Blog

La calificación a efectos catastrales y fiscales del suelo urbanizable sectorizado no ordenado como rústico: Comentario de la STS de 30 de mayo de 2014

By 25 julio, 2014octubre 22nd, 20182 Comments

Mª Luisa González-Cuéllar Serrano

Universidad Carlos III de Madrid

El Tribunal Supremo ha resuelto la calificación como rústicos a efectos catastrales –y, consecuentemente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles- de los inmuebles urbanizables sectorizados sin instrumento urbanístico de desarrollo. Es decir, sólo pueden calificarse como urbano los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada.
Esta importante doctrina ha sido sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de mayo de 2014, mediante la desestimación de un recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra Sentencia del Tribunal de Justicia de Extremadura de 26 de marzo de 2013.
La disminución del valor catastral que se derivará de la aplicación de esta Resolución va a suponer una rebaja muy importante en la cuota del IBI a estos inmuebles a los que los ayuntamientos llevaban años liquidándoles este tributo local partiendo de su calificación catastral como urbanos. Junto a ello, también tendrá incidencia en otros impuestos, como el IRPF o e IIVTNU.

I. Supuesto de hecho
La Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús (en adelante, contribuyente), recibió notificación individual del valor catastral, a efectos del IBI, de un inmueble de su propiedad situado en el municipio de Badajoz. La consideración de esta finca suelo como de naturaleza urbana a efectos catastrales derivaba de su clasificación por el Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz como suelo urbanizable con condiciones, en cuanto la ordenación detallada exigía la aprobación de un Plan Parcial con planeamiento de desarrollo.

II. Procedimiento
El contribuyente interpuso recurso de reposición ante la Gerencia Regional del Catastro de Extremadura-Badajoz, contra cuyo Acuerdo desestimatorio interpuso reclamación económico-administrativa. El Tribunal económico-administrativo de Extremadura desestimó asimismo dicha reclamación con fecha de 21 de diciembre de 2010.
Posteriormente se presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el cual el contribuyente discutía la calificación catastral del suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo a efectos del IBI.
El TSJ aceptó –en Sentencia de 26 de marzo de 2013- el motivo de nulidad de la valoración al considerar que la finca era de naturaleza rústica. Esta calificación derivaba, a juicio de este órgano jurisdiccional, de la ausencia de un proceso de urbanización en relación con la citada finca al no haberse aprobado ningún instrumento de desarrollo.
El Abogado del Estado presentó ante el Tribunal Supremo recurso de casación en interés de ley, al considerar que la doctrina que sienta el TSJ de Extremadura sobre el art. 7.2 LCI es gravemente dañosa para el interés general y errónea. A juicio del Abogado del Estado, la Ley del Catastro Inmobiliario no exige, a efectos de la consideración como suelo de naturaleza urbana del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados, la aprobación de un instrumento urbanístico que determine su ordenación detallada.
El Abogado del Estado considera que la Sentencia del TSJ de Extremadura es gravemente dañosa para el interés general debido a que la generalización de su criterio pondría en cuestión la correcta aplicación de la totalidad de las ponencias de valores totales y parciales aprobadas durante el periodo 2010-2013 que incluían criterios, módulos de valoración y demás elementos precisos para la determinación del valor catastral del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos delimitados como suelo de naturaleza urbana.

III. Doctrina
El Tribunal Supremo realiza una interpretación del art. 7.2.b Ley del Catastro Inmobiliario, que entiende por suelo urbano:
“Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo”.
La ambigüedad en que se expresa este precepto ha provocado que se calificara como urbano a efectos catastrales, con las consecuencias fiscales en el IBI que ello acarrea, el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planteamiento general. Sólo se ha excluido del ámbito del art. 7.2.b LCI al suelo urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico aprobado que establezca las determinaciones para su desarrollo.
Es necesario recordar que la calificación catastral tiene efectos directos en el IBI según lo establecido en el actual art.61.3 LHL: “A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario”.
El Tribunal Supremo dictamina la necesidad de distinguir entre el suelo ordenado y no ordenado, pues sólo el primero debe ser calificado como urbano a efectos catastrales y fiscales. Es decir, según la STS de 30 de mayo de 2014 hay que diferenciar dos supuestos:
a) El suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores trámites de ordenación
b) El suelo que aunque se encuentre sectorizado, carece de aquella programación, quedando su desarrollo urbanístico pospuesto

Teniendo esto en cuenta, a efectos catastrales sólo puede ser considerado suelo de naturaleza urbana:
a) El suelo urbanizable sectorizado ordenado
b) El suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.
En consecuencia, el suelo sectorizado no ordenado debe ser calificado como rústico hasta que se produzca la aprobación del instrumento urbanístico que contenga las determinaciones para su desarrollo.
Esta interpretación deriva tanto de la necesaria influencia del derecho urbanístico en la interpretación de la regulación catastral, como del respeto que ésta debe rendir a los principios de generalidad y justicia tributaria.
Desde la perspectiva del derecho urbanístico, el Tribunal Supremo admite que no tendría sentido desconectar ambas normativas, de forma que un mismo bien tuviera dos valores radicalmente diferentes a efectos urbanístico y catastral-fiscal. Se estaría obligando al contribuyente a tributar por un valor muy superior al que se le atribuye al suelo a efectos reparcelarios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial. Hay que recordar que el art. 12.2.b Ley del Suelo dispone que ha de considerase suelo rústico: “El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización (…)”.
Resulta muy importante la referencia que realiza la Sentencia objeto de este comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y la STC 164/2001, de 11 de julio, en las que afirma que la Ley del Suelo estatal ejerce “una vinculación respecto del resto de normas que inciden, de uno u otro modo, en ciertos aspectos de la propiedad del suelo”.
Y desde el punto de vista de justicia tributaria, si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística se podría vulnerar el principio de capacidad económica, al encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al de mercado.
En conclusión, sólo pueden calificarse como urbanos a afectos del art. 72 LCI los inmuebles considerados por el Plan General como urbanizables cuando su ordenación urbanística sea inmediatamente ejecutable. Por el contrario, si el desarrollo de la ordenación detallada del suelo depende de la previa aprobación de un instrumento urbanístico, dicho suelo ha de calificarse catastralmente como rústico.

Join the discussion 2 Comments

  • Josep M. Nadal Gene dice:

    Las Gerencias Territoriales del Catastro vienen inadmitiendo sistemáticamente todos los recursos que se interponen contra el valor catastral que se sirven de los argumentos de la Sentencia 2159/2014 del pasado 30 de mayo la del Tribunal Supremo. Esta Sentencia, dictada en interés de la Ley, desestima las pretensiones del abogado del Estado, que defendía la valoración como urbanos de los terrenos rústicos incluidos en suelo delimitado por el planeamiento. Se certificaba lo obvio: el suelo urbanizable que no se haya desarrollado realmente, no puede ser considerado como urbano a efectos del IBI, poniendo así coto a la injusticia que supone pagar por un valor catastral desmesurado en terrenos de usó agrario que nunca se van a desarrollar por ser fruto de megalómanos planeamientos urbanísticos derivados de la “burbuja” .
    Ahora, agarrándose a mí entender, a un hilo de legalidad, el Catastro inadmite los recursos argumentando:
    – que según el art. 100 de la Ley 29/1998 la Sentencia no tiene efectos jurídicos sobre situaciones particulares, no produce anulación de valores, ni sienta jurisprudencia (por no ser reiterado), ni es de aplicación extensiva
    – que en consecuencia las ponencias de valores son firmes, por no haber-se impugnado en su momento y por tanto los recursos son extemporáneos

    En su momento, se armo un gran revuelo en la prensa i en los diversos foros, dando por hecho que la Sentencia obligaba a modificar los valores catastrales, cosa que por lo que se ve no va a ser fácil.

    Mi pregunta es: ¿la interpretación que hace la Gerencia del Catastro del art. 100 de la Ley es correcta?, y, ¿la inadmisión del recurso por parte de la Gerencia impide una Reclamación Economico-Adminstrativa solicitando una resolución sobre el fondo, obligando a recurrir la inadmisión i vuelta a empezar con el Catastro? o se puede seguir con la reclamación económico administrativa obviando la primera inadmisión.

    jmnadalgene@xipagricultura.com

  • Que bueno que ya se esté trabajando en el ordenamiento territorial y que exista una legislación clara para efectos catastrales y recolección de impuestos, esta labor lleva tiempo en organizarse, pero es una gran inversión para cualquier ciudad.

Leave a Reply to Desarrollo Personal Cancel Reply

*