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El TS excluye las cuotas con destinos específicos de la tasa del 1,5% a las distribuidoras eléctricas

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Fachada del Tribunal Supremo

La reforma del recurso de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa, operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que entró en vigor el 22 de julio de 2016, ha permitido que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre la interpretación de determinados preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), que muy difícilmente tenían acceso a la casación con el sistema anterior.

Muestra de ello es la reciente STS de 16 de diciembre de 2020 (ES:TS:2020:4370), en la que se analiza la particular fórmula de cuantificación de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público local (comúnmente conocida como “tasa del 1,5%”).

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La Inspección Tributaria Local también existe

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Si puede afirmarse que la tributación local es la “gran olvidada” en el panorama nacional, en relación con sus teóricamente homólogas estatal y autonómica, la inspección tributaria local bien podría calificarse en muchas ocasiones como la “gran abandonada” por los poderes públicos. ¿Alguien concibe que el Estado o las Comunidades Autónomas renunciasen a ejercer la inspección de sus tributos o que contratasen con una empresa privada para el desarrollo de sus funciones a cambio de suculentos beneficios?

El Tribunal Constitucional, en conocidas sentencias, a título de ejemplo, la 110/84, de 26 de noviembre y 76//90, de 26 de abril, ya señalaba que resulta necesaria una  actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz, porque, en definitiva, su ejercicio no es una opción para el legislador y la Administración, sino “una exigencia inherente a un sistema tributario justo”, convirtiéndose la lucha contra el fraude fiscal en “un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria”.

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La autonomía municipal en Alemania: especial referencia al servicio honorario

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En esta entrada se da breve cuenta de algunos aspectos del Derecho municipal alemán. Como es sabido, en Alemania cada uno de los 16 estados federados (Länder) cuenta con un régimen municipal propio, por lo que sólo se harán referencias normativas para ilustrar algunos ejemplos. Algunas de las cuestiones que aquí se tratan no serán ajenas al lector español, que observará ciertas similitudes, y no sólo diferencias, entre los ordenamientos español y alemán. Esta contribución presta especial atención a la autonomía municipal y a la figura de servicio honorario en los municipios alemanes.

1. La estructura territorial alemana se compone de la federación (Bund) y los estados federados (Länder). Al contrario de lo que sucede en España, el municipio (o las entidades locales) no suponen un tercer nivel en la estructura territorial del Estado, sino que forman parte de los Länder. Tanto en el nivel federal como en el de cada Land se distingue entre Administración mediata e inmediata. En la Administración inmediata son los propios órganos administrativos los que asumen las tareas (por ejemplo, los ministerios). A la Administración mediata pertenecen básicamente las corporaciones, los organismos autónomos y las fundaciones públicas, que son entidades que también asumen la tarea de administrar en nombre propio.

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La acción socio-sanitaria concertada (de la Comunidad Valenciana) ante el TJUE

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Fotografía de la ciudad de MadridComo a estas alturas ya es bien conocido (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018), tanto el Derecho de la Unión Europea como el Derecho español (LCSP) reconocen las singularidades de los contratos de servicios a las personas, así como de las asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro que actúan en este ámbito. Y, a partir de este dato, acepta la construcción de un régimen peculiar de contratación en este ámbito. Pero, para configurarlo, el legislador español (al igual que hizo la Directiva) ha optado no por establecer una regulación específica y diferenciada, sino que, simplemente, establece ciertas peculiaridades a lo largo del articulado de la vigente Ley de Contratos del Sector Público. A partir de estas determinaciones normativas, el Informe 52/18 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (ver blog IDL-UAM de febrero de 2020) concluye que no existe ninguna obligación legal de acudir a un contrato público para gestionar este tipo de servicios, siendo posible utilizar otro tipo de fórmulas (se entiende que se refiere a fórmulas no contractuales) como, por ejemplo, las enumeradas sin ánimo de ser exhaustivo en el artículo 11.6 de la Ley, siempre que se cumplan los requisitos que este precepto prevé.

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El TJUE refrenda la tasa del 1,5% a la telefonía fija e internet

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Tras más de dos años de espera, el TJUE se ha pronunciado, en la STJUE de 27 de enero de 2021 (C-764/18 – Orange España), acerca de la licitud de exigir la tasa del 1,5% a las empresas dedicadas a la telefonía fija e internet.

Esta petición, cursada por el Tribunal Supremo mediante auto de 12 de julio de 2018, se ha presentado en el marco de un litigio entre el Ayuntamiento de Pamplona y Orange España, S. A. U., en relación con la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por empresas explotadoras de servicios de suministros (tasa del 1,5%).

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La inspección tributaria del IAE a la luz del principio de buena administración

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Fachada del Tribunal Supremo

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto de gestión compartida, lo que supone, en síntesis, que la Administración tributaria del Estado tiene atribuida originariamente la gestión censal y la inspección del impuesto, así como la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales, y a los ayuntamientos corresponde la gestión tributaria de las cuotas municipales.

Este peculiar sistema de gestión se complica con la presencia de fórmulas de redistribución competencial, que incluso pueden resultar simultáneas: unas “descendentes”, atribuyen el ejercicio de  las competencias estatales a otras administraciones tributarias de ámbito territorial inferior (art. 91.1 y 3 TRLRHL); y otras “ascendentes”, posibilitan que los ayuntamientos puedan delegar o establecer  mecanismos de colaboración en relación con la competencia de gestión tributaria  con  entidades territoriales supramunicipales (arts. 7 y 8 TRLRHL).

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Entidades colaboradoras en el control urbanístico de las obras objeto de declaración responsable

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La Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, ha modificado profundamente el régimen de control municipal previo de las “obras ordinarias”, las que no requieren de un previo proyecto técnico de edificación (nuevo art. 152 de la Ley madrileña 9/2001, del Suelo: LSM). Para estas obras ya no es necesario contar con una previa licencia municipal de obras. Basta con la previa presentación por el promotor, en el ayuntamiento, de una declaración responsable. Luego, una vez iniciadas o terminadas las obras, el ayuntamiento tendrá que comprobar que lo declarado y/o ejecutado es conforme con la ordenación urbanística: con los planes y con las ordenanzas urbanísticas. Dice al respecto el nuevo art. 159.1 LSM que “Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras a las que se refieren las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley”. Sabemos de la existencia de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) que actúan en el municipio de Madrid. La pregunta es ahora si, como anuncia el art. 159 LSM esas ECU efectivamente van a poder participar, y en qué medida, en la comprobación de las obras objeto de declaración responsable. El criterio central para dar una respuesta es definir con quién colabora la ECU, si con el ayuntamiento o con el particular. De esta cuestión me ocupé hace ya unos años.

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Plazo para solicitar la devolución del ICIO

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Ya tenemos respuesta para la duda que planteamos en nuestra entrada del blog de 7 de noviembre de 2018  ICIO y caducidad de la licencia – IDL-UAM en relación el inicio del cómputo del plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Como comentamos en dicha entrada, en auto de 11 de julio de 2018, la sección primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo había admitido el recurso 1869/2018 presentado por el Ayuntamiento de Recas (Toledo) apreciando interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia en el hecho de que, en aquellos casos en los que las obras no llegan a ejecutarse, el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos del Impuesto debía fijarse atendiendo al mero transcurso del plazo indicado en la licencia o, si por el contrario, era necesario un acto formal de declaración de caducidad de la misma por parte del Ayuntamiento, criterio mantenido por el juzgado de instancia.

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Comprobaciones de los municipios madrileños sobre las declaraciones responsables de obras ordinarias, tras la Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre

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En el Instituto de Derecho Local, con la participación de nuestros profesores y de expertos externos, estamos organizando varios cursos sobre la aplicación de la nueva Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica el régimen de control urbanístico de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001, de 17 de julio: LSM). Ya en la primera edición del curso, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, han surgido varias cuestiones controvertidas sobre el nuevo régimen local. Voy a dar a continuación mi opinión provisional sobre una de estas cuestiones, la referida a las comprobaciones municipales que siguen a las declaraciones responsables para la realización de obras ordinarias.

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Modificación de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ¿devolución de ingresos indebidos o devolución derivada de la normativa del tributo?

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Es por todos sabido que una de las características más relevantes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) la constituye el hecho de que se trata de un impuesto de gestión compartida entre el Catastro Inmobiliario (Administración del Estado) y los Ayuntamientos, sin perjuicio de las delegaciones de competencias que los citados organismos puedan llevar a cabo. En este marco, no es de extrañar que surjan diversos aspectos problemáticos derivados de esa dualidad de gestión.

En este caso, vamos a analizar las implicaciones de las modificaciones en la base imponible del IBI. Para ello, debemos tener en cuenta que, como dispone el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), “[l]a base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario”. Así, según los artículos 22 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor catastral se determina de forma objetiva para cada bien inmueble partiendo de los datos consignados en el Catastro Inmobiliario. Entonces, para su fijación, se tienen en cuenta, entre otros criterios, la localización del bien inmueble, las características urbanísticas de su suelo, el coste de ejecución material de las construcciones o el valor de mercado. Una vez fijado y notificado el valor catastral, los Ayuntamientos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77.1 del TRLRHL, emiten las correspondientes liquidaciones del IBI, en las que consignan como base imponible del impuesto el valor catastral vigente a fecha de su devengo, esto es, a 1 de enero (artículo 75 del TRLRHL).

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