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Entidades colaboradoras en el control urbanístico de las obras objeto de declaración responsable

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La Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, ha modificado profundamente el régimen de control municipal previo de las “obras ordinarias”, las que no requieren de un previo proyecto técnico de edificación (nuevo art. 152 de la Ley madrileña 9/2001, del Suelo: LSM). Para estas obras ya no es necesario contar con una previa licencia municipal de obras. Basta con la previa presentación por el promotor, en el ayuntamiento, de una declaración responsable. Luego, una vez iniciadas o terminadas las obras, el ayuntamiento tendrá que comprobar que lo declarado y/o ejecutado es conforme con la ordenación urbanística: con los planes y con las ordenanzas urbanísticas. Dice al respecto el nuevo art. 159.1 LSM que “Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras a las que se refieren las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley”. Sabemos de la existencia de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) que actúan en el municipio de Madrid. La pregunta es ahora si, como anuncia el art. 159 LSM esas ECU efectivamente van a poder participar, y en qué medida, en la comprobación de las obras objeto de declaración responsable. El criterio central para dar una respuesta es definir con quién colabora la ECU, si con el ayuntamiento o con el particular. De esta cuestión me ocupé hace ya unos años.

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Plazo para solicitar la devolución del ICIO

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Ya tenemos respuesta para la duda que planteamos en nuestra entrada del blog de 7 de noviembre de 2018  ICIO y caducidad de la licencia – IDL-UAM en relación el inicio del cómputo del plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Como comentamos en dicha entrada, en auto de 11 de julio de 2018, la sección primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo había admitido el recurso 1869/2018 presentado por el Ayuntamiento de Recas (Toledo) apreciando interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia en el hecho de que, en aquellos casos en los que las obras no llegan a ejecutarse, el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos del Impuesto debía fijarse atendiendo al mero transcurso del plazo indicado en la licencia o, si por el contrario, era necesario un acto formal de declaración de caducidad de la misma por parte del Ayuntamiento, criterio mantenido por el juzgado de instancia.

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Comprobaciones de los municipios madrileños sobre las declaraciones responsables de obras ordinarias, tras la Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre

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En el Instituto de Derecho Local, con la participación de nuestros profesores y de expertos externos, estamos organizando varios cursos sobre la aplicación de la nueva Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica el régimen de control urbanístico de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001, de 17 de julio: LSM). Ya en la primera edición del curso, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, han surgido varias cuestiones controvertidas sobre el nuevo régimen local. Voy a dar a continuación mi opinión provisional sobre una de estas cuestiones, la referida a las comprobaciones municipales que siguen a las declaraciones responsables para la realización de obras ordinarias.

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Modificación de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ¿devolución de ingresos indebidos o devolución derivada de la normativa del tributo?

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Es por todos sabido que una de las características más relevantes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) la constituye el hecho de que se trata de un impuesto de gestión compartida entre el Catastro Inmobiliario (Administración del Estado) y los Ayuntamientos, sin perjuicio de las delegaciones de competencias que los citados organismos puedan llevar a cabo. En este marco, no es de extrañar que surjan diversos aspectos problemáticos derivados de esa dualidad de gestión.

En este caso, vamos a analizar las implicaciones de las modificaciones en la base imponible del IBI. Para ello, debemos tener en cuenta que, como dispone el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), “[l]a base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario”. Así, según los artículos 22 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor catastral se determina de forma objetiva para cada bien inmueble partiendo de los datos consignados en el Catastro Inmobiliario. Entonces, para su fijación, se tienen en cuenta, entre otros criterios, la localización del bien inmueble, las características urbanísticas de su suelo, el coste de ejecución material de las construcciones o el valor de mercado. Una vez fijado y notificado el valor catastral, los Ayuntamientos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77.1 del TRLRHL, emiten las correspondientes liquidaciones del IBI, en las que consignan como base imponible del impuesto el valor catastral vigente a fecha de su devengo, esto es, a 1 de enero (artículo 75 del TRLRHL).

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La contratación de las entidades locales durante el primer estado de alarma

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El pasado 14 de marzo de 2020, se decretó en España un periodo de estado de alarma como consecuencia de la propagación del SARS Covid-19. Las Administraciones Públicas de los distintos niveles territoriales se enfrentaron entonces al reto de aprovisionar y satisfacer las necesidades emergentes de los ciudadanos y el sector productivo. A partir de la información publicada por OIRESCON sobre la contratación pública durante el primer estado de alarma, en esta entrada analizaremos algunos aspectos de la contratación de las entidades locales entre marzo y junio de 2020 para paliar los efectos de la pandemia. Los datos deben tomarse con la cautela necesaria, en la medida en que solo pueden apoyarse en la información publicada, sin que sea posible determinar el alcance de los contratos celebrados que no se hayan dado a conocer cumpliendo con las normas de transparencia.

A lo largo del periodo señalado, se dio cuenta de la celebración de un total de 1.544 contratos en el nivel local. Los municipios llevaron el peso de la contratación a través de la junta de gobierno o del propio alcalde. Así, a través de los datos recogidos, los municipios celebraron el 73,2% de los contratos efectuados en España por las entidades de derecho local mientras que los órganos de contratación provinciales adjudicaron el 26,8% restante.

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Atenuación del control urbanístico de los municipios madrileños sobre las obras estatales o autonómicas

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Fotografía grúas

La nueva Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, que reforma la vigente Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSM), ha modificado profundamente el control municipal sobre las obras y demás actuaciones urbanísticas. En general, la reforma ha atenuado los controles municipales. Por ejemplo, sometiendo una buena parte de las obras a simple declaración responsable, en lugar de a previa licencia de obras. Otra de las reformas, a la que me refiero ahora, rebaja muy intensamente el ya de por sí muy atenuado control municipal sobre las obras supramunicipales (el regulado en el hasta hoy vigente art. 161 LSM).

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Ejecución presupuestaria de ayudas europeas: es también cuestión de gestión local

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Noria

Los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo, también llamado Next Generation EU, junto con los procedentes del Marco Financiero Plurianual para el periodo presupuestario 2021-2027, van a permitir a España abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los próximos años, que tendrán que ejecutarse en dicho periodo. Y están suscitando interesantes debates en torno a las finalidades para las que deben ser asignados, y los mecanismos que deben utilizarse para su gestión. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incorporarán ya un montante muy importante con cargo a las transferencias previstas del presupuesto UE a través de los nuevos instrumentos de financiación y, en particular, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Facility) y REACT-EU.

Pero una cosa son los fondos que vayamos a poder disponer, otra es que se pueda autorizar o aprobar el gasto, y otra es que luego se ejecuten los presupuestos y al ritmo a que se ejecuten. No puede olvidarse que España viene siendo el país de la Unión Europea que menos porcentaje del presupuesto comunitario viene gastando; ejecutamos muy lentamente.

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Licencias y declaraciones responsables urbanísticas en la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

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Fotografía grúas

En los últimos años, y de la mano de los condicionantes normativos impuestos desde el Derecho de la Unión Europea para garantizar el mercado interior y la libre circulación de servicios, el Derecho español ha abordado una estructural y radical transformación del modelo de intervención administrativa de la actividad privada, en un intento de eliminar o reducir la intensidad de los mecanismos de control administrativo previo al ejercicio de ciertas actividades de los particulares.

De esta forma, la búsqueda de la simplificación administrativa ha alcanzado a los instrumentos de intervención del suelo. Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, la licencia urbanística, como típica y tradicional técnica de control preventivo de la edificación, está siendo sustituida por otros mecanismos de control a priori más sencillos: declaración responsable o comunicación previa.

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Suspensión de las reglas fiscales a los entes locales: un giro copernicano (segunda parte)

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Fotografía de la Torre del reloj del Ayuntamiento de Madrid

Como analizamos, el art. 135.4 CE recoge la posibilidad de superar los límites al déficit y la deuda públicos de los apartados 2 y 3 del art. 135 CE “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”.

Dada la indeterminación del sujeto capacitado para superar dichos límites debemos examinar el otro apartado del precepto constitucional que regula los aspectos relacionados con los supuestos excepcionales, el art. 135.5 CE, en concreto, su letra a).

Con carácter general, el art.135.5 CE precisa una serie de elementos que tendrán que ser objeto de desarrollo por ley orgánica. Entre ellos, en la letra a), se encuentran: “a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse”.

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Suspensión de las reglas fiscales a los entes locales: un giro copernicano (primera parte)

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Fotografía de la Torre del reloj del Ayuntamiento de Madrid

El 20 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados ha apreciado por mayoría absoluta que existen las condiciones de excepcionalidad para suspender las reglas fiscales. A través de esta apreciación se da cumplimiento al mandato del art. 135.4 CE el cual establece que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

La suspensión de las reglas fiscales, tal y como ha sido articulada, permite a los entes locales hacer uso de sus remanentes, fijándose la tasa de referencia de su déficit para 2021 en el 0,1 % PIB. De este modo, finalmente, se ha dotado a las entidades locales de cierto margen de maniobra para hacer frente a la compleja situación presupuestaria derivada de la crisis del COVID-19. Más allá de la clara idoneidad de la medida en términos de política presupuestaria, la pregunta que inevitablemente surge, y que fue planteada por diferentes Diputados a lo largo del debate parlamentario, es cómo es posible, desde un punto de vista jurídico, que la flexibilización de las reglas fiscales alcance ahora también a los entes locales. La duda es mayor si tenemos en cuenta que con anterioridad el propio Gobierno había defendido lo contrario; y, es más, incluso, había diseñado un mecanismo alternativo (regulado en el Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales) para que los entes locales pudieran hacer uso de sus remanentes (tras poner a disposición de la Administración General del Estado recursos financieros por importe equivalente a los mismos).

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