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¿Es posible el reconocimiento unilateral de la condición de indefinido no fijo por parte de la Administración?

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La figura del indefinido no fijo es probablemente uno de lo vínculos jurídicos entre empleador y trabajador que mayores incertidumbres plantea en la actualidad. El objetivo inicial de esta relación peculiar entre Administración y trabajador es notorio. Trata de conciliar el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo –que impone la relación laboral indefinida ante irregularidades e incumplimientos del empleador– y los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso al empleo público en la Administración. Así, cuando el empleador incumplidor es la Administración, ante la imposibilidad de declarar la relación como fija, se impone la indefinición del trabajador. Es decir, este permanecerá en su puesto hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortización definitiva.

A pesar de que, en un inicio, el reconocimiento del indefinido no fijo estaba reservado a los supuestos de irregularidad en la contratación, en la actualidad corresponde dicha declaración a cualquier situación –irregular o regular– en la que las normas laborales declaren la indefinición de la relación. Ello es importante, como en seguida se apuntará, para la determinación del modo en que las Administraciones pueden o no reconocer la existencia de esta figura.

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Nuevos límites al establecimiento de tasas locales

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Como es sabido, los ayuntamientos pueden establecer tasas por (i) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y, también, por (ii) la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

Dentro de esa segunda categoría, el artículo 20.4 TRLRHL dispone que las entidades locales podrán exigir tasas “por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes”, mencionando seguidamente un total de 27 supuestos distintos que cumplen una función ejemplificativa y no constituyen un listado cerrado.

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Declaraciones municipales de soberanía y control judicial

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El Tribunal Supremo ha dictado recientemente cuatro sentencias anulando varios acuerdos de ayuntamientos catalanes que, entre otras cosas, declaraban sus respectivos municipios “territorios catalanes libres y soberanos”. Resulta interesante analizar brevemente los motivos que han llevado al TS a anular estos acuerdos y poner en relación esta argumentación con el principio de autonomía local y con la jurisprudencia preexistente sobre la materia.

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¿Qué ayuntamientos desarrollan mejores políticas de cambio climático?

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Fotografía de la ciudad de MadridVolvemos a interesarnos en este blog por la respuesta municipal al fenómeno del cambio climático; muestra quizás de que se está conformando como uno de los grandes problemas colectivos que afrontamos en la actualidad. Por si no estábamos del todo convencidos, las olas de calor del verano o los trágicos efectos de la gota fría de septiembre han dado otra vuelta de tuerca en la concienciación ciudadana. La reciente publicación del Real Instituto Elcano “Los Españoles ante el cambio climático” informa de que lo percibimos como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, muy por encima de los conflictos armados, las crisis económicas o el terrorismo internacional.

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El TS cambia (otra vez) su criterio sobre la potestad tarifaria

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Veleta de un tejadoA finales de junio se dictó la STS 909/2019, en la que el Tribunal Supremo revisó de forma explícita su doctrina acerca de la denominada potestad tarifaria.

El recurso de casación lo formuló una empresa concesionaria de la gestión del servicio insular de transferencia y tratamiento de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Muro, a la que, en vez de abonarle las facturas correspondientes, se le compensó de oficio la deuda con otras deudas que el Consell Insular de Mallorca mantenía con el propio Ayuntamiento.

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La reestructuración del sector público a partir de la normativa de contratación pública y de disciplina presupuestaria

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Primer Premio del CEF 2019 / Derecho Constitucional y Administrativo

Silvia Díez Sastre y Ester Marco Peñas
Instituto de Derecho Local

Las normas relativas a la organización del sector público, la gestión de servicios públicos y el control del gasto público han experimentado un profundo proceso de europeización, que se ha intensificado con ocasión de la crisis económica. La libertad de los Estados miembros en la configuración y utilización de sus entidades instrumentales y en la selección de las formas de gestión de sus servicios se ha recortado progresivamente de la mano de dos sectores de regulación europea: por un lado, la contratación pública y, por otro lado, la disciplina presupuestaria. Ninguna de estas regulaciones establece mandatos específicos relativos a la auto-organización del sector público; es más, expresamente prevén la libertad de los Estados miembros para elegir el modo en que prestar sus servicios y ejercer sus competencias -sirva de ejemplo, el considerando 5 Directiva 2014/24/UE-. Sin embargo, su impacto en la conducta de las Administraciones territoriales es innegable. De forma indirecta crean incentivos dirigidos a reestructurar y, llegado el caso, reducir el número de entidades instrumentales. Asimismo, crean estímulos para acudir al mercado, en lugar de utilizar los propios medios, para satisfacer las necesidades públicas. La falta de un título competencial europeo en materia de organización administrativa y de gestión de servicios de los Estados miembros se suple, de este modo, a través del ejercicio de competencias relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior y de la economía.

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El surgimiento tímido del denominado Derecho local del cambio climático: competencias, fundamentos y límites

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El cambio climático es, indudablemente, uno de los mayores retosy problemas colectivosde naturaleza glocal que afronta la sociedad moderna en la era tecnológica. Las cuestiones que versan tanto sobre su aceleración -que ya con certeza científica se considera humanamente inducida- como sus impactos se han elevado a objeto de tratamiento diario por los medios de comunicación y, en algunos casos, a objetivos prioritarios de las agendas políticasde los distintos niveles de gobierno (internacional, europeo, estatal, autonómico y local). La creciente trascendencia de esta problemática se exterioriza de diversas formas con la finalidad, entre otras, de activar y consolidar la conciencia social y política en la materia. Basta con hacer referencia a algunas de ellas: huelgas de estudiantes, manifestaciones cívicas, movilizaciones constantes de organizaciones no gubernamentales, elaboración de documentales y obras de arte, paneles publicitarios, conversaciones cotidianas, talleres y cursos, programas de formación, proyectos de investigación, acuerdos internacionales.

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El TC avala (con un criterio cuestionable) las nuevas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario

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A comienzos de junio se publicó la STC 63/2019, en la que se desestimó –con una celeridad poco habitual– el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados contra determinados preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que califican como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (PPCPNT) a las contraprestaciones exigidas por servicios públicos prestados de manera indirecta o de forma directa a través de personificación privada. El fallo, como se verá, es claro y su argumentación, como trataré de justificar, cuestionable.

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El nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el ámbito local

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El 22 de julio de 2016 entró en vigor la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Esta modificación de la LJCA supuso también un cambio en el régimen del recurso de casación, pues desapareció este recurso para la modificación de doctrina, así como en interés de la ley, dando lugar al nacimiento del actual recurso de casación.

Anteriormente, la mayoría de los asuntos que entraban en la casación no trataban la materia local, pues sus importes no alcanzaban la cuantía casacional. En pocas ocasiones llegaban asuntos de interés o ámbito local al Tribunal Supremo y, cuando lo hacían, eran mediante el recurso de casación en interés de la ley, tras numerosas discusiones doctrinales y resoluciones contradictorias. Pues bien, esta situación parece haber cambiado a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva casación. A continuación, se muestran los resultados del análisis de los recursos de casación admitidos a trámite en el pasado año (2018) que están relacionados con el ámbito local. Se trata de identificar algunas pautas o patrones comunes en estos recursos.

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¿Vinculan a las Administraciones autonómicas y locales las respuestas a las consultas que emite la Dirección General de Tributos?

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Desde hace años existen notables dudas acerca de la extensión de los efectos vinculantes de las consultas a otras Administraciones diferentes de la que emitió la contestación. En particular, la cuestión se ha centrado habitualmente en el alcance que haya de darse a las contestaciones evacuadas por la Dirección General de Tributos. Esto es, ¿están obligadas las Administraciones tributarias autonómicas y locales a seguir el criterio expresado por el citado órgano?

A mi juicio la respuesta es claramente negativa, si bien no puede obviarse la existencia de algunas opiniones doctrinales abiertamente contrarias a esta conclusión, así como un acatamiento en los hechos, difícilmente cuantificable pero perceptible en la práctica, del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. De hecho, este centro directivo ha manifestado expresamente que sí han de vincular sus contestaciones a las entidades locales (contestación de 27 de julio de 2018, V2258-18). Así pues, cumple argumentar suficientemente mi postura, tal y como haré a continuación.

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