Blog

El papel (¿protagonista?) de los municipios en el otorgamiento del Ingreso Mínimo vital

By 8 junio, 2020junio 10th, 2020One Comment

El modelo competencial diseñado por la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica en materia de servicios sociales se parece más a la de una Administración indirecta de la Comunidad Autónoma gestionando competencias delegadas o encomendadas, que a la actividad desarrollada por una entidad dotada constitucionalmente de autonomía en ejercicio de competencias propias. Destacadamente en esta materia, las Comunidades Autónomas tienen un gran espacio y poder, tanto desde el punto de vista competencial y del diseño y planificación de la política social, como por el poder financiero del que disponen. De este modo, la Comunidad Autónoma se encuentra en condiciones de programar muy intensamente la actuación municipal en este ámbito.

Un nuevo ejemplo de prestación de carácter social en la que los municipios pueden desempeñar un papel de mero colaborador (esta vez, del Estado), pero sin capacidad de decisión lo tenemos en el modelo que se está configurando para el reconocimiento por parte del Estado del Ingreso Mínimo Vital (aprobada por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo). No es una medida propiamente vinculada a la crisis sanitaria de la COVID-19 pero, sin duda, la crisis social derivada de la misma le ha dado actualidad y ha hecho que entre en la agenda política para su implantación efectiva de forma inmediata y, así, ayudar a mitigar los efectos económicos derivados del coronavirus.

El Ministro de Seguridad Social, en sus declaraciones públicas de abril y mayo de 2020, apuntaba ya que esta prestación sería gestionada por el Ministerio de Seguridad Social (que también diseña los requisitos, condiciones y procedimiento de otorgamiento de esta prestación), pero contando con la información y seguimiento de los Ayuntamientos porque, por proximidad, son los que están en condiciones de ayudar (y, sobre todo, localizar) los casos de personas excluidas y vulnerables. Igualmente, indicaba que habría un “itinerario de inclusión”, para ayudar a estas personas a salir de su situación. Y aquí también tienen un papel importante los ayuntamientos: de información y seguimiento, para colaborar con la Seguridad Social. En términos parecidos, ya en las Comunidades Autónomas existe una prestación o ayuda de renta mínima, con un modelo de gestión similar, a salvo de las peculiaridades de cada una de ellas, en el que los ayuntamientos juegan un papel de colaboradores en hacer efectiva una prestación que no es propia, sino que es autonómica. Generalmente, la persona interesada debe dirigirse a Servicios Sociales de Atención Primaria de su localidad de residencia (servicios municipales), donde se les informa y asesora; posteriormente, la solicitud se presenta ante los propios servicios municipales o ante las instancias autonómicas, según la opción elegida en cada Comunidad Autónoma.

Aunque circuló un borrador del Ingreso Mínimo Vital que establecía que serían “las áreas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos” las encargadas de realizar las gestiones administrativas y evaluar los requisitos de los solicitantes, finalmente, el art. 22.1 del Real Decreto-ley 2020/20 establece que la competencia para el reconocimiento y el control de esta prestación económica de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, cuando suscriban el oportuno convenio (en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y entidades locales puedan iniciar el expediente administrativo. Igualmente, en el marco de dicho convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento (esto es, podría ser la Administración autonómica, o la local, según lo que se establezca en el convenio correspondiente).

Para el caso de que el ejercicio de estas funciones se encargue a entidades locales, el art. 22.2 Real Decreto-ley 20/2020 les exime de obtener los informes previos que establece el art. 7.4 LBRL respecto de las denominadas “competencias distintas a las propias”.

Junto a las anteriores previsiones, el Real Decreto-ley 20/2020 establece un mandato de cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión (art. 27) y estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital mediante  cooperación y colaboración con otras Administraciones públicas (incluyendo las entidades locales, por supuesto), las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción Social (art. 28). Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la prestación no contributiva de Ingreso Mínimo Vital, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la Administración de la Seguridad Social, podrán celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales (art. 29).

Sin perjuicio de estos mecanismos de colaboración, la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 20/2020, el Gobierno establece que “estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital”. Esto es a salvo de lo previsto en la Disposición adicional quinta del propio Real Decreto-ley 20/2020 que, establece un régimen especial de aplicación en los territorios forales (País Vasco y Navarra) los que, “en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales”, asumirán, en su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En definitiva, estas previsiones apuntadas en el Real Decreto-ley 20/2020 dejan muchas incertidumbres y puertas abiertas sobre el modelo de gestión del Ingreso Mínimo Vital que se va a implantar y cuál será el papel reservado a desempeñar por los ayuntamientos (con o sin intermediación o supervisión de las Comunidades Autónomas). Abel Caballero (Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP), en declaraciones del 4 de junio, demanda que los Ayuntamientos formen parte de la gestión Ingreso Mínimo Vital, con “la acción directa”, sin intermediarios, y apela a la eficacia de las entidades locales por cercanía e inmediatez, porque son las que conocen quiénes pueden ser los destinatarios y las que están capacitadas para hacer un seguimiento adecuado.

Y, según las noticias publicadas en la prensa en los últimos días, en el borrador del convenio de colaboración entre el INSS y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán los que inicien el expediente administrativo de cada solicitante. El problema para los ayuntamientos, en especial, para sus finanzas, reside en que, de momento, ni en el Real Decreto ley 20/2020, ni en el borrador de convenio se incluye una partida destinada a que los entes locales puedan reforzar y ampliar sus plantillas de servicios sociales.

La gestión de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 en España ha potenciado las tendencias recentralizadoras y, aunque aún es muy incierto el modelo de gobernanza que se va a diseñar o implantar, parece razonable pensar que vamos hacia un escenario de aún más dependencia de los entes locales de las Comunidades Autónomas y del Estado y lo previsible es que los espacios supramunicipales sean ocupados por las Comunidades Autónomas. En este contexto, es previsible que los ayuntamientos seguirán jugando un rol de entidades subordinadas y actuando como terminales de ejecución de las políticas del Estado (en la fase de estado de alarma y las primeras fases de la desescalada) o de las Comunidades Autónomas (últimas fases de la desescalada y después). Aunque, quizá, en lo relativo al Ingreso Mínimo Vital se está apuntando a la posibilidad de implantar un modelo de gestión con una relación directa Estado-municipios, sin la intermediación autonómica.

Es muy pronto para sacar conclusiones y hacer valoraciones, aunque parece razonable que a los municipios, que han estado gestionando y enfrentándose a la crisis sanitaria y social en la primera línea, también, en la salida de ella, y en el futuro, se les reconozca un papel protagonista, un rol determinante, definidor, no de mero ejecutor. Incluso, dando un paso más, ha de tomarse en cuenta la posición de los municipios no sólo en la definición de sus propios intereses, sino, también, participando en la codecisión, en la formulación de la política autonómica e, incluso, como es este caso, nacional.

Mónica Domínguez Martín

Profesora de Derecho Administrativo de la UAM

Join the discussion One Comment

Leave a Reply

*