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El período de exposición pública del padrón o matrícula de los tributos de cobro periódico y el dies a quo del plazo para interponer el recurso de reposición local

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        1. Introducción

En el ámbito local, los tributos más relevantes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica son tributos de cobro periódico por recibo.

Estos tributos se caracterizan porque su gestión se realiza a través de la aprobación anual de padrones o matrículas, que contienen todas las liquidaciones. Estas liquidaciones no se notifican cada ejercicio de forma individualizada a los sujetos pasivos, sino mediante edictos (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria – LGT-).

Este sistema de gestión afecta tanto al período voluntario de pago, como a la impugnación de las liquidaciones.

Respecto al plazo de pago en período voluntario, el art. 62.3 LGT establece que será el que haya establecido la norma reguladora de estos tributos, que no podrá ser inferior a dos meses, y en caso de que no se haya establecido, el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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Derechos de los concejales tránsfugas y técnica legislativa mejorable. Comentario al hilo de la STS 1401/2020

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Desde hace décadas, el fenómeno del transfuguismo en los gobiernos locales ha sido un motivo de preocupación política. Esto llevó en 1998 a los (entonces) principales partidos políticos a firmar el Acuerdo sobre el transfuguismo[1], que cuenta con adendas de los años 2000[2], 2006[3] y 2020[4]. En la actualidad, la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria forman parte de este acuerdo. Una de las consecuencias del Acuerdo de 1998 fue la modificación del art. 73.3 LBRL, precisamente para impedir que concejales tránsfugas disfrutaran de más derechos políticos y económicos después de su “traición” (término empleado por las Adendas de 2006 y 2020). En relación con ello, la STS, Sala 3ª, 1401/2020, de 26 de octubre (cas. 1178/2019) resuelve un caso interesante, pues se refiere a un caso parcialmente distinto a los ya conocidos por el TC y no exento de algunos problemas jurídicos que ponen de manifiesto la deficiente técnica legislativa de la regulación de los derechos de los concejales no adscritos.

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El reto de simplificar los procedimientos de gestión de contratos en la Administración local

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Fotografía de terrazas

Fotografía de terrazas firmada por Sofia Simou

En una entrada anterior nos referíamos al estudio que hemos concluido recientemente sobre la gestión de contratos en la Administración municipal y a sus principales ejes de análisis. Hoy ya podemos anunciar su publicación por el INAP, descargable de forma gratuita, y ahondar en uno de sus hallazgos: la percepción negativa que los gestores públicos locales de estos contratos tienen sobre la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta conclusión no solo es relevante para ayudar a entender la realidad actual de las corporaciones locales, sino que tiene enormes implicaciones a futuro, cuando haya que poner en marcha acciones movilizando recursos del Next Generation UE para afrontar la recuperación económica. Pero vayamos por partes.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) incorporó un nuevo marco jurídico de extraordinaria complejidad y extensión para aplicar a las prácticas de externalización. Baste solo recordar que en las 264 páginas que ocupa en el BOE se suceden un total de 347 artículos, a los que se añaden un listado de 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales.

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Ayuntamientos en el Plan de Recuperación

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Fotografía del laberinto de setos del Parque Juan Carlos I de Madrid

Durante el tercer estado de alarma, el declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (luego prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre), se ha puesto en marcha, en paralelo a la lucha contra los contagios, el proceso de reconstrucción de la economía con ingentes recursos financieros de la Unión Europea (aproximadamente 140.000.000 millones de euros para España). En este proceso de reconstrucción los ayuntamientos y las diputaciones provinciales van a actuar, a lo sumo, como Administraciones indirectas del Estado, más que como entidades autónomas.

Parecería que la posición de subordinación de las entidades locales a las autoridades estatales durante los estados de alarma (al amparo del art. 9.1 de Ley orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio) ha generado inercias que se proyectan más allá de la emergencia sanitaria, guiando el proceso de recuperación económica. Aunque el actual proceso de reconstrucción es diferente al de los planes económicos especiales de 2008 y 2009 (Fondo Estatal de Inversión Local [FEIL], aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre; y Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local [FEESL], aprobado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre), en buena medida la posición jurídica de los gobiernos locales es comparable: actúan como agentes instrumentales de la política económica del Estado

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Crónica del Seminario “Problemas actuales del derecho a la vivienda”

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Fotografía grúas

El 15 de abril de 2021, el mismo día que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional Alemán declarando inconstitucional la ley que limita el precio de los alquileres en Berlín (por razones estrictamente competenciales), se celebró el Seminario (en línea)  organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales “Problemas actuales del derecho a la vivienda”, coordinado por Miguel Beltrán de Felipe, con una notable asistencia de público y donde intervinieron algunos de los más reputados especialistas en este ámbito.

La intervención inicial del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla- La Mancha, Miguel Beltrán de Felipe, tuvo como objetivo destacar el relativo y limitado papel funcional de los juristas en este ámbito, destinado a traducir a reglas las distintas opciones políticas o económicas, aclarando que el seminario no giraba sobre la regulación de la futura Ley estatal del derecho a la vivienda. En esta ponencia introductoria se identificó como había sido concebido como un falso problema (o al menos, mal enfocado) la debilidad de la política pública de vivienda, ante la gran inversión privada en vivienda, con una gran oferta de vivienda construida, superior a la demanda real. Sólo a partir de la crisis, económica e inmobiliaria, y la realidad de los desahucios y de los problemas para hacer frente a las hipotecas contratadas, comienzan a adoptarse medidas públicas, fundamentalmente a través de las normas autonómicas que permiten la expropiación del uso de las viviendas. Hoy este problema se enfrenta a nuevos retos, como son la subida del precio de los alquileres y la figura de las viviendas turísticas. Todo ello oculta la debilidad de la política pública de vivienda: escaso parque de vivienda pública en alquiler y mínima inversión pública, erróneas o fracasadas políticas (agencia pública de alquiler, la Sareb y su ingeniería financiera… etc). Afirmó que la respuesta no puede estar en una «mirada hacia arriba», hacía la Constitución, los Estatutos de Autonomía o los Tribunales europeos. La clave, a su juicio, debe encontrarse en una «mirada hacia abajo», en las ayudas públicas, en las reglas urbanísticas que posibiliten un parque público de vivienda y su eficaz gestión. Constató, finalmente, como la realidad es que en España sobran viviendas, existiendo muchas viviendas desocupadas, a la vez que muchas personas no tienen acceso a una vivienda asequible para sus ingresos, que demandan una solución que la política pública de vivienda pueda y deba solucionar.

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El teletrabajo en la administración local: un camino por recorrer

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Calle Gran Vía con Calle Alcalá de Madrid

El teletrabajo en la administración local había dado tímidos avances en los últimos años. Sin embargo, ha sido en la empresa privada donde se había apostado más fuerte por esta forma de trabajo, aunque tampoco su implantación se hizo de forma global. Los mayores progresos se habían producido en las grandes empresas y en sectores concretos como la banca, los seguros o las telecomunicaciones.

La estructura de la Administración no había permitido hasta el momento un cambio en la forma de trabajar que sí permitía la revolución de las nuevas tecnologías. Alguna administración de manera aislada había comenzado a dar pasos en este sentido, pero con un horizonte a medio o largo plazo. Sin embargo, todo esto cambió con la pandemia provocada por la COVID-19. Las medidas impuestas para limitar la circulación de personas con el objetivo de frenar la expansión del virus obligaron a que una gran parte de los empleados públicos y de los trabajadores en general tuvieran que prestar sus servicios a distancia sin acudir de manera presencial a su puesto de trabajo. Se evidenció muy pronto que era necesaria una mayor regulación de un fenómeno que se ha producido de manera brusca, pero a la vez se ha convertido en una forma de trabajar que se irá consolidando incluso cuando se recupere la normalidad.

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Contratos “open-house”

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Madrid

Desde el mes de marzo de 2020 se han multiplicado en TED (tender electronic daily del Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE) los anuncios de contratos o procedimientos “open-house” de poderes adjudicadores alemanes con el fin de adquirir productos farmacéuticos en el marco de la pandemia de la COVID-19. Conforme a esta fórmula, todos los operadores económicos que cumplen los requisitos fijados por el poder adjudicador celebran un contrato idéntico para el suministro de ciertos productos; posteriormente, el médico, el farmacéutico o el paciente eligen el medicamento del proveedor que prefieran. El ente contratante no elige a un operador jurídico frente a otro; tampoco puede limitar el número de participantes. Realiza una offerta ad incertas personas a diferencia de la invitatio ad offerendum que tiene lugar en la licitación de un contrato público. Por su parte, los proveedores interesados no presentan ninguna oferta, solo demuestran que están en condiciones de satisfacer la necesidad anunciada. A pesar de que estos procedimientos o contratos se pueden dar a conocer por la vía ordinaria de publicación de los contratos públicos y de que, en ocasiones, se pueden confundir con la contratación de emergencia, representan una forma distinta de adquirir bienes y servicios en el mercado que no exige la tramitación de una licitación previa.

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¿Sigue habiendo licencias por silencio positivo en la Comunidad de Madrid, tras la Ley 1/2020?

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Fotografía grúas

Conforme a la nueva Ley madrileña 1/2013, de 8 de octubre, que modifica la Ley madrileña 9/2001, del Suelo (LSM), aún siguen siendo preceptivas las licencias municipales para todas las obras o actuaciones urbanísticas enunciadas en el art. 152 LSM. A falta de respuesta expresa del ayuntamiento, el Derecho urbanístico tradicionalmente ha previsto la obtención de la licencia solicitada por silencio positivo.Esta es la opción más conforme con el art. 24.1 LPAC, que establece como regla general el silencio positivo, frente al negativo. Sin embargo, hoy el silencio positivo se puede considerar residual. El art. 154.7 LSM, en su redacción vigente desde octubre de 2020, se refiere sólo al silencio negativo, por transcurso de tres meses desde la solicitud de licencia sin notificación de la resolución expresa.

Esta regulación del silencio negativo en la LSM se hace de una forma peculiar, que es fuente de dificultades interpretativas. Pues en lugar de establecer por sí y expresamente los supuestos de silencio negativo, el art. 154.7 LSM se remite a “los términos establecidos en la legislación básica estatal”, lo que obliga a consultar los supuestos de silencio negativo del art. 11.4 TRLS 2015. Y lo cierto es que no todas las licencias preceptivas conforme al art. 152 LSM está incluidas en el listado de silencio negativo del art. 11.4 TRLS. Con lo que hay que aceptar que puede haber en la Comunidad de Madrid, aún hoy, algunas licencias urbanísticas preceptivas con silencio positivo. Es claro, sin duda, que para las obras más importantes (nuevos edificios) rige el silencio negativo (pues tales obras están claramente incluidas en el listado del art. 11.4 TRLS). Pero para otras obras también sometidas a licencia previa (conforme al art. 154.7 LSM) puede haber más dudas, al no estar claramente mencionadas en el art. 11.4 TRLS.

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Los ayuntamientos ante la COVID-19: una revolución organizativa

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Hace exactamente un año los ciudadanos nos encerrábamos en nuestros domicilios para frenar la curva de contagios COVID-19. Solo trabajadores esenciales y unas pocas actividades más mantenían su día a día regular. El resto transitamos a modo online en el desarrollo de nuestras responsabilidades laborales, tratando de acostumbrarnos en unos pocos días a profundos cambios. Esta transición nos enfrentó a todos a innumerables retos, pero los desafíos que tuvieron que afrontar los gobiernos y administraciones locales ante la llegada pandemia fueron formidables. Por un lado tuvieron que idear la forma de seguir prestando servicios en remoto, por otro tuvieron que salir a combatir la emergencia social en la medida de sus posibilidades. Una administración que por definición presta sus servicios en la proximidad y la cercanía se vio obligada a reinventarse. De ello hemos querido dar cuenta en nuestro Informe anual IDL-UAM sobre políticas públicas, este año dedicado, como no podía ser otra forma, a Los Ayuntamientos ante la COVID-19.

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¿Cómo está funcionado la Ley de Contratos del Sector Público a nivel local? Los gestores de contratos de servicios públicos nos lo cuentan

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Fuente: https://pixabay.com/es/photos/tablero-tiza-negocios-4862180/

En esta entrada tratamos de dar respuesta a esta pregunta a partir de los hallazgos de una reciente investigación[1], cuyos resultados se recogerán en el libro “La externalización de servicios públicos a nivel local. Experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos” (Reynaers et al., 2021), que el Instituto Nacional de Administración Pública publica a finales de este mes. El análisis pone el foco en los factores institucionales, organizacionales e individuales que influyen en la gestión de los contratos de servicios externalizados. Aspectos como el diseño del contrato y los pliegos, el seguimiento y la corrección del desempeño en caso de incumplimiento son analizados a partir del relato de los propios gestores de contratos en el ámbito local.

Como se recordará, el 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponían a nuestro ordenamiento las Directivas Comunitarias sobre adjudicación de contratos de concesión y contratación pública. Lo hacía con casi dos años de retraso y después de que España fuera sancionada por la Unión Europea. Sus dos objetivos principales eran, en primer lugar, conseguir una mayor transparencia en la contratación pública y, segundo, lograr una mejor relación calidad-precio. De este modo se pretendía acabar con las prácticas de corrupción y fraude, además de sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos. Todo ello debía conseguirse mediante una simplificación de los procedimientos de contratación, que redundaría, además, en una mayor calidad de la contratación y satisfacción de los usuarios con los servicios.

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