacional objetivo.
El título de esta entrada se corresponde con el de un reciente documento de la Comisión Europea (2019) en el que se da cuenta de cómo la Agenda urbana para la UE (2016) ha logrado llevar a la práctica la noción de “gobernanza multinivel” (MLG, por sus siglas en inglés). Y es que la MLG no solo es un término cada vez más presente en el discurso político, sino que tiene una gran importancia para la acción en el mundo local.
El origen del concepto se sitúa en la década de los noventa (Marks, Hooghe y Blank, 1996) y su desarrollo se debió a tres factores principales (Stephenson, 2013; Tortola, 2017). En primer lugar, la reforma de los Fondos Estructurales de la CEE en 1988, que puso un mayor énfasis en los principios de coordinación y partenariado (especialmente en la Política de cohesión). En segundo lugar, la movilización y proliferación de grupos de interés integrados en las redes de política pública en el contexto comunitario y, por último, la institucionalización del principio de subsidiariedad(Tratado de Maastricht, 1992), que consolidó la idea de que la acción política debe desarrollarse en el nivel de gobierno más efectivo y cercano a la ciudadanía.
1. La incomprensible contradicción de las Sentencias del Tribunal Constitucional 109/2017 y 86/2019.
Los Estudios de Detalle aparecen configurados en las diversas normas autonómicas como la última pieza de un sistema de planeamiento, fuertemente jerarquizado, con un campo de actuación muy limitado, hasta el punto de que es la principal pieza de la que se cuestiona su carácter normativo. Su concreta funcionalidad varía de una a otra Comunidad Autónoma, pero como generalidad puede afirmarse que los Estudios de Detalle persiguen la ordenación de los volúmenes, ocupaciones y retranqueos y el señalamiento de alineaciones y rasantes en parcelas concretas, sin que puedan alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento que desarrollan (Plan General, Plan Parcial o Plan Especial). También pueden delimitar espacios libres y viarios interiores al ámbito de ordenación. Esta es la regulación que, con matices que no tienen mayor relevancia, se establece en el art. 46 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (idéntica regulación se establecía en el art. 46 de la previa Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo) y en el art. 150 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (el art. 38 del Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, incorporaba una regulación similar).
