El 17 de octubre de 2019 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH o Tribunal) dictó su sentencia en el caso López Ribalda y otros contra España. El asunto se inició mediante la interposición de dos demandas, una en 2012 y la otra en 2013, contra el Reino de España ante el TEDH por parte de cinco ciudadanas españolas. En el momento de los hechos descritos en ambas demandas, las demandantes trabajaban como cajeras y vendedoras en un supermercado de una cadena de supermercados española en una localidad de la provincia de Barcelona. El empleador de las demandantes comprobó algunas irregularidades y pérdidas por importes de entre 7.000 y 25.000 euros por mes durante varios meses. Con el fin de investigar dichas pérdidas, el 15 de junio de 2009 el empleador instaló videocámaras tanto visibles (situadas en la entrada y salida) como ocultas (enfocando sobre las cajeras registradoras). La empresa informó a sus trabajadores sobre las cámaras visibles, pero no de las ocultas. El 25 y el 29 de junio de 2009 todas las trabajadoras sospechosas de robo fueron convocadas a una reunión de forma individual. Catorce trabajadoras fueron despedidas, entre ellas las cinco demandantes, por motivos disciplinarios. Según las cartas de despido, habían sido grabadas por las videocámaras entre el 15 y el 18 de junio de 2009 ayudando a otras trabajadoras y clientes a robar productos, así como robándolos ellas mismas. Según las grabaciones, las demandantes cajeras escaneaban productos de las cestas de la compra de los clientes y compañeros y a continuación anulaban los tickets de compra. En las fechas en que fueron despedidas, tres de las cinco demandantes firmaron un documento denominado “acuerdo transaccional”, por el que se comprometían a no demandar a su empleador por despido improcedente, a la vez que el empleador se comprometía a no denunciarles por robo.
No es la primera vez que nos ocupamos de los llamados contratos de prestación de servicios a las personas en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en adelante, LCSP (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018). En esta ocasión se pretende dar cuenta del reciente Informe 52/18 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE, en adelante) que constituye un intento de fijar el concepto y régimen jurídico de este tipo de contratos de servicios.
Como ya es bien sabido, además de la supresión del contrato de gestión de servicios y su sustitución por las nuevas modalidades de contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios (arts. 15 y 17 LCSP), la LCSP 2017 configura una nueva categoría de contratos en función de su objeto: aquellos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (conocidos también como “contratos a las personas”), para los que la LCSP establece un régimen jurídico especial, denominándoles “servicios especiales” del Anexo IV.
Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico, mediante la reforma del art. 13 LBRL, un nuevo instrumento para incentivar las fusiones voluntarias de municipios: los convenios de fusión. Esta figura no estaba prevista inicialmente, ya que en el primer borrador de Anteproyecto se optaba por el modelo de fusión imperativa u obligatoria de Ayuntamientos.
La expresión y el logo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han hecho un lugar privilegiado en política. No hay estrategia a medio plazo que se precie que no la incluya, llegando hasta la denominación de carteras ministeriales u orientación general de política nacional. Pero ¿qué representan los ODS en el nivel local de gobierno y en qué medida se están implantando en nuestros municipios?
El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un documento que interpela a todos los gobiernos para trabajar en la consecución de 17 objetivos para el final de la próxima década.
Comienza a ser habitual ver cómo famosos personajes se sientan en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda y cómo se libran de la cárcel, tras el desembolso de elevadas cuantías de dinero. El delito de defraudación tributaria en España, regulado en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, establece unas penas que oscilan entre la prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Ahora bien, merece la pena estudiar cómo se distribuyen las penas dentro del marco penal que la ley les atribuye, cuánto tardan nuestros tribunales en resolver, o cómo de “rentable” es litigar para los acusados o la propia Administración.
Tras once años, parece que el Tribunal Constitucional, afortunadamente, deshace el entuerto a que dio lugar con el auto de 26 de febrero de 2008, aun cuando lo ahora decidido pueda provocar otro tipo de problemas desde el punto de vista de la creación del Derecho y la prohibición de confiscatoriedad, y que suscita cómo saber si la capacidad económica es inexistente o no en los casos de tributos que exigen cuotas fijas o emplean criterios objetivos de medición de bases imponibles que no sean voluntarios.
En mi colaboración en el libro homenaje al Prof. RODRÍGUEZ BEREIJO, donde me ocupaba de la determinación de la base imponible, señalaba que “La medicina dispensada por el auto 71/2008, de 26 de febrero, del Tribunal Constitucional, puede permitir que los métodos de determinación sean un problema menor, pues partiendo de que el principio de igualdad no consagra «un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales…»… permitiría que diversos hechos imponibles se graven en igual grado aun cuando la intensidad de su realización sea evidente y contrastablemente distinta; y a pesar de reconocer que el principio de capacidad económica obliga a que la contribución de solidaridad en que consiste el tributo «sea configurada en cada caso por el legislador según aquella capacidad», esto es, le obliga a modular la carga tributaria de cada contribuyente «en la medida –en función– de la capacidad económica», da una larga cambiada para referir el citado principio al sistema tributario, y concluye que «aun cuando el principio de capacidad económica implica que cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se module en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” en su conjunto», de manera que puede afirmarse «que sólo cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en la realización del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE»”.
Sabemos que en la forma de gobierno parlamentaria es esencial la existencia de reservas de ley. Cuanto más amplias e intensas son las reservas de ley, más débil resulta la posición institucional del Gobierno y la Administración, respecto del Parlamento. A partir de aquí, se puede plantear si la técnica de la reserva de ley tiene su oportuna correspondencia, en el ámbito interno de cada ayuntamiento, en una hipotética reserva de ordenanza. Esto es, si en determinadas materias la alcaldía y la junta de gobierno, así como los servicios municipales, no pueden intervenir sin previa regulación del pleno, por medio de ordenanza.
En principio se puede afirmar que la LBRL no contiene una reserva general de ordenanza. Y ninguna ley autonómica de régimen local (menos aún un reglamento orgánico municipal) podría imponer tal reserva total o general de ordenanza. Dicho esto, sí se puede hablar de concretas reservas de ordenanza. Algunas provienen inmediatamente de la LBRL, como la reserva de reglamento orgánico. Otras pueden ser introducidas por las leyes sectoriales estatales o por leyes autonómicas, tanto generales como sectoriales. Y finalmente, también se puede identificar una reserva de ordenanza allí donde existe una reserva de ley. Veamos.
Laura Concepción González Calvache
Estudiante del doble grado en Derecho y Ciencia Política en prácticas en el IDL-UAM
La amenaza –ya palpable– de un ingente cambio climático, de consecuencias aún por determinar, está provocando respuestas a distintos niveles. Así, se busca dar solución a la cada vez más evidente emergencia climática en diferentes ámbitos: desde el movimiento “free the fruit” y el reto de la semana, mes o año sin generar basura, a buscar la reducción del uso del plástico desechable desde las industrias, los consumidores y las instituciones hasta los límites a la circulación con vehículos privados en capitales del mundo (París Zona ZCR, Madrid Central). En este contexto, se ha de recordar que la legislación española permite a los ayuntamientos promover el uso de alternativas menos contaminantes. En particular, la Ley de Haciendas Locales (LHL) otorga a los ayuntamientos la potestad de bonificar a sus contribuyentes algunos impuestos en aras de conseguir una ciudad más sostenible, si bien, como veremos, no todas las entidades locales aprovechan de igual forma las posibilidades que les brinda la ley.
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).
Una de las múltiples cuestiones que suscita su regulación es la aplicación del art. 26.5 de la LGT, que regula la liquidación de intereses de demora cuando resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación en los casos de anulación administrativa o judicial de la liquidación originaria. El citado precepto ordena computar los intereses sobre el importe de la nueva liquidación, desde el día que resulte conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 26 de la LGT, y hasta que se dicte la nueva liquidación, sin que el dies ad quem pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución anulatoria.
La legislación básica de contratación pública ha previsto durante décadas la prohibición de contratar del cónyuge o persona en análoga relación de convivencia afectiva de cargos electos cuando presta directamente servicios como operador económico o participa de forma relevante en una empresa que puede ser contratista de la misma Administración (art. 20 e) LCAP; art. 20 e) TRLCAP; art. 49.1 f) LCSP 2007; art. 60.1 f) TRLCSP). Esa prohibición se traducía en la exclusión de la licitación pública y, en caso de incumplirse, conllevaba la nulidad de pleno de Derecho de los actos y del contrato (art. 39.2 a) LCSP). La aplicación de esa prohibición de contratar se producía habitualmente de forma automática constatando simplemente la existencia de un vínculo matrimonial y comprobando que el contrato se financiaba efectivamente por la Administración afectada (art. 178.2 d) LOREG) -sirva como ejemplo el Informe JCCAAragón, 7/2013, de 10 de abril-.
