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¿Es necesaria la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tras la crisis de la COVID-19?

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Fotografía del laberinto de setos del Parque Juan Carlos I de Madrid

Como ya comentamos en entradas anteriores de este blog, el 20 de octubre de 2020, el Congreso de los Diputados apreció por mayoría absoluta que existían las condiciones de excepcionalidad para suspender las reglas fiscales. De forma previa, a nivel europeo, el 20 de marzo de 2020, la Comisión comunicó al Consejo la necesidad de activar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (en adelante, PEC). El 23 de marzo de 2020, los Ministros de Hacienda de la Unión Europea (UE) aprobaron una Declaración manifestando estar de acuerdo con la activación de dicha cláusula, habida cuenta de la crisis de la COVID-19.

La cláusula de salvaguardia se regula en el art. 5 in fine del Reglamento (CE) 1466/97, 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, en su redacción tras la reforma del PEC en 2011 (en adelante, Reglamento de Supervisión). Este precepto establece que “[E]n caso de acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o en períodos de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, se podrá́ permitir a los Estados miembros que se aparten temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo […], siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”.

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Ciudades intermedias y políticas urbanísticas frente a la pérdida de población

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En una reciente entrada en el Blog, el Prof. Velasco Caballero ante el problema del reto demográfico se interrogaba acerca de las ciudades intermedias y proponía ensanchar el concepto de ciudad intermedia en atención a la escala urbana española, identificándolas como aquellas urbes (ciudades con economía urbana) con una población entre 30.000 y 500.000 habitantes.

En muchas de nuestras ciudades intermedias, además del creciente envejecimiento de la población, (al igual que en toda Europa,) se puede observar un proceso de contracción (shrinkage). Este no es un fenómeno nuevo [Fernández Agueda, Beatriz – Cunningham-Sabot, Emmanuèle. Del declive al decrecimiento urbano: un debate en construcción, Anales de geografía de la Universidad Complutense núm. 2 (2018)], sino que hoy presenta una incidencia global (global shrinkage). Al envejecimiento de población se une la pérdida, significativa, de población y el declive económico, sobre todo en las antiguas ciudades industriales. Se encuentre su origen bien en un proceso estructural propio del ciclo de vida urbano (crisis industrial, terciarización y suburbanización) bien en situaciones de bloqueo endógeno fruto de crisis sistémicas (derivadas de un largo proceso de cambio tecnológico, social o político), lo cierto es que muchas ciudades se enfrenta a una clara situación de declive urbano. No sólo es determinante el factor económico, sino que inciden directamente factores locales demográficos, sociales o de vivienda [López Bustos, Alba – Arellano Ramos, Blanca. Shrinking cities. El caso aplicado de Ferrol, ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, núm. 38 (2018)]. A ello contribuye también, de forma decisiva, un modelo de ciudad dispersa, con un fuerte desplazamiento de la población joven hacia la periferia, y donde la situación afecta fundamentalmente a esos antiguos barrios situados en el otrora extrarradio de los años 60-80 y los centros degradados, en los que existen viviendas deterioradas, un déficit de equipamientos y baja calidad ambiental, concurriendo patologías sociales de pobreza y marginalidad. También influyen los impactos ambientales negativos derivados de la necesidad de adaptarse a la economía verde [Campos Sánchez, Francisco Sergio – Reinoso Bellido, Rafael – Abarca Álvarez, Francisco Javier. Sustainable Environmental Strategies for Shrinking Cities Based on Processing Successful Case Studies Facing Decline Using a Decision-Support System, International Journal of Environmental Research and Public Health núm. 16 (2019)].

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La modulación de efectos de las sentencias del TC que declaran la inconstitucionalidad de un tributo: Comentarios de urgencia a la luz de la sentencia de 26 de octubre de 2021 sobre el impuesto de plusvalías

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La sentencia del 26 de octubre de 2021[1], aún no publicada en el BOE pero sí en la web del Tribunal Constitucional por nota de prensa de 3 de noviembre[2], presenta importantes aspectos para el estudio y reflexión sobre el fondo; la capacidad económica y la prohibición de confiscación; o el cambio de criterio habido con los mismos magistrados que lo eran ya desde 2017, sobre unas normas que no se han modificado desde entonces; pero en esta reflexión me centraré en los que pueden calificarse como extravagantes efectos que prevé y la ausencia de motivación.

1. Síntesis de la jurisprudencia constitucional previa sobre los efectos en el tiempo de la declaración de inconstitucionalidad.

La procedencia de devolución de ingresos tras una sentencia del TC que declaraba la inconstitucionalidad de un tributo comenzó a generar dudas en el siglo pasado, ya con la primera declaración de inconstitucionalidad de un tributo por la STC 179/85, de 19 diciembre, sobre recargos municipales sobre el IRPF, y la segunda, la 19/1987, de 17 de febrero (libre fijación de tipo en la Contribución Territorial Urbana por los ayuntamientos), y en ambos casos se concluyó que procedía la devolución.

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Nueva declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU (plusvalía municipal)

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El pasado 3 de noviembre se divulgó a través de la página web del Tribunal Consitucional el texto de la sentencia que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL), así como también el texto del voto particular presentado por el magistrado Conde-Pumpido Touron (al que se adhirió la magistrada Balaguer Callejón) y el voto concurrente del magistrado González Rivas.

La sentencia citada -­que todavía no ha sido publicada en el BOE­- es de una enorme transcendencia porque declara la inconstitucionalidad y nulidad de los principales preceptos reguladores de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), lo que determina “su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad”.

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¿Qué son las ciudades intermedias?

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En España, el reto demográfico se está planteando normalmente como la recuperación y desarrollo de los pueblos pequeños, frente a las ciudades. Como la potenciación de los núcleos y áreas rurales, frente a los núcleos urbanos.

En buena medida, este planteamiento refleja la tradicional opción ruralista de la Política Agrícola Europea y de los fondos estructurales (Fondo Social Europeo +, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, principalmente). Todos estas formas subvencionales europeas están dirigidas directa –aunque no únicamente- al sostenimiento de las rentas agrarias y a la innovación productiva y sostenible de la economía agropecuaria y forestal. Estos antecedentes ruralistas se han trasladado en buena medida a las diversas estrategias demográficas coexistentes: europea, española y autonómicas. Se observa con cierta claridad cómo en el centro de las políticas demográficas está la retención de población en los municipios pequeños, en esencia rurales.

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Informe ”Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación”. Solo si medimos podemos mejorar

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Portada del informe “los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030”

Se acaba de presentar el Informe Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación que analiza 81 municipios, incluyendo todos los de poblaciones superiores a 5.000 habitantes. Se trata de una investigación en la que venimos trabajando desde el año 2020 en el marco del proyecto Hacia la consolidación de ciudades inclusivas: un desafío para Madrid financiado por el Fondo Social Europeo. El estudio sigue la metodología desarrollada globalmente por la Sustainable Development Solutions Network (SDSN)[1], utilizando como base el conjunto de indicadores del ultimo informe de la Red Española de Desarrollo Sostenible[2] a nivel nacional, pero adaptándolos a nivel regional y añadiendo algunos nuevos.

El diagnóstico sobre la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en cada municipio se realiza a partir de indicadores. El número de indicadores para cada ODS varía en función de las diferencias en el acceso y disponibilidad de datos existente según la temática abordada. Toda la información proviene de portales oficiales dedatos.

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La ausencia de adopción de medidas para evitar la excesiva temporalidad en las empresas públicas

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Calle Gran Vía con Calle Alcalá de Madrid

Uno de los problemas en materia de personal más importantes a los que se enfrenta actualmente el sector público español es la elevada tasa de temporalidad. La contratación temporal de personal laboral va mucho más allá de las necesidades coyunturales a las cuales responde este tipo de contratación. Las causas de este fenómeno son variadas y han ido acumulándose a lo largo de los años. Instrumentos de gestión de personal poco flexibles, procedimientos administrativos de acceso que se dilatan en exceso en el tiempo, falta de medios en los departamentos de personal o limitaciones presupuestarias en tiempos de crisis económicas y presupuestarias son algunas de esas causas. Todo ello ha provocado un exceso de temporalidad, y por tanto, de precariedad en el sector público.

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Las reglas fiscales tras la COVID-19

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Se acaba de publicar el Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente al año 2021, bajo el título “Derecho y política ante la pandemia: Reacciones y transformaciones”, cuyo tomo I, coordinado por los profesores Francisco Velasco Caballero y Beatriz Gregoraci Fernández, se ha dedicado a las “Reacciones y transformaciones en el Derecho Público”. He tenido la suerte de poder participar en esta obra colectiva que investiga las consecuencias de la pandemia sobre el ordenamiento jurídico, reflexionando acerca de las reglas fiscales tras la COVID-19.

En este trabajo sostengo que, previamente a cualquier otra consideración, sería necesario modificar tanto el límite de déficit estructural fijado en el art. 11.2 LOEPSF como el de deuda que consta en el art. 13 LOEPSF. O bien se realiza una remisión a la normativa de la Unión Europea o bien, para el caso de que se quisiera establecer objetivos nacionales aún más ambiciosos, deberían fijarse metas creíbles.

 

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La actividad de los órganos de recursos contractuales durante la pandemia

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En las próximas semanas, por séptimo año consecutivo, se publicará el Informe sobre la Justicia Administrativa 2021, elaborado por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM (www.cija-uam.es). El informe presenta un especial interés en esta edición, puesto que pretende medir el impacto que tuvo la pandemia en 2020 sobre el funcionamiento de la justicia administrativa en distintos sectores. Con esa finalidad se incluye una comparación con la serie de datos recopilada en los informes previos. Uno de los sectores que es objeto de análisis es la contratación pública. En particular, se estudia el funcionamiento de los órganos de recursos contractuales autonómicos, ya que el TACRC no ofrece sus datos de funcionamiento desde 2018, así como la actividad de la jurisdicción contencioso-administrativa. A continuación, se realiza un breve resumen de la actividad de los órganos de recursos contractuales.

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¿Tiene fecha de caducidad la temporalidad en la Administración? (II): La insuficiente respuesta del legislador

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Como se señaló en la entrada anterior (ver aquí), la jurisprudencia matizada del TJUE y la consiguiente adaptación de la del Tribunal Supremo, a través de la sentencia de 28 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2454), ha motivado que el Gobierno haya aprobado el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la Administración, que recoge parciamente algunas de las medidas acordadas entre Gobierno y sindicatos en el “Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas”, comentado por el profesor Morón Prieto. Cualquier medida que trate de paliar y reducir la temporalidad injustificada, sin duda, debe ser bien recibida. En este caso, además, debe celebrarse que el legislador haya acertado con el diagnóstico de algunos de los elementos que dificultan la gestión de los recursos humanos públicos como, por ejemplo, los procesos selectivos excesivamente largos y dilatados o la ausencia de una práctica asentada de convocatorias periódicas y sistemáticas de plazas, preferentemente de carácter anual. Sin embargo, las medidas diseñadas son incoherentes, parciales y poco creíbles.

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