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El Tribunal Constitucional vuelve a declarar la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal (IIVTNU) en una controvertida sentencia

Esta semana se ha hecho pública la STC de 31 de octubre de 2019, en la que se declara la inconstitucionalidad del artículo 107.4 TRLRHL “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”.

El contenido de la sentencia no puede considerarse sorprendente, porque el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) está siendo sometido a un escrutinio especialmente severo en los últimos años y, además, las SSTC 26/2017, de 16 de febrero y STC 59/2017, de 11 de mayo, ya permitía aventurar un fallo de esta naturaleza, al establecer que (i) el objeto del tributo es “la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión” (FJ 3º STC 26/2017); y que (ii) el principio de no confiscatoriedad “exige que dicho efecto no se produzca «en ningún caso», lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional” (FJ 2º STC 26/2017).

Obviamente, con esas premisas, era cuestión de tiempo que el Tribunal Constitucional considerarse inconstitucional la regulación del IIVTNU que posibilita la exigencia de una cuota superior al incremento de valor obtenido por el contribuyente. La principal incertidumbre, pues, estaba referida a la eventual limitación de efectos de la sentencia, que finalmente ha consistido en establecer que “únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de la publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme”.

En todo caso, junto a ese contenido más o menos previsible, lo que nos interesa destacar ahora son tres puntos concretos de la sentencia que nos parecen llamativos y que pueden generar nuevas controversias en los procedimientos de impugnación en curso.

En primer lugar, respecto del modo de determinar el incremento de valor del suelo (que es la principal dificultad para la ejecución de la primera declaración de inconstitucionalidad), el Tribunal Constitucional había afirmado que “la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia” (FJ 5º STC 59/2017).

Como el legislador no modificó la regulación del Impuesto, los Tribunales de Justicia se encontraron con miles de demandas que finalizaron en distintos pronunciamientos del Tribunal Supremo que tuvieron por objeto determinar el significado y alcance del fallo del TC que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLRHL, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor la singular declaración de inconstitucionalidad, en la que se declaró la inconstitucional”.

Así, para resolver el problema de litigiosidad existente, el Tribunal Supremo se vio obligado a intervenir y establecer un criterio. Y en su sentencia de 17 de julio de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:2973) estableció que “para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas”. Se trata de una solución que, efectivamente, puede ser objeto de crítica porque esa comparativa no arroja certeza sobre la existencia de incremento de valor del suelo; pero, en todo caso, es una solución razonable para resolver un problema real que exigía una solución concreta que nunca podría ser del todo satisfactoria.

Por ello sorprende que la STC de 31 de octubre, en lugar de aceptar ese criterio jurisdiccional de valoración del incremento de valor del suelo, haya considerado que para calcular el incremento de valor del suelo es oportuno tomar en consideración los tributos y gastos soportados por el contribuyente en el momento de adquisición y transmisión del bien. Así se advierte en los antecedentes de hecho de la sentencia, en los que se afirma que la contribuyente adquirió en 2003 por 66.111,33 euros y transmitió en 2017 por 70.355 euro, “obteniendo una ganancia patrimonial bruta de 4.343,67 euros. No obstante, una vez descontados los gastos y tributos soportados tanto en el momento de la adquisición como en el momento de la transmisión (769,77 euros), la ganancia real neta fue de 3.473,90 euros”.

Por tanto, pese a que el Tribunal Supremo había rechazado dar relevancia a otros costes soportados por el contribuyente en la adquisición del inmueble, el Tribunal Constitucional afirma ahora que para la determinación del incremento de valor sí deben ser computados los gastos y tributos inherentes a la adquisición y a la transmisión del inmueble. Es más: esa novedosa interpretación del TC es la que ha determinado la declaración de inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLRHL porque con la interpretación del TS la cuota no habría sido superior al incremento de valor realmente obtenido en el caso enjuiciado.

El segundo punto que nos interesa destacar es la falta de congruencia entre el fallo y su fundamentación jurídica. Porque en el fallo se declara la inconstitucionalidad “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”, pero el FJ 4º de la sentencia afirma que “en aquellos supuestos en los que la aplicación de la regla de cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica de la prohibición de confiscatoriedad”.

Es decir, parece que el fundamento jurídico extractado reconoce la inconstitucionalidad de las situaciones en que la base imponible del impuesto fuera superior al incremento de valor efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, lo que no se corresponde exactamente con el fallo de la sentencia (aunque sí con el hecho de que la declaración de inconstitucionalidad afecte solo al art. 107.4 TRLRHL).

Y, en tercer lugar, porque el fallo declara la inconstitucionalidad del artículo 107.4 TRLRHL, referido a la base imponible; pero la declaración de inconstitucionalidad se refiere exclusivamente a los casos en que la cuota supera el incremento de valor obtenido por el contribuyente, cuando lo cierto es que la cuota es el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la cuota. Consecuentemente, la causa de ese resultado considerado inconstitucional deriva de la aplicación del tipo de gravamen (art. 108 TRLRHL) a la base imponible (art. 107.4 TRLRHL), por lo que la conjunción de ambos preceptos es lo que provoca el resultado contrario al artículo 31 CE.

Por todo ello creemos que esta nueva declaración de inconstitucionalidad introduce nuevos factores de incertidumbre que, probablemente, generarán nuevos problemas en la muy controvertida aplicación de la plusvalía municipal.

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